Los partidos declararon al Tribunal de Cuentas casi 400.000 euros como gasto electoral de las europeas, pero no lo eran

Ciudadanos fue la que sumó más gastos no subvencionables, superando los 130.000 euros, seguido de Podemos y Vox, con más de 50.000

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas ha detectado que los partidos políticos hicieron pasar por gastos electorales de las europeas de 2019 casi 400.000 de euros que no eran tal y que, por lo tanto, decidió no tener en cuenta para el reparto de subvenciones electorales.

Así consta en el Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 recientemente aprobado por el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.

De hecho, el fiscalizador destaca este intento de 'colar' como electorales gastos que no se no se corresponden con esa categoría como una de las "principales deficiencias" respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales. En concreto, el tribunal descontó a efectos de cómputo para las subvenciones 398.727 euros en total.

De las ocho formaciones analizadas, sólo una, Coalición por Europa Solidaria que integraban entre otras, PNV, CC, Compromiso por Galicia (CxG) y Geroa Bai, no incurrió en gastos irregulares.

Por contra, la que más dinero declaró, sin serlo, como gastos electorales fue Ciudadanos, con 104.800,49, cantidad a la que hay que añadir otros 26.817 euros que gastaron en asuntos expresamente prohibidos por la ley. En total 131.617,49 euros en "gastos irregulares".

Unidas Podemos Cambiar Europa también incurrió en esta práctica intentando hace pasar como gastos de los comicios 46.456 euros. Además, el tribunal registra como irregulares otros 9.690,89 euros de gastos consignados fuera de plazo, con lo que en total suman 56.147,15.

A la zaga le va Vox, con un total de 52.660,85 gastos irregulares: 19.725, 42 por tener justificación insuficiente o directamente no tenerla y 32.935,43 euros de naturaleza no electoral.

RECORTE DE LA SUBVENCIÓN A JUNTS

Por su parte, Lliures per Europa (coalición de Convergència, el PDeCAT y Junts per Catalunya) acumuló 49.553,35 gastos irregulares (556,17 euros de "gastos prohibidos expresamente por la ley" y 48.997,18 euros que no encajaban en la etiqueta de electorales). Asimismo, se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia, por 14.753 euros.

Además, la coalición recibió aportaciones privadas no identificadas por 8.859,11 euros, por lo que el Tribunal ha pedido que se recorte su subvención electoral en 886 euros, el equivalente a un 10% del importe de los recursos utilizados en la campaña electoral cuya procedencia no haya quedado suficientemente acreditada.

Los gastos irregulares del PSOE ascendieron a 25.769,55 euros, los del PP a 8.256,53 y los de Ahora Repúblicas a 6.050 euros, en todos los casos correspondientes a gastos de naturaleza no electoral.

En total, las ocho formaciones cuya contabilidad para aquellos comicios ha analizado el tribunal declararon recursos por un total de 24,40 millones de euros, de los que un 33% procedía de endeudamiento bancario, un 36% de adelantos de subvenciones electorales, un 30% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.

Los gastos regulares que han sido considerados justificados, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, sumaron 26,11 millones de euros, de los que 12,85 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 13,26 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

Se reflejan, igualmente, en el informe otros incumplimientos legales en el proceso electoral tales como la existencia de fondos no ingresados en cuentas electorales, la concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores y la realización de pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.

En todo caso, el fiscalizador recuerda que el control que lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos resultantes de los procesos electorales no finaliza con la fiscalización específica de las contabilidades electorales ya que la actividad económico-financiera derivada de aquellos queda integrada en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos, que son objeto de fiscalización con carácter anual.

En este sentido, avisa de que, con ocasión de esta fiscalización de las contabilidades anuales, pueden deducirse responsabilidades generadas con motivo de procesos electorales respecto de ingresos y gastos que no hubieran sido declarados, en su momento, por la formación política, siendo exigibles dichas responsabilidades ante el órgano competente según su naturaleza: la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas o los órganos de la jurisdicción penal.