Obras privadas con fondos públicos y un chalet encubierto de templo chino, los últimos coletazos judiciales contra Unió Mallorquina
Fue la infraestructura estrella de Unió Mallorquina (UM) al frente del Consell de Mallorca, la institución cuya llave manejó con pericia, a lo largo de dos legislaturas, el desaparecido partido liderado por Maria Antònia Munar, quien desde 2013 cumple en prisión varias condenas por corrupción. La carretera Palma-Manacor, inaugurada en 2006, se erigió en la obra más costosa —y ambiciosa— de cuantas fueron impulsadas por UM y en una de las más caras a nivel nacional. Sin embargo, el perjuicio económico que provocó a las arcas públicas la han convertido en el epicentro de la última causa judicial pendiente de juicio contra la extinta formación.
Once años después de que estallasen las investigaciones en torno a su construcción, el conocido como ‘caso Peaje’ prevé ser juzgado en los próximos meses. Hasta trece constructores y ex altos cargos políticos se sentarán en el banquillo, ante un jurado popular, bajo peticiones de condena que suman más de 154 años de prisión a raíz de su supuesta implicación en los sobornos que, según las investigaciones, acompañaron la ejecución de la vía. Las pesquisas apuntan a que unos 42 millones de euros, tanto en metálico como en forma de materiales destinados a la carretera, acabaron en manos particulares. Los procesados niegan las acusaciones.
Entre los presuntos desfalcos asoma la construcción de un chalet por parte de uno de los antiguos responsables del Consell con fondos —hasta 699.000 euros— supuestamente procedentes del dinero presupuestado para la carretera. El propietario del inmueble, ubicado en un terreno propiedad de su mujer, también acusada, camufló la edificación de un templo de meditación chino sufragado, según alega, gracias a las donaciones privadas de los socios de una entidad de filosofía china, Pachi Tanglang.
El exdirector de Obras del Consell Antonio Orejudo, dueño de la vivienda-centro filosófico y quien se encuentra entre los exdirigentes de UM procesados en el marco de esta causa, sorprendió con sus alegatos a la jueza instructora de la causa y al fiscal encargado de las investigaciones, Miguel Ángel Subirán —en la actualidad investigado por las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción de otro proceso judicial, el caso Cursach—. La defensa del ex alto cargo propuso la declaración de numerosos testigos procedentes de Taiwán y Japón, que manifestaron ante la magistrada que habían aportado fondos para levantar el templo con el objetivo de que “descansara en él un maestro de la organización”. La jueza llegó a calificar de “surrealistas” las argumentaciones del encausado.
Las supuestas argucias no terminan ahí. De acuerdo con las pesquisas practicadas desde que en 2009 estallasen las investigaciones, otros ex altos cargos también quisieron sacar provecho de la ejecución de la infraestructura. De hecho, la Fiscalía señala cómo los funcionarios públicos llegaron a ofrecer al propietario de un conocido restaurante mallorquín —Es Cruce, ubicado en uno de los laterales de la carretera Palma-Manacor—, el asfaltado y el acondicionamiento del aparcamiento del local y facturarlo a la UTE encargada de los trabajos de construcción de la autovía, integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.
Como contraprestación, relata la acusación pública, el dueño del local organizó de forma gratuita, entre otras celebraciones y ágapes, dos cenas “para el recreo” de los operarios que se encargaban de las obras, además de un banquete con motivo de la comunión del hijo de otro de los procesados en el ‘caso Peaje’. Los presuntos favores también se extendieron a los domicilios de los ex altos cargos de UM, donde habrían llevado a cabo obras de reforma que posteriormente facturaron a la UTE de la carretera.
La Fiscalía coloca en el centro de la presunta trama al que fuese máximo responsable del área de Carreteras del Consell de Mallorca, Antoni Pascual, quien, según las pesquisas, llegó a acumular en su despacho cientos de albaranes de las obras de la carretera. Los investigadores sostienen que estaba al tanto de los tejemanejes urdidos durante la construcción, aunque él niega con rotundidad haber incurrido en cualquier tipo de irregularidad.
Frente a las acusaciones vertidas contra ellos, los inculpados, quienes recientemente intentaron, sin éxito, acercar posturas con las acusaciones, se oponen a las tesis que les han conducido al banquillo. Alegan que nunca pudo producirse descalabro económico alguno en las arcas del Consell de Mallorca ya que los trabajos de construcción no recayeron directamente en la UTE encargada de las obras, sino que fueron adjudicadas a una empresa, Pamasa, constituida apenas un mes antes de hacerse con el contrato de la obra. Según sus manifestaciones, fue tiempo después cuando la mercantil decidió subcontratar los trabajos a la UTE.
El ‘caso Peaje’, tras un largo peregrinaje judicial, será en breve señalado para su enjuiciamiento. Y de confirmarse —por sentencia— que tales desvíos se produjeron, el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se convertiría en el paradigma de la corrupción ligada a los tratos de favor que durante las últimas décadas han aflorado en Baleares y a la construcción desaforada en una isla, Mallorca, colapsada por las infraestructuras, las carreteras y los campos de golf. Una política basada en el cemento, el asfalto y el ladrillo —y acompañada de centenares de denuncias— contra la que, desde hace décadas, alzan la voz numerosos grupos ecologistas.
No en vano, otra ejecución, el túnel de Sóller, proyectado en los años ochenta, podría ser considerada otra de las obras más polémicas de los últimos treinta años en el archipiélago. Para hacerse con la adjudicación de los trabajos, un financiero mallorquín llegó a agasajar con 50 millones de pesetas al entonces presidente del Govern balear, Gabriel Cañellas (PP). Sin embargo, en 1997 la Audiencia Provincial y, posteriormente, el Tribunal Supremo, absolvieron a Cañellas al declarar prescrito el delito de cohecho que pesaba sobre él. Antes de que llegaran las resoluciones judiciales, José María Aznar ya había forzado su dimisión al frente del Ejecutivo autonómico. La construcción del túnel de Sóller se situó en el núcleo del primer gran caso de corrupción impulsado en Baleares.
Mientras tanto, las investigaciones en torno a la carretera Palma-Manacor constituyen tan sólo uno de los numerosos casos de corrupción que, en 2011, condujeron a UM a su disolución tras varias décadas de pactos con PP y PSOE al frente de las principales instituciones de Baleares. Una circunstancia que le valió su eterna condición de partido bisagra y el despliegue de un amplio poder político, emanado, sobre todo, de su fundadora y líder, quien presidió el Consell de Mallorca entre 1995 y 20017 así como el Parlamento balear de 2007 a 2009, cuando se vio abocada a dimitir del cargo y a abandonar la política ante el cerco, cada vez mayor, de la Fiscalía Anticorrupción.
Para entonces, los fiscales ya habían destapado múltiples irregularidades en la gestión que la formación regionalista había llevado a cabo mientras gobernaba. La captación de votos para el partido con fondos públicos, el desvío de dinero con destino a los bolsillos de los integrantes de UM o la contratación en distintas instituciones de trabajadores que en realidad se dedicaban a llevar a cabo trabajos a beneficio de la formación, apenas dibujan parte de la trayectoria judicial del partido. El registro de la sede de UM dos días antes de su disolución se convirtió en uno de los primeros llevados a cabo en las dependencias de un partido político en la historia de la democracia.