Disfrutar del espectáculo de una gran estrella de la música se ha convertido en misión imposible en EE.UU. para el común de los mortales. Los incondicionales de Taylor Swift o Harry Styles muchas veces ni siquiera tratan de encontrar entradas para sus conciertos, ante un muro de precios inasumibles, tasas abusivas y dificultades para encontrar billetes. Las autoridades del país han encontrado culpable: el Departamento de Justicia interpuso ayer una demanda por monopolio contra Live Nation, el gigante de la música en directo. La compañía controla todos los aspectos del sector: es la mayor promotora de conciertos, opera cientos de grandes recintos y, sobre todo, es la propietaria de Ticketmaster, la gran compañía de venta de entradas. «Es hora de que se escinda», proclamó el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en la presentación de la demanda contra Live Nation, a la que se han sumado 30 estados del país. La demanda fue interpuesta en los juzgados federales de Nueva York y alega que Live Nation utiliza su tamaño y su preeminencia en los distintos sectores de la música en directo para aplastar a la competencia y amenazar a otros actores -desde promotores a recintos de conciertos- que pueden hacerle frente. «Alegamos que Live Nation depende de conductas anticompetitivas e ilegales para ejercitar su control monopolístico sobre la industria de los conciertos en directo en EE.UU. a costa de los aficionados, artistas, pequeños promotores y operadores de recintos», resumió el fiscal general. Live Nation ya era uno de los grandes dominadores del sector de entretenimiento en directo cuando en 2010 dio un paso más allá con la fusión con Ticketmaster, la mayor plataforma de venta de entradas. Entonces, las autoridades del Gobierno de Barack Obama permitieron la fusión con condiciones que, según la demanda de la fiscalía, se han incumplido. Las autoridades acusan a Live Nation de forzar a los recintos de conciertos a contratos largos de exclusividad para la venta de entradas con Ticketmaster -que impone tasas abundantes a los compradores- y de amenazar a los artistas para que utilicen sus servicios de promoción a riesgo de ser vetados en los recintos que controlan. El resultado de ello es una posición de dominancia que impide la libre competencia: Live Nation ostenta el 60% del negocio de promoción de conciertos, opera 370 recintos -entre ellos, el 60% de los grandes anfiteatros del país-, maneja la carrera de más de 400 artistas y, además, controla el 80% de la venta de entradas en los grandes recintos de conciertos a través de Ticketmaster. «El resultado es que los aficionados tienen que pagar más, los artistas tienen menos oportunidades para tocar, los pequeños promotores se ven ahogados y los recintos tienen menos opciones para vender sus entradas», criticó Garland. No hace falta cuestionar la posición monopolística de Live Nation para percibir un olor populista en la demanda del Departamento de Justicia del Gobierno de Joe Biden. Los precios de las entradas y el caos para comprarlas en algunas giras de grandes estrellas han provocado un clamor popular en EE.UU. El caso paradigmático ocurrió en el otoño de 2022 con la gira 'Eras Tour', de Taylor Swift. La avalancha de interés en las entradas provocó fallos en Ticketmaster, indignación de los fans y un escándalo que acabó hasta en investigación en el Congreso. La presentación de la demanda, en plena campaña electoral y entre un creciente cabreo de los aficionados de los precios por ir a cualquier espectáculo, tuvo muchas alusiones al coste que tienen que enfrentar los votantes. Garland y el resto de autoridades que anunciaron la demanda hablaron del 'impuesto de Ticketmaster' para referirse a las tasas que impone la plataforma e hicieron alusiones constantes al precio de las entradas. «El Departamento de Justicia ha interpuesto esta demanda en nombre de los aficionados, que deben ser capaces de asistir a conciertos sin tener en medio a un monopolio», dijo Garland, antes de añadir que «ya es hora de que los aficionados y los artistas dejen de pagar el precio de este monopolio de Live Nation». «La música en directo no debería estar disponible solo para aquellos que pueden permitirse pagar el impuesto de Ticketmaster», apuntaló Jonathan Kanter, fiscal general asistente para competencia. La compañía ha defendido que el precio de las entradas no depende tanto de sus tasas y que en él la voz principal la tienen los artistas y los recintos. El vicepresidente ejecutivo de Live Nation, Dan Wall, aseguró tras conocer la demanda que el Departamento de Justicia tiene que ver con una «presión política intensa» y que la acción legal «ignora todo lo que es en realidad responsable de los altos precios de las entradas, desde el incremento de los costes de producción a la popularidad de los artistas, pasando por la reventa online que revela que el público está dispuesto a pagar mucho más que el precio original». La demanda inicia un largo proceso legal y está por ver si acaba con la escisión de Live Nation y Ticketmaster que busca el Departamento de Justicia. Lo que es difícil de anticipar es que reduzca los precios astronómicos de los grandes conciertos. La reventa es legal en EE.UU., hay multitud de plataformas -incluida Ticketmaster- dedicadas a ello y es un negocio en expansión en la primera potencia mundial. Ante el aforo limitado de los espectáculos, el gran interés de los aficionados y la ventaja tecnológica para acceder a las entradas de quienes se dedican a la reventa, los precios siempre acaban disparados.
