Los acusados del juicio por el campo de fútbol de Moraña, incluido Louzán, niegan que hubiese prevaricación

Ninguno de los ocho implicados en la presunta trama de fraude y prevaricación por unas obras en el campo de fútbol de Moraña reconoció en la primera sesión del juicio celebrado en la mañana de este viernes en Pontevedra dichas irregularidades. Entre los acusados figuran el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la actual delegada de la Xunta, Luisa Piñeiro, que en la misma línea que el resto del banquillo negaron las acusaciones del fiscal. En su argumentario, el representante del Ministerio Público ha asegurado que sobre la licitación original de la obra, adjudicada a la empresa Eiriña por la cantidad de un millón de euros, se ideó un «sistema artificioso y en fraude de ley» para abonar a la constructora unos 86.000 euros por un presunto sobrecoste relativo a unas obras ejecutadas y no contratadas. Para ello, ha reiterado la acusación en la vista oral de este viernes, se organizó una segunda adjudicación a la que se invitó a otras dos empresas como «mero trámite» y que fue a parar de nuevo a manos de Eiriña, mediante una partida de libre disposición del presidente provincial, por esa misma cantidad reclamada. Expuesta esta tesis, el empresario Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña, ha señalado que él no consensuó «con nadie» la licitación de estas obras ni acordó que terceras compañías presentaran «presupuestos de compromiso» para darle legalidad a esta contratación irregular. «Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema», ha declarado Alonso Pais ante el tribunal, según recoge Efe. En su intervención, el empresario sí ha confesado que mantenía una relación «cordial» con Louzán, pero ha negado que hubieran urdido un plan para compensar las pérdidas que acumulaba su constructora. Sus palabras han sido suscritas por el entonces director general de Eiriña, Jaime Alvariñas, que dijo que las obras se ejecutaron «correctamente» y fueron contratadas a través de un proceso en el que concursaron «muchas empresas». Sobre las polémicas modificaciones, ha explicado que durante este tipo de trabajos «hay cosas que pasan, imprevistos», por lo que se modificó el proyecto para añadir «cambios» solicitados, entre otros, por el presidente del club de fútbol y por la alcaldesa de Moraña, «y se cobró todo» sin amaños o acuerdos «de ningún tipo». Por su parte, el entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Juanatey, ha defendido la legalidad de la tramitación de los dos contratos de obras y, con respecto al modificado, ha explicado que se licitó ante las «necesidades detectadas» para mejorar el campo. Llegado su turno de palabra, Rafael Louzán ha optado por no declarar ante el tribunal porque su abogado, al único al que iba a responder, ha renunciado a su testimonio. Acerca de esta decisión, el letrado ha explicado que todas las preguntas que le iba a hacer ya habían sido respondidas por los responsables de Eiriña y por los técnicos de la Diputación. La que sí ha hablado fue Luisa Piñeiro, que ha insistido en que la contratación, la adjudicación y el pago de estas obras fue gestionada «totalmente» por el gobierno provincial. Consultada sobre la relación con Eiriña, ha concluído que la empresa «nunca» le reclamó que le abonaran «ciertas cantidades» de dinero por los supuestos sobrecostes. Petición de nulidades Los abogados de los acusados han reclamado este viernes la nulidad de la instrucción al entender que el juzgado de primera instancia de número 7 de Vigo, que dirigía la Operación Patos, carece de «competencia territorial» para investigar estos hechos y que se hizo una instrucción «prospectiva» sin abrirse por un delito en concreto. Además, han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas y sus transcripciones al entender que son «totalmente ilegales», ya que se autorizaron seis meses antes de iniciarse esta investigación y no se custodiaron de manera adecuada. El expediente de las obras se remonta al año 2011.