El Vaticano condena al cardenal Becciu y otras 8 personas por un escándalo financiero
CIUDAD DEL VATICANO – El Tribunal de la Ciudad del Vaticano condenó hoy al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por un escándalo financiero cuando era el poderoso sustituto de la Secretaría de Estado, junto a otros ocho imputados hallados culpables de un enorme agujero en las cuentas de la Santa Sede.
Becciu, italiano de 75 años, primer cardenal procesado en un juicio penal en el Vaticano, era condenado por peculado o malversación a 5 años y seis meses de prisión, al pago de una multa de 8,000 euros y a la inhabilitación “perpetua” para ejercer cualquier cargo público.
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Un cuantioso agujero contable
El veredicto llegaba tras dos años y medio de juicio enrevesado y 85 audiencias y en medio de una notoria expectación mediática, sobre todo por el antiguo peso de Becciu, que entre 2011 y 2018 fue el “número 3” vaticano, el poderoso sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.
El escándalo estalló en 2019, al trascender la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado que derivó en una operación altamente especulativa al generar un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede.
El edificio, una antigua sede de las galerías Harrods en la exclusiva calle londinense de Sloane Avenue, había costado al Vaticano unos 350 millones de euros pero luego fue vendido por 186 millones de libras (unos 214 millones de euros).
Sin embargo, aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano y demostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.
Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125,000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Así como el pago de 575,000 euros a Cecilia Marogna, una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.
“Preparado para el recurso”
El promotor de justicia o fiscal vaticano, Alessandro Diddi, había reclamado para el cardenal 7 años y 3 meses de cárcel pero, aunque la corte finalmente redujo esa pena a 5 años y medio, expresó su “satisfacción” porque en estos años no ha acusado a inocentes.
“Esta tarde se que gran parte de nuestro trabajo ha estado bien instruido”, dijo a los medios tras escuchar la sentencia.
El cardenal, durante años uno de los hombres más influyentes en la Curia Romana, ha insistido a través de sus abogados en su inocencia y avanzado que recurrirá la sentencia, pues percibe en la acusación “maquinaciones” vaticanas para defenestrarlo.
Nueve condenas y una absolución
No obstante, Becciu no ha sido el único afectado por esta sentencia a las puertas de la Navidad sino que otros ocho de los diez imputados han sido condenados, todos excepto el que fuera su secretario, Mauro Carlino, el único absuelto del proceso.
La mayor pena, de 7 años y medio de cárcel, ha recaído en Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado vaticana.
Y las menores, pingües multas de 1,750 euros, han sido para los antiguos dirigentes de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, el presidente y abogado suizo René Brülhart y el exdirector Tommaso Di Ruzza.
Las condenas pendieron especialmente sobre los corredores financieros y mediadores de la operación inmobiliaria, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede.
Enrico Crasso fue condenado a 7 años de cárcel y 10,000 euros de multa; Raffaele Mincione a 5 años y medio; Nicola Squillace a un año y diez meses de prisión; y Gianluigi Torzi a 6 años y nueve meses, todos ellos con prohibición para desempeñar cargo público.
Mientras que la empresaria Cecilia Marogna, asesora de Becciu y presentada en los ambientes vaticanos como una experta en diplomacia, también ha sido condenada a 3 años y nueve meses de reclusión, con prohibición “temporal” para ejercer cargo público.