El plan de Yolanda Díaz de integrar a sus afines en el diálogo social, roto por la Justicia
El plan de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incluir en el Mesa de Diálogo Social a sus organizaciones afines para haberse quedado en un sueño roto. Pimec, ligada al independentismo catalán, y Uatae, la asociación de autónomos cercana a Sumar, han complicado su situación judicial al oficializarse una investigación penal por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones y de falsedad documental.
El juzgado de instrucción nº 17 de Madrid ha iniciado diligencias contra estas dos asociaciones a instancias de la Fiscalía de Madrid, tras recibir información de la Dirección General de Trabajo Autónomo, que constató que ambas organizaciones habrían falseado un documento en el que se fusionaban ambas plantillas. Su intención era conseguir cobrar más de 266.000 euros de subvenciones en 2021, más del doble de lo que les correspondía, además de engrosar su peso asociativo para ganar espacio y reclamar un puesto junto a sindicatos y patronales.
La denuncia de la Fiscalía de Madrid que investiga la magistrada María José Garaizabal se dirige en concreto contra los secretarios generales de ambas organizaciones, María José Landaburu (Uatae), y Josep Ginesta (Pimec), integradas en la patronal Conpymes.
Como adelantó LA RAZÓN el pasado 10 de julio, el juez investiga si «los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos, dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», apunta la denuncia presentada por la Fiscalía.
Uatae recibió una subvención que, presuntamente, se habría concedido gracias a hechos y actuaciones irregulares, en perjuicio patrimonial tanto de la Administración Pública como las otras dos asociaciones de autónomos, ATA y UPTA.
En las bases de acceso a esta subvención se determinaba que solo podían concurrir a ella las organizaciones que cumplieran unos requisitos previos: tener carácter estatal, ser intersectorial y ser representativa, requisitos que cumplían tanto ATA, como UPTA y Uatae. Sin embargo, las irregularidades tienen que ver con la fórmula por la que se concede esta subvención, que se tramita en régimen de «concurrencia competitiva», lo que significa que el importe de esta partida asignada se distribuye entre las tres solicitantes en proporción a la valoración y puntuación que cada una obtenga. A más alta valoración mayor importe de la subvención concedida. Ese aumento de tamaño asociativo les proporcionó un importe de 266.000 euros, 133.000 euros más de lo que le correspondería –en perjuicio de ATA, que dejó de percibir 98.000 euros, y UPTA, con 35.000–.
Para poder elevar su puntuación, Uatae incluyó presuntamente como propia en su solicitud toda la plantilla de Pimec Autonóms y de Pimec Petita i Mitjana, ambas ligadas al independentismo catalán. Las bases exigían que era necesario que la entidad estuviera inscrita en el registro autonómico de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. Si Pimec es una organización empresarial –como consta en el registro autonómico–, no podía considerarse una asociación de autónomos. Por tanto, Uatae no podía computar esos trabajadores como suyos. De ahí, que la Fiscalía haya paralizado el contencioso administrativo para iniciar diligencias penales y abrir una investigación.
Pimec negó ayer a través de un comunicado haber solicitado la subvención que está siendo investigada y aseguró que no ha recibido el dinero que aparece en el proceso, y que actúa según la legalidad vigente. La patronal independentista catalana asegura que fue conocedora de la investigación a través de los medios y que abrió un expediente en el Comité Ético y que, tras efectuar una investigación interna, "acredita fehacientemente que no ha cometido ninguna irregularidad". Confirma que ni Pimec ni Pimec Autònoms "han presentado nunca ante ningún estamento o institución documentos o informaciones alteradas". La patronal incide en que está actuando para defender sus intereses y honorabilidad, "con el objetivo de reparar el mal que se ha hecho" a su reputación y a la de sus profesionales.
En este contexto, la líder de Sumar tendrá que renunciar –al menos momentáneamente– a hacer sitio en el Diálogo Social a Conpymes, la organización empresarial nacida en torno a Podemos y ahora ligada a Sumar, que fue presentada en sociedad en mayo de 2021, y en la que están integradas Uatae y Pimec. A esta última, hace apenas unos días el Ministerio de Trabajo la habilitó para participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como paso previo para integrar a Conpymes junto a CEOE y Cepyme en las mesas de negociación. Un paso adelante que la investigación abierta por la Fiscalía ha frenado en seco.