Carece de sentido que la ley «urgente» de nueva normalidad no comience a tramitarse hasta septiembre. Pero a estas alturas encontrar algo cercano a la coherencia en la estrategia política del Gobierno resulta muy complicado, pues parece una premisa en su proceder que cualquier iniciativa debe ajustarse a que reporte al Ejecutivo réditos en el terreno de la imagen. Si Pedro Sánchez consideraba que era «urgente» -así lo defendió al menos en su día el ministro Salvador Illa- la aprobación de esas medidas, no se entiende bien esta especie de indolencia estival que convierte lo apremiante en aplazable. A no ser que el Gobierno se encuentre más cómodo en el decreto de «nueva normalidad» aprobado en su día, pero con la condición por parte de la oposición de que se tramitara como proyecto de ley. Mal le debió de sentar al Gobierno que le cortaran entonces las alas, pues esta demora más parece una represalia por aquella concesión que debió herir la enorme vanidad de la dirigente socialista. Y no se entiende esta indolencia porque no hablamos abstractamente de política sino de la salud y bienestar de los ciudadanos, que deben estar perplejos por esta nueva dilación y por no haber habilitado el mes de agosto en el Congreso para ir adelantando los trámites precisos para ese texto legal que hace tan solo un mes era tan «urgente». Da la impresión de que España va muy a remolque en la lucha contra el Covid-19 y sus efectos en otras áreas, esperando a no se sabe muy bien qué momento para poner todas las ideas y recursos posibles, de manera coordinada, para doblar el pulso a la pandemia y rescatar lo que quede en pie de aquella vieja normalidad que saltó por los aires hace cinco meses. La oposición pidió que se habilitara agosto en las Cortes pero Sánchez prefirió irse de vacaciones a La Mareta. Camino de Doñana, ahí sigue, sesteando mientras los contagios se disparan.
