El exjefe de la UDEF que tenía emparedados 20 millones denuncia la "falsificación" de informes por parte de antidroga de la Policía
El inspector jefe de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil, investigado por colaborar con una organización criminal que introducía "ingentes" cantidades de droga en España, se defiende como gato panza arriba. Este martes prestó declaración en la Audiencia Nacinal, donde se le acusa de embolsarse, como mínimo, de más de 32 millones de euros por dejar entrar contenedores llenos de cocaína por puestos españoles.
Sánchez Gil es conocido por tener casi 20 millones de euros entre las paredes de su casa y su despacho oficial. Lejos de colaborar en la investigación, dedicó los 40 minutos que estuvo delante del juez Francisco de Jorge para denunciar la "falsificación" casi sistemática por parte d elas unidades antidroga de los informes de los que se sirven para investigar a los grandes capos y cárteles. Aseguró que él mismo, cuando estuvo al frente de uno de estos equipos, lo hizo. Y afirma que el objetivo es proteger a "chivatos", a funcionarios corruptos y para enmascarar el origen de las informaciones, que serían escuchas e intervenciones ilegales, según el vídeo de la declaración a la que ha accedido LA RAZÓN.
Según su relato, los mandos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dan órdenes sobre cómo actuar cuando aparecen otros policías en las investigaciones. Dio nombres y apellidos de los máximos responsables de este departamento, y les acusó de tener una "obsesión" con el grupo criminal al que presuntamente pertenecía él.
Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, fue detenido en noviembre de 2024 en una operación que marcó un antes y un después contra la corrupción interna del Cuerpo. Desde entonces se encuentra en prisión provisional y este martes declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que ve indicios de que cooperó "estrechamente" con una red de narcotráfico a la que se atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores entre 2020 y 2024. Al policía se le imputa dar cobertura a la trama y garantizar su impunidad a cambio de mordidas de hasta 32,6 millones de euros.
El mando policial sólo respondió a las preguntas de su abogado, escudándose en que no ha tenido acceso al volcado de sus dispositivos. Señaló que la información inicial de su investigación está manipulada, y que hay conversaciones y escuchas cortadas. Además, añadió que en los chats que se investigan no hay una sóla mención a su nombre, pero sí referencias a que la organización tendría comprados a "todos" los funcionarios del Puerto de Algeciras o nombres propios, como el del teniente coronel David Oliva, quien estuvo al frente de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur. Oliva está imputado en un juzgado de la Comunidad de Madrid por presuntamente reclamar información de una investigación de Asuntos Internos sobre su persona.
El inspector, investigado como una pieza clave de esta presunta red de narcotráfico junto al presunto líder, Ignacio Torán, cuestionó asimismo la intervención de sus comunicaciones a través de un troyano instalado en un teléfono que, sostiene, no tenía autorización judicial, apuntan las fuentes.
Además, ahondó, como hizo en un escrito, en la supuesta ocultación del origen de la información que puso a las fuerzas de seguridad sobre la pista del primer cargamento incautado, que supuso la génesis de la causa: 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021.
Según el inspector, se atribuyó esa información a una agencia colombiana a través de un "informe falso" redactado por la Brigada Central de Estupefacientes, cuando provino, de acuerdo a su relato, de escuchas en una plataforma encriptada.
Sánchez habló asimismo, según las fuentes, de supuestas intervenciones de comunicaciones no autorizadas o instalación de balizas sin aval judicial, o incluso de conchabeo entre los agentes y la Fiscalía Antidroga para que algunas causas recaigan en "juzgados amigos".