Trabajadores de una residencia de Madrid intervenida en pandemia protestan por la nueva licitación: "Peligran puestos de trabajo"
En la fachada de la residencia de mayores Fundación Reina Sofía todavía quedan recuerdos de la primera ola de la pandemia, cuando este centro especializado en atención a enfermos de alzhéimer fue intervenido por la Comunidad de Madrid. "Muchas gracias a todos los trabajadores del centro por su sobreesfuerzo, atención y cuidado de nuestros mayores", reza una pancarta que se mantiene colgada en la entrada de la instalación. En los últimos días los profesionales han optado por colgar otra en la que expresan sus temores ante la nueva licitación del centro que acaba de publicar el Gobierno autonómico: "La residencia Reina Sofía está en venta. Los mayores no importan, los ingresos, sí", se lee.
Varias trabajadoras de esta residencia de gestión indirecta comentan esta situación en el cambio de turno a las tres de la tarde. Tras catorce años bajo la dirección de la empresa Clece, se ha licitado de nuevo la gestión del centro y la semana pasada convocaron los sindicatos a la plantilla para comunicarles las nuevas condiciones. En el nuevo pliego no se fija una cantidad mínima de profesionales necesarios para trabajar en la cocina — hasta ahora se exigían tres cocineros y seis pinches de cocina —, también desaparece una exigencia concreta de limpiadoras — en las cláusulas vigentes se requería la contratación de 30,5 —, tampoco hay mención a administrativos — había dos y un administrador — ni oficiales de mantenimiento, hasta ahora se exigía uno. El número de porteros-recepcionistas pasa de los siete actuales a 4,89 en la nueva licitación.
En la asistencia sanitaria, se ha reducido la alusión a las gerocultoras, pasando de las 92,75 solicitadas en 2006 a las 87 que se piden en 2020. Se mantiene estable el número de médicos (de 5 a 4,89) y aumentan los efectivos de enfermería, de 7 a 7,94. Desde la Consejería de Políticas Sociales no explican en qué consisten los cambios introducidos en este pliego, se limitan a asegurar que "en ningún caso se reducirá el personal contratado" y que con estas nuevas condiciones "se eleva la ratio del centro a 0,62 en el caso del personal de atención directa", sin explicar cómo llegan a esa conclusión.
A pesar de estas afirmaciones del Gobierno autonómico, las nuevas cláusulas han generado desasosiego entre las trabajadoras y temor ante su futuro laboral. Con este contexto, han comenzado a organizarse y amenazan con convocar concentraciones para reivindicar que se modifiquen las condiciones. "Nos ha sentado mal. Si en un pliego no veo a la mitad de compañeros con los que llevo trabajando más de diez años, imagínate. Si no se les cita en el papel ¿cómo van a estar? ¿qué va a pasar con ellos?", apunta Lorenza, una de las gerocultoras de la residencia, en alusión a la desaparición de las profesionales encargadas de higienizar la residencia en el desglose de plantilla exigida.
Por su parte, Magdalena, que pertenece al Comité de Empresa explica que "las personas que se encargan de la limpieza se han llevado un sofocón porque son fijas". "Corren peligro puestos de trabajo de limpieza o mantenimiento", añade. Más allá de las consecuencias que tengan estas medidas en su futuro laboral, las empleadas consultadas también temen cómo pueden afectar esas condiciones a los residentes. "Los usuarios están perdiendo mucho con la pandemia. Cuando vienen a verles no conocen a su familia, les cuesta por las mamparas y las mascarillas", añade Loli Pérez de Rojas, una de las limpiadoras y que también forma parte del Comité.
Este centro, situado en el barrio de Vallecas, fue uno de los 14 que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso intervino entre los meses de marzo y julio porque había detectado "un incremento no esperado de fallecimientos", justificaron desde el Ejecutivo autonómico. A lo largo de la primera ola de la pandemia, 30 usuarios fallecieron en la residencia, 17 de ellos con un positivo o síntomas vinculados a la Covid-19. Las trabajadoras consultadas aseguran que durante aquella época no les faltó material. "En todo momento la dirección del centro ha reconocido nuestro trabajo", apunta Magdalena.
La empresa Clece, que ha gestionado durante catorce años esta residencia, no ha querido realizar declaraciones sobre las nuevas condiciones del pliego. Estas medidas se publicaron en el portal de contratación autonómica el pasado 13 de noviembre y en teoría tendrían que entrar en vigor antes de que termine 2020. En el desglose de trabajadores con los que debe de contar en el centro, la Consejería pasa de requerir en 2006 una "plantilla mínima exigida" de 165,5 trabajadores a una "plantilla equivalente" de 112,53 profesionales en 2020. En la documentación aportada por Clece, la compañía asegura que la "relación de personal actualizada" está formada por 274 empleados, de ellos alrededor de 50 se encuentran en excedencia voluntaria o sufren algún tipo de incapacidad. Una de las profesionales consultadas, Lorenza, explica que en estos meses "hay más gente que al inicio de la pandemia" y aún así no dan "abasto", advierte.
Desde la Consejería destacan que a los 112 profesionales citados en el pliego "hay que sumar 41,8 trabajadores más correspondientes al personal de atención indirecta", sin explicar tampoco cómo han realizado este cálculo, que no figura en el pliego de cláusulas administrativas. Tampoco aclaran qué va a pasar con los profesionales de mantenimiento, limpieza o cocina que ya no exigen contratar de forma directa.
Una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales se limita a confirmar que "en el pliego que se está licitando se ha sustituido el concepto de contrataciones por el de número de trabajadores con presencia física en el centro" para "tener un mejor control de la presencia real de los profesionales y evitar, por ejemplo, que se computen los contratos de trabajadores de fin de semana (cuya presencia física se limita a sábado y domingo)".
En el pliego de 2006 ya existía ese concepto y se requería "la presencia física todos los días del año" de tres médicos, cinco enfermeras y 51 gerocultoras, además de lunes a viernes tendría que contar con tres gerocultores más. Catorce años después, se mantiene la misma ratio en médicos y auxiliares, en gerocultores pasa a 54 de lunes a domingo, se ganan tres más los fines de semana. A pesar de ese incremento, el número de efectivos de esta especialidad se reduce de 92,75 a 87 en el desglose de plantilla publicado en los pliegos. La Consejería tampoco aclara este punto.
El sindicato Progesa, presente en el Comité de Empresa de la residencia Fundación Reina Sofía, ha analizado los pliegos. Su abogado explica que "el personal de atención directa es inferior en más de 20 trabajadores al listado de subrogación". Asimismo, destaca que "no hay desglose económico de los costes indirectos del servicio, por lo que se desconoce lo que se asigna para personal de limpieza, mantenimiento o cocina" y resalta que no se añade "ningún sobrecoste por la actual situación de Covid-19". Finalmente, apunta a que en 2006 se exigía "116,9 personas equivalentes a jornada completa" y catorce años después se reduce esa cifra a "112,54".
Las trabajadoras esperan que la Comunidad aclare su futuro y el de sus compañeras. Estas profesionales recuerdan que "han estado al pie del cañón" durante todos los meses de la pandemia y han "hecho vida de monjas'' para evitar contagiar a los usuarios del centro. "Llegas a casa y no haces la cuarta parte de vida social que hacen los demás porque trabajamos con población de riesgo", incide Magdalena, que anuncia una concentración junto a sus compañeras para pedir la modificación de las condiciones recién publicadas por la Comunidad.