Negocios, deportes y exenciones tributarias
En este mundo a la gente se le mide por sus haberes y la experiencia indica que el poder se adquiere con el buen manejo de la información privilegiada en materias productivas, económicas y financieras y para ello es indispensable contar con buenos conocimientos adquiridos en prestigiosas universidades, contando asimismo con padrinos que los apuntalen en sus desarrollos profesionales, aunque sí, como todo en la vida, hay excepciones.
En los influyentes medios de prensa que controlan esos prohombres hablan pomposamente y de manera atildada, sobre la probidad, transparencia y apego irrestricto a las leyes y muchos ingenuos les dan crédito. Allí, conminan al gobierno, para que rebaje el impuesto corporativo del actual 27% al 23% y otros más descarados alegan que tal impuesto debe ser el 20%. Asimismo se embaucan entre ellos mismos, como ha quedado demostrado en distintos casos y como el neoliberalismo en boga se acrecentará, vislumbramos que los fondos de inversión concentrarán aún más la riqueza.
No podemos perder de vista que el destacado dramaturgo y poeta francés ya había dicho que “detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido”, lo que 2 siglos antes, el conocido Lope de Vega, había escrito de otra manera : “que la sombra de un hombre poderoso, claro en linaje, mil delitos cubre”. Por lo tanto, en este mundo en general los que llegan arriba son los que se saltan las reglas y por ello los mandamases de todas las asociaciones gremiales empresariales se opusieron en el Tribunal Constitucional a la Ley N° 21.595 que sanciona los delitos económicos y ambientales, con buena suerte para el país, pues esa ley está vigente. En todo caso dejamos en claro que el sistema de mercado no es malo per se, declarando que sí funciona cuando todos los intervinientes, públicos y privados, respetan las leyes.
Pues bien, recientemente falleció a los 94 años de edad el doctor René Orozco, quien fue un emblemático presidente del club de fútbol de la Universidad de Chile. Fue un ejemplo como dirigente deportivo y como tal puso a la “U” en el lugar que le correspondía, ganando unos cuantos títulos, devolviéndole el prestigio al club que tanto amaba.
Fue un hombre directo cuando tenía que emitir opiniones y por ello muchos adversarios lo consideraban polémico y/o conflictivo, sobre todo aquellos que promovían que los clubes fueran sociedades anónimas, ya que él siempre se opuso a ello argumentando certeramente que los grupos económicos se iban a adueñar de los clubes de fútbol que generan las mayores ganancias. A la luz de lo que se observa, constatamos que tenía toda la razón.
Ligado a lo anterior, hemos sabido que el Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, localizado en la comuna de Las Condes, está siendo remodelado con una significativa inversión de una empresa mexicana de telecomunicaciones y que ahora esa instalación, sustantivamente mejorada, pasará a llamarse Claro Arena, por imposición de esa empresa, en donde se realizarán todo tipo de actividades que generen ganancias.
Dicho estadio, por considerarse un equipamiento deportivo en el artículo 4.8.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) está exento del pago de contribuciones de bienes raíces y como, con este cambio, en tal recinto, se realizarán distintas actividades comerciales, aunque manteniendo su rol deportivo, será necesario que el Servicio de Impuestos Internos (SII) revise la materia, pues podría ser posible que esa exención tributaria no se justifique.
Es más, existen en el país numerosos equipamientos deportivos que, por esta razón, no pagan este tipo de impuestos, de tal forma que si el Gobierno desea evitar la elusión tributaria por este concepto, el Departamento de Avaluaciones del SII debería analizar y establecer normas rigurosas para que este privilegio sea solo para esos equipamientos que no lucran con sus explotaciones mercantiles. Lo mismo acontece con las rentables universidades privadas, las que tampoco están afectas al pago de este impuesto territorial.
Siempre vinculado a la corruptela, hemos sabido que las UF 10.000 pagadas por el Grupo Patio para que el Minvu de la administración Piñera aprobara el proyecto Parque Capital en Lampa no llegaron a las manos de sus autoridades, sino se depositaron en la cuenta bancaria de Factop, la empresa de los hermanitos Sauer, desconociéndose si este monto de dinero quedó en poder de la misma o bien si ésta lo repartió entre los funcionarios que posibilitaron el negocio.
Pero hemos sabido que Felipe Ward, cuando era ministro de Bienes Nacionales, había sido citado el 4 de marzo de 2019 por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para que diera cuenta de la introducción ilegal del proyecto Los Domos de la minera australiana Equus en el Parque Nacional Patagonia, instancia en la cual reconoció que el ministerio de Economía lo presionó para disminuir la superficie del parque en 2.360 hectáreas y otras tantas diabluras, investigación que, para variar, no llegó a ningún resultado. Uniendo este episodio con el de Parque Capital, concluimos que Ward era muy obediente con las instrucciones que recibía por parte de sus superiores.
Por último, ahora esperamos que la Fiscalía de Aysén, ante la fundada denuncia del sociólogo Andrés Gillmore, cite por lo menos como testigos a todos los operadores políticos que propiciaron el menoscabo del aludido parque nacional.