Los gastos de la oficina de Carles Puigdemont, en el foco de Fiscalía

Un puesto de trabajo en Bruselas y una oficina en Barcelona. Funciones de asesor que incluyen desplazamientos a Nueva Caledonia, Islas Feroe, Amsterdam, Londres o Ginebra; visitas a los consejeros presos en Lledoners presentando tiques de peaje de la autopista, o el pago de una cena al presidente Quim Torra y una comida a un relator de la ONU. Esos y otros gastos «exóticos» sufragados por la Generalitat están bajo la lupa de la Fiscalía, que investiga desde septiembre de 2018 si quienes forman parte de la oficina del expresidente fugado Carles Puigdemont cometieron delitos de malversación y si existió prevaricación en los nombramientos. El pasado verano la fiscal de Barcelona que abrió las diligencias imputó a Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont y responsable de su oficina en Bruselas desde que fue autorizada por la Generalitat. Alay fue detenido la semana pasada por la Guardia Civil en otra operación, la que investiga la trama de empresarios y ex cargos convergentes y de ERC que supuestamente desviaron fondos públicos, algunos de los cuales también habrían servido para financiar al expresidente. El historiador está además imputado por la Audiencia Nacional por la participación en la fuga de su jefe. Las funciones de Alay, igual que las del resto de responsables de las oficinas de Maragall, Montilla y Artur Mas (Quim Torra también tiene derecho a la suya) vienen definidas en el estatuto de los expresidentes, que recoge el procedimiento. Esas funciones consisten en organizar y controlar los actos, audiencias, visitas y viajes del expresident, en este caso Puigdemont (aunque se dé la paradoja de que esté fugado de la Justicia), por lo que la Fiscalía, a la vista de los gastos presentados con cargo a la Generalitat, señala: «No cabe que pueden ser atendidos con dinero público aquellos (los actos) en los que la finalidad perseguida es la de «internacionalizar el conflicto catalán». Cita de forma expresa los viajes en los que Alay acompañó a Puigdemont a Edimburgo, Amsterdam, Islas Feroe, Ginebra o Londres, en los que el que exjefe del Ejecutivo catalán se dedicó a hacer proselitismo del procés, a «denunciar la represión» o a buscar defensores internacionales de los «presos políticos». Entre agosto y diciembre de 2018 la Generalitat pagó a Alay por esos gastos de bolsillo 14.576,85 euros, de los que 11.203 se gestionaron a través de la agencia Corporacion Travel Partners en concepto de vuelos por medio mundo y hoteles. La fiscal llama una y otra vez la atención sobre el hecho que si el puesto de trabajo de Alay está en Bruselas no se justifica que no resida en esa ciudad, ni que se le indemnice por desplazamientos, alojamientos, parking y comidas por desplazarse hasta allí y mucho menos que la Generalitat pague una oficina en Barcelona (primero se autorizó la de la capital belga y luego se cambió a la Ciudad Condal), según la documentación entregada a la Policía Nacional y las declaraciones como testigos de personal de la Administración catalana. Multas en Francia Las partidas de gastos de representación, adelantadas por «Nius», incluyen desde tickets de aparcamiento, hasta comidas frugales en restaurantes «fast food» de carretera y otras no tanto como el almuerzo que pagó (115 euros) a un relator de la ONU en Barcelona para preparar la reunión que iban a mantener en Londres. En una de las hojas de gastos aportadas en concepto de desplazamientos en 2018 Alay consigna en la misma tabla el taxi de ida y vuelta para reunirse con el consejero de Interior Miquel Buch y los peajes de la autopista para mantener varios encuentros con los consejeros presos en Lledoners. En los cientos de folios de documentación solicitada por la Fiscalía aparecen pequeñas partidas no justificadas por la Intervención General, entre ellas una anotación de 45 euros y otra de 90, que corresponden a dos multas por exceso de velocidad de un Audi matriculado a nombre de la Generalitat que circulaba por el sur de Francia. Alay pagó esas multas y presentó informe para que se le abonaran en septiembre de 2018. En otro documento se identifica al conductor como mosso d'Esquadra y se asegura que son los conductores de coches oficiales quienes pagan sus sanciones.