Los promotores eólicos en Galicia tendrán que suministrar, por lo menos, el 50% de la energía que produzcan a las empresas de la Comunidad a un precio «estable y competitivo». Así lo anunció este martes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en su comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de las líneas estratégicas de su departamento en materia energética e industrial, en un mandato en el que, además, la Administración autonómica promoverá la repotenciación de los parques más antiguos, la reformulación del canon eólico o la actualización del Plan sectorial eólico de Galicia, entre otros. Todas ellas medidas alineadas con la Ley de Recursos Naturales y los objetivos de la Unión Europea, defendió, que promueve el autoabastecimiento y la descarbonización del sector entre sus países miembros. Con esta nueva medida, que implicará que los promotores eólicos tengan que firman un PPA –contratos de compraventa de energía– con empresas gallegas por, como mínimo, la mitad de su producción, se garantizará que el 50% de la energía se quede en la Comunidad. Todo ello, indicó Lorenzana, con un «doble objetivo»: «dar acceso a los PPA a pequeñas y medianas empresas que actualmente en el mercado no tenían capacidad para firmar esos contratos» y asegurar que esa energía quede «fuera de las fluctuaciones del precio del gas». Destacó, al respecto, el papel que tendrá la Comercializadora gallega a la hora de democratizar estos contratos, que, además, recordó, ofrecerá a los vecinos próximos a los parques en los que participe la sociedad público-privada Recursos de Galicia energía más barata. Esta es una de las líneas estratégicas de la política energética de la Xunta, explicó, para que Galicia alcance una «situación ventajosa en Europa» en esta «nueva era industrial». En este sentido, recordó que la Xunta actualizará el Plan sectorial eólico, de hace 20 años; estableció la obligatoriedad de repotenciar aquellos aerogeneradores que vayan a cumplir 25 años en el próximo lustro; y trabaja en la reformulación del canon eólico, que se actualizará teniendo en cuenta la altura de los aerogeneradores y no solo la cantidad. Todas ellas son medidas alineadas con los objetivos de la política europea, aseguró la conselleira, que además de centrarse en asegurar el abastecimiento energético de la UE, promueve el desarrollo de las renovables y del autosuministro de minerales críticos –de los 34 detectados, Galicia alberga 15, como el litio, el wolframio o las tierras raras–. En este sentido, explicó que en materia industrial, acorde a lo establecido en la Ley de Recursos Naturales, avanzó que antes de que finalice año la Xunta prevé convocar 60 derechos mineros entre las cuatro provincias , tras un análisis preliminar de los que estaban caducados. Se «priorizarán», indicó, los minerales estratégicos y una «minería segura», para promover un sector que representa el 8,2% de la producción minera del país con un valor superior a los 282 millones. Asimismo, en lo que al sector forestal respecta, destacó la creación de un mercado voluntario de créditos de carbono , para que tanto las empresas como los ciudadanos puedan ver compensadas sus emisiones y contribuir a la neutralidad climática financiando proyectos que persigan estos objetivos. Todo ello forma parte, incidió, de una política industrial fundamentada en trabajar con los sectores industriales para reforzar sus debilidades; fortalecer el autoabastecimiento con materias primas autóctonas y el cierre de los ciclos productivos en Galicia; acelerar las tramitaciones administrativas de los proyectos estratégicos para la Comunidad; y poner a disposición de posibles interesados, de forma rápida, suelo empresarial para el asentamiento de nuevas industrias. Una comparecencia que los nacionalistas definieron como «otro anuncio para la galería», denunciando «seis años de políticas ineficientes que relegan a la industria gallega a ser espectadora», tal y como criticó el diputado Brais Ruanova en declaraciones recogidas por Ep. En la misma línea fueron las críticas de los socialistas, que acusaron a la Xunta de estar actuando «con prisas, sin estrategia y sin rumbo fijo». Una «improvisación» en la que el grupo, aseveró la diputada Patricia Iglesias, enmarca la «privatización de los recursos naturales».
