Una madame 'ficticia' y un fabricador 'profesional' de pruebas: los dudosos testigos que incriminaron al magnate de la noche balear
Se convirtieron en los principales testigos sobre los que se asentaron, durante más de tres años, las investigaciones contra el principal empresario del ocio en Baleares, Bartolomé Cursach. Junto a este, unos 40 encausados más acabaron en prisión provisional con severos delitos gravitando sobre sus cabezas. Sin embargo, desde hace meses, varios informes de la Policía Nacional apuntan al presunto montaje articulado para sostener la existencia de un entramado mafioso destinado a proteger los intereses del grupo Cursach.
Tal es la magnitud de lo arrojado por las pesquisas que lleva a cabo el cuerpo policial que, en la actualidad, son los antiguos investigadores del caso Cursach —el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías de Blanqueo— quienes se encuentran en el punto de mira de la justicia. Dos fiscales anticorrupción de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, auspician las investigaciones en torno al papel desplegado por ambos juristas, quienes se habrían valido de un grupo de testigos dudosos para obtener falsas pruebas incriminatorias.
Junto a ellos, también se encuentran bajo lupa judicial aquellos que se erigieron en testigos clave a la hora de construir una de las mayores macrocausas abiertas en el archipiélago balear, largamente acostumbrado a los avatares judiciales. Una instrucción duramente cuestionada por las prácticas presuntamente irregulares que se habrían empleado en ella, hasta el punto de situar a juez y exfiscal en el epicentro de una "una organización criminal" asentada en el tiempo, dedicada "a la comisión reiterada de delitos" y que habría "sembrado el terror entre sus víctimas reales y potenciales".
El momento álgido del caso Cursach se produjo en marzo de 2017. Hay que remontarse a esa fecha para ubicar el momento en que el empresario, en medio de la amplia expectación que su detención había generado, era enviado a prisión sin fianza. Propietario de macrodiscotecas como Tito's, Riu Palace y Mega Park —la mayor cervecería europea al aire libre, cuya apariencia de abadía gótica se convirtió en emblema del ocio turístico en Mallorca—, varios testigos le habían incriminado en una red urdida, en connivencia con altas instancias políticas y judiciales, con el objetivo de mantener a flote sus negocios y perpetuarse así en la cúspide del ocio.
Los entonces investigadores del caso Cursach —y ahora investigados— cimentaron sus acusaciones valiéndose de las manifestaciones que, durante meses, efectuaron principalmente dos testigos. Por un lado, María José Losantos —entonces testigo protegida número 31 de la causa—, quien afirmaba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín.
Las investigaciones actuales apuntan, sin embargo, a que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo.
No solo eso. La supuesta "empresaria de la prostitución", como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció agresiones que, según subraya la Policía Nacional en uno de los siete informes que ha elaborado hasta el momento, tampoco se habrían producido. Por ejemplo, la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Los funcionarios policiales apuntan, en esta línea, a los "numerosos delitos de acusación y denuncias falsas" en los que la testigo —que llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro— habría incurrido.
Los actuales investigadores cuentan, además, con un arsenal de grabaciones y mensajes de Whatsapp que tanto juez como exfiscal remitieron a la madame 'ficticia' para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…) Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa".
Junto a la testigo 31, el otro de los hombres clave del caso Cursach es Daniel Corral —ex testigo protegido 29—, quien trabajó como camarero en una de las discotecas del grupo Cursach. Recientemente encausado a raíz de la supuesta alteración de pruebas que llevó a cabo a lo largo de la instrucción de la anterior causa, denunció durante su paso por dependencias judiciales cómo el establecimiento de ocio nocturno lo frecuentaban agentes de la Policía Local de Palma a quienes se les agasajaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección de Cursach. Llegó a declarar unas 60 veces ante el juez Penalva y el exfiscal Subirán.
Recientes informes policiales, no obstante, echan por tierra la versión de este testigo. Lo hacen con contundencia al aludir a Corral como un "auténtico misil teledirigido" por los dos juristas contra todo aquel que, de algún modo, dificultase sus investigaciones. Y llegan a tildarle de "persona taimada, inteligente, que fabrica pruebas con una preparación que raya lo profesional", además de considerarle como el testigo "más peligroso" de todos: "detrás tiene a todo un juez, un fiscal y un grupo de policías que lo amparan de forma presuntamente delictiva en su propio interés".
Las referencias de la Policía Nacional a este testigo centran uno de los dos últimos informes aportados por los funcionarios policiales en la causa que indaga cómo se construyó el caso Cursach. Y, a lo largo de sus más de 400 páginas, le describen como "una persona enfermiza y calculadora" que "no duda en acosar o denunciar de forma mendaz a todo aquel con el que se obsesiona o al que se enfrenta", además de aludir a la "protección incondicional que le prestó el grupo organizado a cambio de incriminar a policías locales" y a "cómo presentó a sus víctimas como verdaderos sicarios del grupo mafioso Cursach".
Los últimos acontecimientos acaecidos en las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades cometidas por juez y exfiscal ponen el foco en otro testigo, el número 26. Se trata de un trilero que, a cambio de supuestos beneficios procesales tras su arresto en 2016 en el marco de una macrooperación policial impulsada contra esta actividad ilícita, habría sido utilizado por Penalva y Subirán para apuntalar sus tesis sobre los presuntos tratos de favor intercambiados entre empresario y policías locales.
Ante las acusaciones que se ciernen sobre ellos, a mediados del próximo mes de septiembre tanto Losantos como Corral deberán rendir cuentas ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Ella lo hará por videoconferencia: recientemente, un Juzgado de Palma requirió su ingreso en prisión tras no haber hecho frente al pago de una multa de 720 euros que se le impuso, junto a una condena de ocho meses de cárcel, por apropiarse de fondos de un club de alterne y por denuncia falsa. También se ordenó su búsqueda y captura al no haber comparecido en su última citación ante la máxima instancia judicial de las islas, donde iba a ser interrogada por su papel durante la instrucción del caso Cursach.
Tanto Penalva como como Subirán, por su parte, alegan ser víctimas de un complot dirigido a tumbar las pesquisas que llevaron a cabo. De hecho, en un escrito presentado esta semana, niegan la existencia de indicios "verdaderamente sólidos" contra ellos y arremeten contra la actuación de los fiscales de Madrid por otorgar fundamento a una supuesta reunión que, según la Policía Nacional, mantuvieron el exfiscal y el trilero del caso Cursach para planificar su declaración en la causa. Unas manifestaciones que, aseveran los dos juristas, "pasarán a la historia negra del Ministerio Fiscal".
Mientras tanto, Cursach, bajo una petición de condena de ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo, y, junto a él, otros 23 acusados, permanecen a las puertas del banquillo acusados de una parte de las presuntas irregularidades denunciadas contra ellos. Las pesquisas permanecen en pie a pesar de las supuestas prácticas ilegales destapadas por la Policía Nacional en la instrucción del caso Cursach, lo que ha llevado al abogado del empresario, el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, a reclamar la nulidad de la causa por ver vulnerados sus derechos a un proceso con todas las garantías.
Otras defensas, como la del ex número dos de Cursach, Bartolomé Sbert, han llegado calificar el procedimiento judicial en el que se hallan inmersos de un "auténtico fraude, una ficción malvada y un artificio de principio a fin".