Koldo García habló con un alto cargo que participó en las adjudicaciones tras saber que estaba siendo investigado
La investigación por las mordidas en nueve contratos de material sanitario con la Administración central y dos comunidades autónomas presenta indicios de que sufrió filtraciones que pusieron en guardia al antiguo asesor del Ministerio de Transportes Koldo García y a los empresarios imputados junto a él. Según un auto dictado por el juez del caso este miércoles, el antiguo asesor de José Luis Ábalos y el empresario Juan Carlos Cueto fueron “conscientes de la existencia de una investigación policial” sobre el tercer vértice de la trama, el también empresario Víctor de Aldama.
Un pinchazo telefónico permitió a los investigadores escuchar una conversación entre Koldo García y Juan Carlos Cueto el pasado 28 de noviembre a las 20:36 horas. Es el empresario quien llama al antiguo asesor de Ábalos. Este último había salido del Gobierno hacía dos años pero seguía manteniendo “capacidad de influencia sobre personal vinculado al Ministerio y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, asegura el juez en sus resoluciones.
Ese mismo día, unas horas antes, Koldo García había hablado con quien era el secretario general de Puertos del Estado en el momento de las adjudicaciones, Álvaro Sánchez Manzanares, que continúa en el cargo en la actualidad. Sánchez Manzanares llama al antiguo asesor a las 16:42 de ese 28 de noviembre, en plena ebullición entre los presuntos implicados en la trama de las noticias sobre una investigación contra ellos. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Sánchez Manzanares sobre la conversación, pero no ha obtenido respuesta. El secretario general de Puertos del Estado no figura como investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
“El interlocutor de Aldama con puertos del Estado fue Álvaro Sánchez Manzanares, que participó en la adjudicación del contrato con número de expediente E/019/20 en calidad de secretario general de Puertos del Estado”, recoge el juez Ismael Moreno en el auto en el que este miércoles impuso medidas cautelares al empresario Cueto tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional. “Se detecta una relación personal y directa de Koldo con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación, en concreto el de Puertos del Estado y el de ADIF”, añade en otro punto el instructor.
El mayor de los nueve contratos investigados es el que adjudicó Puertos del Estado, organismo enmarcado en el Ministerio de Transportes. Se rubricó el 21 de marzo de 2020 por 20 millones de euros. Seis días después, el 27 de marzo, ADIF, la entidad pública que gestiona la explotación de las líneas ferroviarias, firmó otro por valor de 12,5 millones.
Álvaro Sánchez Manzanares es licenciado en Derecho y trabajó como profesor asociado en varios campus hasta 2010. Llegó a Puertos del Estado en 2009, cuando el socialista José Blanco era ministro de Fomento. Primero ocupó el puesto de director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica y en 2012, ya con el Gobierno de Rajoy, pasó a ser jefe de área de la Asesoría Jurídica. Antes había sido concejal socialista en el municipio madrileño de Las Rozas en la primera década de los 2000. También ha trabajado como abogado del PSOE y fue el representante legal de la gestora que tomó el control del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez el 1 de octubre de 2016.
El Ministerio de Transportes rechazó hacer comentarios sobre las conversaciones de Sánchez Manzanares que aparecen en el sumario. El pasado martes, el actual titular de este departamento, Óscar Puente, anunció una “amplísima” auditoría “específica” sobre la compra de mascarillas encargada por Puertos del Estado y ADIF a esta trama.
Los agentes de la Unidad Central Operativa seguían de cerca a los imputados y se camuflaban en su entorno. El 15 de febrero de 2023, los agentes se sentaron cerca de Koldo García y Juan Carlos Cueto en el restaurante La Chalana de Madrid. Allí les oyen hablar de la “inspección” que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sigue contra Víctor de Aldama, otro de los principales empresarios investigados. El objeto de dicha investigación de Hacienda son los contratos que han terminado con todos ellos imputados en la Audiencia Nacional.
Aunque el conocimiento de que la Guardia Civil estaba tras ellos se produce en noviembre de 2023, los investigados saben que la Agencia Tributaria está tras los empresarios antes, en el mes de febrero de hace un año. A los investigadores les llamó la atención que Koldo García se reuniera en persona, sin teléfonos de por medio, con el empresario Cueto cuando al exasesor de Ábalos no le afectaba la inspección fiscal. Las pesquisas terminaron por dar una explicación a su interés: Koldo García está acusado de haber cobrado comisiones por interceder en favor de las empresas adjudicatarias.
El empresario Víctor de Aldama, amigo de Koldo García, y quien idea el negocio de las mascarillas junto a Cueto, fue citado por la Agencia Tributaria el 18 de octubre de 2023, un mes antes de la primera constancia del chivatazo acerca de la investigación policial. El 3 de octubre, Cueto habla por teléfono con una trabajadora de las empresas de Aldama y convienen que éste debe comparecer ante Hacienda acompañado de un abogado. Pero lo que llama la atención a los investigadores de esa conversación es una afirmación concreta de Cueto: “Como vaya alguien allí y empiece a largar y rajar, tiene un problema…”.
En una conversación anterior, uno de los investigados advierte de que la Agencia Tributaria quiere citar a los “administradores y socios” de Soluciones de Gestión, la empresa instrumental que Aldama y Cueto utilizaron para facturar los contratos públicos. “Este miedo podría estar ligado a que Aldama fuera considerado un comisionista a ojos de la AEAT, deducción extraída de las conversaciones telefónicas intervenidas de Iñigo Rotaeche [supuesto testaferro de la trama y también investigado] y Cueto, quienes en varias ocasiones le han vinculado al Ministerio encargado de los contratos investigados”, añade el juez en sus autos.
Los indicios de que los imputados conocían que existía una investigación contra ellos se reproducen días antes de las detenciones. El pasado 3 de febrero, hace apenas tres semanas, Koldo habla con otro investigado, Rogelio Pujalte, quien advierte al exasesor de Ábalos de que no utilice la aplicación Telegram para comunicarse. Koldo responde que no la ha utilizado y tranquiliza a su interlocutor: “No te preocupes, lo sé todo (…) Sé que están, cómo están, cuándo están”.
Rogelio Pujalte, administrador del depósito judicial de Murcia y condecorado en 2017 por la Guardia Civil, le dice en esa conversación a Koldo: “Yo, cuando me dice de ti, pues lo primero que hago es ponerme en contacto”. De esta conversación, el juez colige que “está avisando a Koldo de que está siendo objeto de investigación”, algo que éste ya sabría.