Las claves de la ley que prepara Ayuso para proteger la educación concertada

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a iniciar otra guerra contra el Gobierno Central, en este caso por su política educativa. La llamada «Ley Celaá» es el blanco de sus iras, porque considera que incluye ataques a la escuela concertada y los centros de educación especial. Díaz Ayuso no piensa resignarse ante ella: ya ha anunciado una ley regional que «blindará» estos modelos educativos en la Comunidad de Madrid. La nueva Ley deEducacion, Lomloe, pasará hoy el primer filtro, el de la comisión de Educación del Congreso. Pero en Madrid no gustan muchas de sus características. En especial, que la escuela concertada no vea garantizada sus plazas en función de la demanda, como ocurre hasta ahora. Y también la intención de que en un plazo de diez años, los centros especiales desaparezcan, y los niños con necesidades educativas específicas acudan a colegios convencionales. Una fórmula que se argumenta desde la Administración central con fines integradores, pero que ha puesto en pie de guerra a muchas familias de niños con capacidades diferentes. La libertad de elección ha sido una de las banderas que el PP ha defendido en las últimas décadas de gobiernos en Madrid. Y lo mismo ocurre con la enseñanza concertada, que ha ganado adeptos y presupuestos en la región con los ejecutivos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso. Un paso adelante Precisamente esta última ya anunció, durante su discurso del debate sobre el estado de la región en septiembre, su intención de blindar a centros de educación especial y a la escuela concertada. Ya barruntaba lo que se venía encima con la «Ley Celaá». Ahora que la norma está en pleno proceso de tramitación parlamentaria, la presidenta madrileña da un paso adelante y anuncia una ley regional para proteger las fórmulas ya señaladas. La intención del Gobierno autonómico es redactar un texto legal en forma de ley regional, que permita que en Madrid la aplicación de la «Ley Celaá» no afecte a los centros educativos concertados ni a los especiales. Cuál será la fórmula que utilizarán para poder «saltarse» una ley orgánica desde el ámbito autonómico es la clave de bóveda de esta iniciativa. «Ante la mezquindad» De momento, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en ello. Aducen en el entorno de la presidenta que «el ámbito de competencias autonómicas a nivel educativo es amplio» y añaden que «se utilizarán todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para proteger la libertad de elección, avalada por el artículo 27.3 de la Constitución». La idea, remató la presidenta, es presentar esta ley «ante la mezquindad» del Gobierno Central, con la intención de defender «sin fisuras» la libertad de enseñanza y la educación especial. En la consejería de Educación reconocen que «la ley orgánica –la estatal de Educación que se está tramitando en el Congreso– prevalece sobre la autonómica». No obstante, alegan que la norma que prevé aprobar el Gobierno regional «lo que va a defender es el derecho a la educación concertada sostenida con fondos públicos y los centros de educación especial, porque las competencias en materia educativa son de las comunidades autónomas».Son, insisten, «modelos distintos». En una encendida intervención en el pleno de la Asamblea madrileña, el consejero de Educacion, Enrique Ossorio, aseguró que «el proyecto de Ley Celaá era ya muy perjudicial, pero durante la tramitación parlamentaria se está estropeando mucho más». «Con nocturnidad» De hecho, la primera recriminación que le hace a la titular del Ministerio de Educación es que se esté tramitando ahora, «mientras la sociedad está preocupadísima por el Covid-19», y «a a una velocidad inusitada, con nocturnidad y alevosía». Ossorio acusó a Celaá de estar «trabajando contra el pacto constitucional educativo: el Gobierno ha reconocido que una parte de la Lomloe es inconstitucional». Ylamentó especialmente que el proyecto legislativo del Gobierno Central vaya «contra la enseñanza concertada, castigando de forma rancia a ese 30 por ciento de familias madrileñas que optan por ella». La medida le parece al consejero de Educación regional un ataque «contra la libertad de elección», que también atenta contra otros planteamientos que se aplican en Madrid como «el distrito único», que permite matricularse en un colegio aunque no esté en la zona de domicilio o trabajo de los padres. Y «contra las familias numerosas, quitando los puntos extras» que ahora se les conceden a la hora de matricularse por tener otros hermanos en el centro. Pero lo peor tal vez sea el intento de «generalizar el aprobado general», en lo que calificó como «contra el esfuerzo». En sus palabras, la norma de Celaá debería llamarse «Ley Orgánica de Celaá, Iglesias y Rufián, que son los tres “pedagogos” que la están inspirando. La diputada popular Ana Camins también recriminó a la oposición que «han utilizado la educación concertada para sus hijos y ahora ese derecho del que han disfrutado, se lo quieren negar al resto de los españoles». Entiende que la ley «ataca vilmente a la educación diferenciada» –la que separa a niños y niñas en las clases–, pese a que «ya en 2018 el Tribunal Constitucional fue claro, la LOMCE no segrega contra las libertades de ningún niño». No entiende Camins la «imposición» de la educación sexual desde los 6 años que incluye la ley del Gobierno Central, algo que cree que «les obsesiona». Por todo ello, avisa que el PP llevará la ley «al Tribunal Constitucional».