Ceuta tras la crisis: de la emergencia a una política de Estado
Ha transcurrido apenas una semana desde que el Gobierno declaró la situación de Ceuta de interés para la Seguridad Nacional y designó una autoridad funcional. Es poco tiempo para valorar resultados definitivos, pero suficiente para analizar si la respuesta empieza a corregir las carencias que hicieron posible el desbordamiento y si está sentando las bases para afrontar una crisis de esta naturaleza de manera diferente en el futuro.
El primer balance debe reconocer que se han adoptado algunas de las medidas que parecían imprescindibles. El Real Decreto ha establecido una dirección funcional, ha activado el Comité de Situación y una Célula de Coordinación permanente y ha integrado en la estructura de gestión a la Ciudad Autónoma y a los principales departamentos del Estado. También ha definido los recursos disponibles y preservado las cadenas de mando y competencias de cada institución. Es decir, se ha creado una arquitectura que permite sustituir la suma de respuestas sectoriales por una dirección coordinada.
Además, esa arquitectura ha comenzado a funcionar. El Comité de Situación se reunió por primera vez inmediatamente después de la declaración y volvió a hacerlo de manera extraordinaria, estableciendo además reuniones ordinarias semanales. La reconsideración de los espacios destinados a la acogida, incluido el acuerdo para excluir los polideportivos y buscar alternativas consensuadas con la Ciudad, demuestra también una capacidad de adaptación que debe valorarse positivamente.
Hay otra medida que debe darse por adoptada. El decreto establece expresamente un Gabinete de Coordinación Informativa, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación y bajo la dirección de la Portavocía del Gobierno. La portavocía coordinada que parecía necesaria, por tanto, existe formalmente. El reto será comprobar si logra evitar contradicciones, disputas entre administraciones y la utilización partidista de una crisis que, precisamente por afectar a la seguridad nacional, exigiría preservar determinados espacios de consenso.
También se ha avanzado en la dimensión europea. España ha solicitado el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo para reforzar el triaje, las entrevistas, la interpretación, los retornos y la lucha contra las redes de tráfico de migrantes, además de pedir más de 32 millones de euros de ayuda europea de emergencia. Ceuta empieza así a plantearse como lo que también es: una cuestión que afecta a una frontera exterior de la Unión Europea y no exclusivamente como un problema bilateral entre España y Marruecos.
Finalmente, el paquete de 309 millones aprobado por el Gobierno para seguridad, atención humanitaria, servicios esenciales y recuperación económica anticipa algunas actuaciones que inicialmente podían situarse a medio plazo. Incorporar la dimensión económica a la respuesta es importante porque recuperar la normalidad no consiste únicamente en retirar personas de las calles, sino también en evitar que la crisis deteriore de forma permanente la actividad económica, los servicios públicos y la confianza de los ciudadanos.
Hasta aquí, por tanto, la dirección parece adecuada. Sin embargo, coordinar una emergencia no equivale todavía a disponer de una estrategia. La verdadera medida del éxito será comprobar si esta arquitectura permite resolver la situación actual, anticipar una nueva crisis y reducir la capacidad de cualquier actor para utilizar nuevamente un episodio migratorio como instrumento de presión.
El primer mes: resolver, no administrar la crisis
Ceuta no puede convertirse en una sala de espera. La prioridad durante las próximas semanas debería ser acelerar, con todas las garantías jurídicas, los circuitos de identificación, protección internacional, retorno, traslado y tutela de menores. La petición de apoyo europeo para el triaje y los retornos avanza precisamente en esa dirección, pero el criterio de éxito no debería ser el número de reuniones celebradas ni los recursos movilizados, sino la reducción progresiva de la presión sobre la ciudad y la recuperación efectiva de su funcionamiento ordinario.
Para ello siguen siendo necesarios personal, intérpretes, asesoramiento jurídico, plazas de acogida y capacidad administrativa suficiente. Guardia Civil y Policía deben mantener, además, reservas que permitan sostener el esfuerzo sin convertir una situación extraordinaria en el funcionamiento normal de las unidades desplegadas. Defensa puede proporcionar transporte, comunicaciones, sanidad, vigilancia, alojamiento y apoyo logístico, como contempla la propia declaración de recursos, mientras el control migratorio y el orden público continúan correspondiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sin embargo, existe una dimensión que debería recibir mayor atención pública: la alerta temprana. La verdadera frontera no comienza cuando miles de personas están ya intentando entrar en territorio español. Comienza antes, en las concentraciones, los movimientos anómalos, las redes de tráfico, las convocatorias digitales y los cambios en el dispositivo de vigilancia al otro lado de la frontera. No consta públicamente que se haya establecido todavía un sistema específico de indicadores que integre esas señales y las vincule a respuestas previamente definidas.
Algo similar ocurre con la desinformación. La coordinación de la comunicación institucional es necesaria, pero no sustituye una capacidad específica para detectar y contrarrestar rumores sobre aperturas de fronteras, regularizaciones, retornos o actuaciones de las autoridades. En una crisis de estas características, información, seguridad y acción diplomática forman parte del mismo problema.
La relación con Marruecos también debería evaluarse mediante resultados. Cooperación significa alertas anticipadas, concentraciones contenidas, redes investigadas, identidades confirmadas, solicitudes de readmisión respondidas y capacidad efectiva de prevenir nuevos movimientos masivos. Una comisión permanente que revisase periódicamente indicadores objetivos permitiría reducir la distancia entre las declaraciones diplomáticas y la cooperación real.
Los noventa días: transformar la experiencia en capacidad
Superada la emergencia, el principal riesgo sería volver al punto de partida. Ceuta y Melilla necesitan un sistema permanente de alerta y contingencia en el que vigilancia física, inteligencia, análisis de fuentes abiertas y redes sociales, ciberseguridad, seguridad fronteriza y acción diplomática alimenten una misma evaluación.
Determinados indicadores —concentraciones, campañas coordinadas, alteraciones significativas de los controles fronterizos, saturación de recursos o episodios de violencia organizada— deberían activar respuestas previamente acordadas. La improvisación es precisamente lo que convierte una presión gestionable en una crisis estratégica.
Eso exige también reservas logísticas, transporte, intérpretes, equipos sanitarios, alojamientos y contratos preparados. Cuando determinados umbrales de ocupación se alcancen, deberían activarse nuevas capacidades; superado el límite sostenible de Ceuta, deberían existir procedimientos previstos para efectuar traslados conforme al ordenamiento jurídico. Cuanto más previsible sea la respuesta española, menor será el incentivo para intentar provocar su desbordamiento.
En este periodo debería realizarse igualmente una evaluación interministerial de lo sucedido. No para buscar culpables antes de conocer los hechos, sino para determinar qué alertas existieron, quién las recibió, cómo fueron interpretadas y por qué las capacidades disponibles resultaron insuficientes. Sin una revisión rigurosa, la experiencia acumulada durante esta crisis desaparecerá cuando desaparezca la emergencia.
También debería mantenerse un canal estable con vecinos, comerciantes, comunidades religiosas y organizaciones sociales. La seguridad de Ceuta depende igualmente de la confianza de su población. Detectar rumores, prevenir enfrentamientos y evitar fracturas internas es parte de la gestión de una crisis que no es solamente migratoria.
En un año: de la gestión de crisis a la política de Estado
La prueba definitiva será comprobar qué permanece cuando finalice la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional. La estructura creada tiene vigencia temporal. La vulnerabilidad que ha revelado la crisis, no. Por eso, España necesita un pacto de Estado que traduzca la experiencia adquirida en compromisos concretos: defensa compartida de la soberanía, dirección nacional de las grandes emergencias fronterizas, distribución clara de responsabilidades, financiación estable, mecanismos de alerta y una posición común frente a la instrumentalización de los movimientos migratorios y la desinformación.
Ese acuerdo debería incluir control parlamentario reservado, ejercicios periódicos, evaluación anual de los mecanismos de cooperación y una estrategia económica para Ceuta y Melilla. Una frontera protegida sobre una ciudad dependiente, aislada o sin expectativas económicas seguirá siendo estratégicamente vulnerable.
También resulta necesario mantener la cuestión de la soberanía en su dimensión diplomática. Las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla no deben magnificarse hasta convertir cada declaración en una crisis, pero tampoco normalizarse como si careciesen de significado. España necesita combinar cooperación con Marruecos, firmeza respecto a su soberanía y respaldo europeo. Son posiciones perfectamente compatibles.
No existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que Marruecos diseñó toda la crisis ni sería responsable atribuirla sin evidencias a terceros actores. Precisamente por eso, España debe construir su respuesta sobre hechos y capacidades, no sobre teorías. Pero evitar la especulación tampoco obliga a ignorar que los movimientos migratorios pueden ser instrumentalizados y que la división política, la desinformación y la pérdida de confianza institucional multiplican sus efectos.
Después de una semana, la respuesta del Estado ha avanzado en la dirección correcta: existe una autoridad funcional, una estructura de coordinación, recursos identificados, coordinación de la comunicación, implicación europea y un esfuerzo económico significativo. Pero el éxito no se medirá por la arquitectura creada durante la emergencia.
Se medirá cuando termine
Si dentro de un año España dispone de mejores mecanismos de alerta, procedimientos ensayados, reservas preparadas, indicadores para evaluar la cooperación, una posición europea más sólida y un mínimo acuerdo político sobre cómo responder a este tipo de presión, la crisis habrá servido para reducir una vulnerabilidad estratégica. Si únicamente conseguimos gestionar esta emergencia hasta que desaparezca de los titulares, habremos resuelto un episodio, pero no el problema.
España necesita cooperar con Marruecos porque nuestra seguridad está directamente vinculada a las turbulencias africanas. Pero cooperar no significa depender. Y ninguna dependencia puede convertirse en capacidad de coerción sobre nuestra soberanía.