Las medidas cautelares ante el allanamiento y la okupación que el PSOE quiere “agilizar” con un desalojo en 48 horas

El PSOE ha propuesto una modificación legislativa para permitir que los jueces puedan desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas. Para ello registraron una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal el pasado 14 de septiembre sin el apoyo de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. 

La propuesta socialista es parecida a la que ya hizo Pablo Casado, el exlíder del PP, como parte de su plan antiokupación, que planteaba un plazo de 24 horas. El PSOE votó entonces en contra de esta iniciativa, como se puede comprobar en el registro de votaciones del Congreso.

Actualmente, el Código Penal no recoge límites concretos de tiempo para que la policía actúe cuando se denuncia que se ha producido la entrada no autorizada en una residencia. Lo que sí recoge la norma es el procedimiento legal según el tipo de delito que cometan los ocupantes: allanamiento (a una vivienda habitada, muy poco habitual) o usurpación (a pisos vacíos de bancos o fondos de inversión, más frecuente), como indicamos en este reportaje. 

Desde Unidas Podemos denuncian que, con esta enmienda, el PSOE iguala ambos conceptos jurídicos y se suma así “al argumentario de la derecha“. 

Te lo explicamos.

Las propuestas del PSOE: desalojar en 48 horas a los okupas, soluciones residenciales para los más vulnerables y que el caso no se enjuicie con un Jurado

La enmienda del PSOE para desalojar okupas es al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según el texto de la enmienda, en los procesos de allanamiento de morada y usurpación de bienes, el juez podrá acordar el desalojo “en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.

Además, proponen “medidas de protección” en el caso de que la persona desalojada se encuentre “en riesgo de exclusión social, de especial vulnerabilidad, en una situación de riesgo o posible desamparo de un menor”.

Por último, el grupo socialista también plantea que el allanamiento de morada no se tramite como procedimiento mediante el tribunal de Jurado y proponen que se resuelva a través de los Juzgados de lo Penal, “con lo que el tiempo medio para su enjuiciamiento se reducirá a 13,3 meses y el de apelación a 1,9 meses”. 

El PSOE justifica su propuesta en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2018 en la que la Corte de Estrasburgo recuerda que “la demora prolongada” en el desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble “vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso equitativo así como el derecho de propiedad”, ambos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 6.1 y 1 respectivamente.

“Por ello es necesario que se pueda solicitar y acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en los que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación”, concluye el texto del PSOE.

El Código Penal no incluye un límite temporal de actuación policial, pero en la práctica existen medidas cautelares

Aunque el Código Penal no recoge límites temporales a la actuación policial para desalojar okupas como propone el PSOE, cuando se produce una ocupación ilegal sí existe un procedimiento cautelar en la práctica, aunque solo para los delitos de allanamiento de morada, donde la respuesta policial en estos casos es inmediata.

“Mientras se inicia el procedimiento y hasta que se resuelve la sentencia, se fijan medidas cautelares temporales para los casos de allanamiento de morada, no para los de usurpación en los que el juez no considera que haya peligro inminente para nadie”, explica a Newtral.es Fernando Rodríguez, abogado y profesor de derecho procesal de Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). “El allanamiento de morada está más protegido por el derecho porque el inmueble ocupado ilegalmente está habitado o se utiliza con frecuencia por su propietario, a diferencia de la usurpación, que se produce en espacios abandonados, por lo que el delito es más leve”, añade Rodríguez. 

Javier Fernández, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Oviedo, añade que el allanamiento está estipulado como un delito contra la intimidad en el Código Penal mientras que la usurpación se incluye dentro de los delitos contra la propiedad. “La posibilidad de que haya una medida cautelar con carácter urgente para evitar daños cuando simplemente se trata de ocupación de patrimonio es mucho menor que cuando se trata de una morada que es el espacio donde las personas ejercemos nuestra intimidad”, indica.

Para Carlos Castillo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), “el PSOE con su enmienda entiende que allanamiento y usurpación es lo mismo cuando son conceptos que no tienen nada que ver: las casas que se ocupan cuando se usurpa están vacías y en el 80% de los casos pertenecen a bancos o fondos”, argumenta. “Actualmente, los juicios de usurpación son por delitos leves y los procedimientos judiciales son rápidos,  por tanto no es necesario tomar medidas cautelares”, añade. 

Permitir ahora que un juez aplique medidas cautelares para poder echar a los ocupantes en menos de dos días permitiría unas situaciones de vulnerabilidad mucho mayores. “En dos días no da tiempo a activar los servicios sociales”, añade Castillo.

Unidas Podemos critica que las ocupaciones no son un problema en España

El PSOE pretende, por tanto, unificar ambos conceptos judiciales para que tengan una respuesta policial inmediata y “fijar una medida cautelar de expulsión de los ocupantes ilegales tanto para los allanamientos, que ya ocurre en la práctica, y para las usurpaciones”, concluye el abogado de la UDIMA.

Y esto es, precisamente, lo que critica Unidas Podemos, que no ha apoyado la enmienda. Para el partido morado, el allanamiento “no es un problema en nuestro país”, según aseguró Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, en una entrevista en TVE. Los datos del INE apoyan la afirmación de la también ministra de Trabajo que reflejan que la usurpación de bienes son mucho más numerosos que los allanamientos de morada.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, respondía así a Díaz en otra intervención en la cadena pública sobre su propuesta para desalojar okupas (a partir del min. 56:10): “Estamos hablando de dar más herramientas a los jueces para que, en caso de allanamiento de morada y en caso de ocupación ilegal, puedan requerir a los que están ocupando ilegalmente la vivienda una acreditación de que esa tiene alguna relación con esa vivienda y si no, podrán desalojarlos para devolverlas a sus legítimos dueños”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, cargó también contra la propuesta. “En estos momentos la gente tiene un problema con las subidas abusivas de alquiler, con las subidas de las cuotas de las hipotecas y lo que hace falta es frenar el precio abusivo de la vivienda y no asumir la agenda de la derecha”, afirmó en unas declaraciones ante los medios.