La gerente sanitaria andaluza adjudicó de emergencia la seguridad de su hospital pese a las limitaciones de la propia Junta

El PSOE de Andalucía sigue trabajando en tratar de quebrar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, antes de las elecciones autonómicas de 2026 y acaba de hacer llegar al juzgado nueva documentación con la que seguir trazando una hoja de ruta dirigida a destapar otro caso ERE. Mientras el Supremo acaba de hacer pública una importante sentencia que absuelve a dos ex altos cargos socialistas tras los fallos del Tribunal Constitucional que desinflaron la macrocausa, y que podría desinflar a partir de ahora las decenas de piezas que faltan por juzgarse a tenor de la resolución del Supremo, el partido liderado por Juan Espadas apunta en sede judicial a la “responsabilidad” del Consejo de Gobierno (“las más altas instancias de la Junta de Andalucía habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS”), aportando ejemplos que, a su juicio, sostienen la acusación.

Y es que, según ha podido saber este periódico, tras la recepción de determinados documentos fruto de los primeros oficios librados por el juzgado, el PSOE ha formulado la segunda ampliación de la querella ante lo que considera “nuevos hechos presuntamente delictivos, conexos e inescindibles de los contenidos” en su escrito de denuncia inicial, posterior querella y primera ampliación acerca de la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios desde los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “El modus operandi defraudatorio que en principio se circunscribía a la contratación de emergencia de servicios sanitarios desde los Servicios Centrales, se extendió como una mancha sobre la totalidad del territorio andaluz y en todo el área de contratación de emergencia del SAS”, señala el PSOE en su último escrito dirigido al juzgado.

Cabe recordar que el Gobierno de Juan Manuel Moreno está investigado por un juez y la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia que el SAS adjudicó a dedo a clínicas privadas entre 2020 y 2024. El nuevo escrito alude a los informes de la Intervención Central del SAS y de sus ocho auditores provinciales son los que destapan las irregularidades en la contratación de emergencia en 2021, 2022 y 2023. Los interventores, como ha venido informando este medio, censuraron el “abuso” de la adjudicación a dedo “cuando la pandemia ya estaba muy atemperada” y denunciaban que carecían de anclaje legal, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

También debe recordarse que la gestión de los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas había quedado por entonces en manos de quien entonces era director gerente del órgano de contratación, Miguel Ángel Guzmán, hoy imputado por el juez en la causa que investiga un supuesto delito de prevaricación, junto a sus dos sucesores, Diego Vargas, y la actual gerente del SAS, Valle García. Los tres han sido citados en el juzgado de instrucción número 13 para conocer sus derechos y tendrán que declarar próximamente.

Situaciones de carácter “excepcional y residual”

Precisamente el PSOE incluye en su nuevo escrito un expediente concreto en el que Valle García resuelve en última instancia un contrato en la época en la que fue directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, cargo que ocupó desde junio de 2017 hasta que en 2023 fue nombrada directora gerente del SAS. Esa resolución, de enero de 2022, adjudica por la tramitación de emergencia la contratación –por 60.000 euros – de una empresa de seguridad, un contrato “derivado de las actuaciones de emergencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 en la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba”.

La contratación del servicio de información y control de accesos para el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se realizaría, según aquella resolución firmada por García, en horario de mañana, tarde y noche de lunes a domingo, comenzando el 1 de febrero de 2022 y con una duración estimada hasta el 28 de febrero de 2022.

Es de recordar que la Consejería de Hacienda en mayo de 2021 exigió al SAS y al resto de consejerías que limitase esos contratos de emergencia a situaciones de carácter “excepcional y residual”. Los socialistas encontraron en el Perfil del Contratante de la Junta la firma de la actual gerente en las nueve modificaciones contractuales del expediente de emergencia que se investiga y se las remitieron al magistrado en una ampliación de la querella que, solo 24 horas después, se tradujo en la imputación de García. Ahora, aluden a una de sus actuaciones como gerente del Hospital Reina Sofía.

“Es una constatación de que la Sra. García Sánchez y el SAS en pleno extendieron la práctica administrativa corrupta de contratar por emergencia, sin causa ni justificación, mucho más allá y después de la advertencia expresa de prohibición de tal contratación de emergencia que el director general de Contratación había realizado ya en el mes de junio de 2021”, zanja el escrito, que sugiere “la imperiosa necesidad de investigar los hechos hasta sus últimas consecuencias, pues ya existen poderosos indicios tanto de su ínsita criminalidad como del obvio conocimiento y aquiescencia o tolerancia de los mismos por parte de las más altas instancias de la Junta de Andalucía”.

La Intervención ya había remitido un informe previo a la Junta asegurando que la crisis del coronavirus “ya estaba muy atemperada” en 2021. Y que, al menos en términos de contratación pública, la pandemia ya era un fenómeno “más previsible” que obligaba a la Administración andaluza a volver a la contratación ordinaria, en abierto, con publicidad, concurrencia competitiva y fiscalización previa. A esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

Pese a dicho ejemplo, la acusación no pretende que la investigación “por el momento” trascienda más allá de los directores gerentes del SAS, pero, según el PSOE, busca “sino evidenciar la absoluta necesidad de investigar en profundidad los hechos también como modo de constatar que, como parece lo único plausible, una política de corrupción administrativa continuada y con el resultado de aplicación ilícita de fondos públicos por importe de cientos de millones de euros, no pudo tener lugar –y consolidarse en el tiempo y en el territorio– solamente por razón y bajo designio y conocimiento exclusivo de los directores gerentes del SAS”.

El “salto” en la investigación

También debe recordarse que, en los informes definitivos de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia relativos a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, adelantados por este periódico, la Intervención Central del SAS censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque desde mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

A esos informes alude el PSOE ahora para apuntar un “salto de la investigación formal a más altas instancias” aunque la autoría de nuevas conductas recaería en exclusiva sobre los respectivos directores provinciales de los centros provinciales de gasto. “La realidad es que la competencia última en cuanto a autorización, decisión y/o tolerancia del mantenimiento del sistema presuntamente abusivo y corrupto, correspondía de manera jerárquica y funcional a los respectivos directores gerentes del SAS, y conforme avance la investigación, cabe en buena lógica colegir que la responsabilidad de semejante transgresión criminal –atinente a un volumen e importe cien millonario de contratos públicos, extendido en el tiempo y al ámbito de las ocho provincias– indefectiblemente escalará al ámbito del Consejero de Salud y del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”, augura la ampliación segunda de la querella.

“Ese salto de la investigación formal a más altas instancias, de producirse, tendrá que venir de la mano de una clara consolidación de indicios –empero de bastante solidez y que a nuestro criterio, que quiere ser prudente, verdaderamente ya podrían entenderse concurrentes–, a la luz de cuanto progresivamente vaya revelando la investigación [muy singularmente la declaración de los investigados]”, argumenta el escrito.

La resolución de Córdoba “no es más que un botón de muestra de los cientos de expedientes que los distintos interventores analizaron, en este caso, en la provincia de Córdoba, pero concluyendo idénticamente en todos ellos haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Con todo, la actual directora gerente del SAS “debe pasar necesariamente a ser investigada también por los actos presuntamente delictivos cometidos”, desgranando “el detalle literal de algunos de los muchos reproches de ilegalidad manifiesta que, en concreto, a ella como directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba, le achaca la Intervención”.

Al margen de ese expediente, el escrito de ampliación de la querella argumenta que el Consejo de Gobierno “conociendo o debiendo conocer que desde el 18 de junio de 2021 no había causa COVID para contratar de emergencia tuvo expresa constancia de que con posterioridad a esa fecha la contratación presuntamente ilegal se continuaba produciendo en el seno del SAS: en masa y por importes millonarios”.

Abunda en ello diciendo que el Consejo de Gobierno “no actuó, sino que consintió o toleró, y no frenó la práctica que, hoy, se revela como patentemente infractora del orden penal”, aportando cuatro acuerdos del propio Consejo de Gobierno fechados en noviembre de 2021, febrero de 2022, marzo de 2022 y mayo de 2022 por valor de más de 31 millones de euros en total para, entre otras cosas, obras de reforma de un hospital y compra de equipamiento, suministros de test de antígenos y obras en centros sanitarios de Granada.

Es “una pequeñísima muestra de lo que debe haber realmente acontecido”. “Deben ser muchos más los casos en que tuvo lugar esa dinámica de elevación de información y expresa toma de conocimiento por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con la indebida contratación de emergencia”, añade el PSOE, que detalla que ha tenido conocimiento de que distintos expedientes de contratación de emergencia firmados por los centros de gastos del SAS fueron elevados para su conocimiento al Consejo de Gobierno. Eso “patentemente acredita que las más altas instancias de la Junta de Andalucía habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS”.

“Hemos conocido que, aunque ya desde junio de 2021 todas las instancias de la Junta de Andalucía conocían que no podía contratarse por emergencia, y así lo advirtió la Dirección General de Contratación y posteriormente la Intervención, los centros de gasto del SAS continuaron con la práctica presuntamente corrupta en todos los Hospitales y centros de gastos del SAS”, insiste el escrito, que concluye que “el propio Consejo de Gobierno tuvo necesariamente que advertir que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS”.