El fiscal Javier Rufino: «Con estas leyes sale barato dañar y expoliar el patrimonio histórico»

Javier Rufino lleva más de una década al frente de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en Sevilla desarrollando una labor muy valorada por sus compañeros. Sabe que en los últimos años, la falta de medios, común en Justicia, se ha solventado con la ayuda de buenos profesionales en la Administración estatal, autonómica y local, pero admite que cuesta horrores cobrar las multas y, sobre todo, exigir la responsabilidad civil a los infractores, por eso envidia a la Agencia Tributaria. - Existe mayor conciencia ciudadana para denunciar los ataques contra el medio ambiente, pero ¿pasa lo mismo con el patrimonio histórico? - No. Es curioso que un país como el nuestro, con una riqueza patrimonial tan singular y extraordinaria, se perciba a veces como un asunto menor el daño a yacimientos arqueológicos y culturales. En buena parte es un problema de falta de formación, lo que explicó en buena medida la salida irregular de nuestro territorio, durante decenios, de bienes de valor incalculable. Una visita, por ejemplo, al Metropolitan, o al museo de los Claustros, ambos en Nueva York, vale para hacerse una idea de la gravedad de la cuestión, y su antigüedad. Son bienes que hemos perdido para siempre. Por poner un ejemplo más a mano, todos sabemos que buena parte de piezas de Itálica o Medina Azahara están en residencias privadas de Sevilla o Córdoba, y eso se ha tolerado durante décadas sin obstáculos. Los tesoros de valor histórico no son del que los encuentra, ni del dueño del suelo: son siempre públicos. Existe una «riqueza de la cultura» de la que en buena parte vivimos. Aunque sólo fuera por razones de conveniencia económica y no de convicción, nos convendría prestar más atención a su protección y ser más tajantes con la respuesta legal a quienes atacan nuestro patrimonio cultural, que es un legado de todos. Incluidos de los que nos sucedan. - La vicepresidenta Carmen Calvo dijo que el dinero público no es de nadie, ¿los ciudadanos piensan que el patrimonio histórico tampoco tiene dueño y si alguien se lleva resto arqueológicos a su casa no está mal visto? - Frase desafortunada, sí. Seguro que ya entonces la ministra no estaba de acuerdo consigo misma, si me permite la broma. Creo que esa idea errónea de bien arqueológico como cosa abandonada, o de nadie, está cambiando lentamente, y es necesario insistir en explicarlo. Hoy día, presumir del expolio de piezas antiguas, que es una especie de robo a la comunidad que no puede repararse íntegramente casi nunca, no tiene justificación. La ley es muy explícita desde 1985. La ley es muy explícita desde 1985. Otra cosa es la posesión de bienes de esta clase desde hace muchos años, que tiene otro encuadre legal, aunque no la veamos con excesiva simpatía en manos privadas, porque su origen, por antiguo que sea, fue muchas veces delictivo. - ¿Lo de meter la mano en los yacimientos es algo particular de Sevilla o en el resto de España existe la misma tendencia? - Dentro de España, Andalucía, por razones históricas muy conocidas, tiene un subsuelo particularmente rico en vestigios de valor histórico, artístico y cultural. Este atractivo explica que, a menudo, los expoliadores «profesionales» vengan de fuera y no sólo tengamos cantera propia de desalmados. Por otra parte, es un territorio muy vasto cuyo control se hace complicado por lo numeroso y extenso de los yacimientos e inmuebles de valor histórico. Pero no es sólo un problema del Sur, ni de España. Se trata de actividades realizadas siempre clandestinamente y de manera organizada, porque los beneficios son tremendos y la respuesta legal (penal, administrativa) es en España de una suavidad sonrojante. Paradójicamente, tampoco nuestro legislador parece dar la importancia que tienen a estos bienes de la cultura. Con estas leyes, sale barato dañar y expoliar, digámoslo claramente. No es cosa solo de la ciudadanía. - Según la Memoria de la Fiscalía, en 2019 en Sevilla, de 81 sentencias dictadas por delitos contra el medio ambiente y el patrimonio, 73 fueron condenatorias, ¿quien la hace la paga? - Castigar acciones graves es uno de los fines elementales del Derecho penal. La respuesta no es sólo imponer condenas de multa o de prisión (prisión que pocas veces se cumple porque para estos delitos es difícil ver casos de reincidencia declarada en sentencia), sino una reparación del daño causado, que está expresamente prevista en la ley penal. El problema es que la reposición de un bien antiguo no siempre es posible, y el daño en un yacimiento viene más de la pérdida irrevocable de información sobre nuestro pasado. Ese contexto se altera para siempre cuando se hacen excavaciones o remociones de tierra ilegales, sin control público. En cuanto a los delitos estrictamente medioambientales, la total restauración del medio natural dañado no siempre es posible: a veces existe un daño catastrófico o irreparable. - ¿Son laxas las penas establecidas para estos delitos? - Depende de los delitos. Por un vertido ilegal particularmente grave, lo mismo que en un incendio forestal de importancia, las penas pueden llegar a ser bastante elevadas. También veo proporcionadas las penas en los de prevaricación urbanística o ambiental de autoridades y funcionarios, o en el pequeño delito urbanístico típico, que es el cometido por un parcelista que quiere una segunda vivienda casi gratis y a costa de dañar el interés público. La cuestión es que los controles administrativos previos, la prevención, que se encarga en muchas ocasiones a los ayuntamientos, no funciona. Y llega el momento de matar moscas a cañonazos, que es lo que a veces se hace en el Derecho penal cuando ya es insuficiente cualquier otra sanción. Como en tantos asuntos, aquí es mucho más eficaz que la Administración pública cumpla con sus obligaciones de prevención, que el inevitable castigo una vez que el daño grave ya se ha hecho. Una cosa más. Habrá de terminar reconociendo una realidad indiscutible: sin más herramientas que las puramente coercitivas, no podrá alcanzarse una solución duradera. En situaciones tan críticas como la que se han creado innecesariamente en el suelo rústico andaluz, la prevención y el uso sincero y decidido de las facultades administrativas no es una opción, sino una obligación. Lo contrario son brindis al sol y parches. - ¿Se valora más la reparación del daño causado que el castigo penal? - Para nosotros es un objetivo claro. No queremos un Derecho penal simbólico que imponga penas livianas y que rara vez se cumplen. A lo que aspiramos los fiscales y los tribunales es a que el daño causado a la sociedad se repare, por elevado que sea su coste. En delincuencia urbanística y la ejecución de sentencias, no contamos con la ayuda de casi nadie. No puede usted imaginar lo que cuesta, por ejemplo, demoler un chalé ilegal. Solo en Sevilla, en los últimos diez años, oscilan entre 60 y 80 las condenas anuales que imponen una demolición de lo construido. La Administración opta después por poner facilidades legales a los ciudadanos incumplidores, que en la práctica consolidan «por lo barato» las barbaridades que han hecho en suelo rústico. Y no tenemos ningún auxilio para la ejecución de condenas penales. Esto supone una gravísima desigualdad de trato con los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones, y sin embargo soportan que mediante modificaciones legales parciales se favoreza a los que no lo hacen. - ¿Frente a qué actuaciones penales contra el medio ambiente ha notado mayor cambio en la ciudadanía? - Hace unos años se advirtió una reacción mayor ante delitos urbanísticos, pero hoy ya es frecuente que se denuncien vertidos ilegales en las aguas superficiales o subterráneas, o actos de minería ilegal abusivos con riesgo grave para el entorno natural. Incluso últimamente se reciben denuncias por la inexistencia o las deficiencias en la depuración de aguas residuales urbanas, problema muy serio y Qué cuesta una millonada en sanciones europeas a nuestro país. Tal vez donde más se aprecia el cambio es en las numerosas denuncias por maltrato animal: no es que existan más delitos de esta clase, sino que ahora la sociedad no los tolera. Ya es raro escuchar que el animal es una cosa de la que puede disponer libremente su dueño, matándolo o maltratándolo. Es un cambio civilizador. -¿Sigue siendo el delito urbanístico la estrella de la Fiscalía? - Numéricamente, sí. Asistimos ahora otra vez, con preocupación, al resurgimiento de este tipo de delitos, como de hecho ha ocurrido los dos últimos años, por ejemplo, en zonas rústicas de Dos Hermanas. Afortunadamente, la Guardia Civil nos ayuda muchísimo y hace investigaciones rápidas y muy completas. En ocasiones, conseguimos paralizar las obras, dado que los ayuntamientos a veces la ordenan, pero muy raramente la ejecutan, de modo que suele ser papel mojado. Si no se precintan de verdad y rápidamente las obras, costará mucho más en el futuro ejecutar una demolición. También hay un aumento de investigaciones en temas muchos más complejos, especialmente los que afectan a acuíferos y ríos, minas, falta de depuración de aguas, emisiones peligrosas por incorrecto tratamiento de residuos eléctricos o electrónicos, o investigaciones de tramas organizadas de tráfico ilegal de obras de arte, muchas veces con una dimensión internacional. Además, en los delitos ambientales más graves, existe casi siempre una tensión entre el poder económico y la necesidad de mantener una mínima calidad ambiental. No es raro escuchar el viejo discurso de que por encima de la limpieza del ambiente están los puestos de trabajo. Es decir, el presente por delante de un futuro catastrófico. Es una falacia porque son intereses compatibles. La opinión pública conoce bien a líderes brutales dispuestos a destruir el planeta en pro de beneficios inmediatos. El riesgo existe para todos. - ¿La sociedad ha pasado ya de reírse con los vídeos de maltrato a animales al cabreo y la denuncia? - Afortunadamente. No sólo es una cuestión generacional. Hay a veces un cierto amateurismo en la forma de denunciar, pues es frecuente que muchas personas lo hagan al mismo tiempo al fiscal, al juzgado, a la Policía Local, la Guardia Civil y a las administraciones públicas, buscando erróneamente mayor repercusión, lo cual complica veces el manejo de los asuntos. Contamos con la ayuda de particulares, asociaciones de protección de animal, incluso de grupos de abogados muy activos, y con una alta preparación de nuestra Policía Judicial. La mejora es muy evidente y los tribunales responden estando a la altura de lo que se nos exige hoy. - Detrás de los incendios forestales, ¿está siempre la mano intencionada del hombre o es un mito? - Lo excepcional es que un incendio forestal sea provocado intencionadamente y, en efecto, puede existir un mito exagerado sobre el papel del incendiario o el pirómano. El hombre está detrás de una buena parte de los incendios, sí, pero más por omisión de cuidado o por negligencia que por la acción consciente. Es decir, la mala gestión de los residuos forestales, del matorral, indeseables prácticas agrícolas y el abandono del medio rural (que hace mucho más caro e improbable su cuidado), facilitan enormemente la propagación de un incendio cuando las condiciones meteorológicas como el calor, el viento o la escasa humedad del aire lo propician en un combustible natural seco. La inmensa mayoría de los incendios forestales que llevamos al juicio son por negligencia y rara vez son intencionados. Lo cual no quiere decir que estos últimos no existan, claro. Es un tema muy complejo y en el que los falsos tópicos abundan. - ¿Cómo se comporta la Administración pública frente a los delitos contra el medio ambiente, urbanismo y patrimonio histórico? La respuesta es muy variada, aunque contamos con excelentes técnicos en materia de toxicología, delincuencia urbanística y ambiental, y en valoraciones del daño arqueológico. El nivel de los funcionarios que actúan como peritos es muy alto y sus informes gozan de un prestigio difícil de rebatir. El problema viene más con la falta de controles previos y cierta complacencia administrativa con algunos delitos. - ¿El caso de la planta de basura de Estepa evidencia que también hay que estar encima de las administraciones para que cumplan con el medio ambiente? ¿Teme la Fiscalía que se haya reproducido este «modelo de tratamiento de residuos» en otros pueblos? - Una de las funciones del fiscal es precisamente el control de los incumplimientos más graves realizados por la propia Administración, aunque por supuesto no solo de ella. Esto no implica en absoluto una desconfianza institucional, sino constatar una obligación legal que tratamos de cumplir, con todas sus dificultades. En cuanto al caso de Estepa, aunque queda mucho por mejorar en el tratamiento de residuos, no tengo ningún motivo para pensar que haya un modelo generalizado de gestión «a la napolitana», ni muchísimo menos. - La Fiscalía archivó la investigación sobre el Carambolo pero advirtió de que estaría vigilante. ¿Aquí falla la Junta de Andalucía o el propietario? - La Fiscalía acordó el archivo porque no había daños efectivos en el patrimonio histórico, que es la valoración que nos compete con el Código Penal en la mano. Es verdad que hicimos ciertas sugerencias de mejora para una situación y entorno tan delicados, pero el deber de mantener la limpieza y evitar basuras en ese entorno arqueológico excepcional corresponde al propietario del suelo, que es una empresa privada, y su control a la propia Administración. No a nosotros si no existe un delito. Nuestra Administración cultural -Consejería de Cultura- tiene profesionales muy cualificados para ello y conoce bien su trabajo. Experiencia y didáctica Nacido en 1964 en Cazalla de la Sierra, se hizo fiscal en 1990. Barcelona yCádiz fueron sus primeros destinos hasta volver a Sevilla, donde en 2008 fue nombrado fiscal delegado de Medio Ambiente. Es profesor asociado de Derecho Penal y Derecho Procesal en la Universidad Loyola Andalucía y cuenta con numerosas publicaciones de medio ambiente, daños a bienes culturales y expolio arqueológico, una materia que le apasiona. Nunca escatima tiempo para explicar a los medios de comunicación la labor de su Fiscalía, que va «in crescendo». Se presentó a fiscal jefe de Sevilla tras la marcha de María José Segarra. Finalmente, el puesto fue para Luis Fernández Arévalo. Por su experiencia en los juzgados de la capital, sabe que el coronavirus ha supuesto «un golpe terrible para una institución que ya está en muy malas condiciones, con un nivel de atraso insufrible y una falta de medios alarmante». Los juzgados no están preparados para una segunda ola en otoño por la pandemia y aboga por tomarse la financiación de los medios de la Justicia más en serio para revertir esta situación.