La Fiscalía de Ceuta pide cuatro años de cárcel para el que golpeó los coches de Sánchez y Marlaska durante la crisis fronteriza
La Fiscalía de Ceuta pide cuatro años de prisión para el único ciudadano que llegará a juicio oral por saltarse los cordones policiales y golpear los vehículos oficiales del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a la ciudad autónoma del pasado mes de mayo en plena crisis fronteriza y migratoria con Marruecos.
El Ministerio Público le imputa dos presuntos delitos de resistencia y desobediencia grave a la autoridad y de daños por los que también reclama que el procesado sea condenado a pagar una multa de 24 meses a razón de 12 euros diarios y 252,3 en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en un vehículo policial, según la calificación a la que ha tenido acceso íntegro Europa Press.
La acusación popular considera probado, tal y como ha adelantado 'El Faro de Ceuta', que el individuo, con antecedentes por resistencia, formaba parte del grupo formado por aproximadamente medio centenar de personas que, el 18 de mayo a primera hora de la tarde, se concentró ante el helipuerto para increpar a Sánchez y Marlaska.
A la salida de la infraestructura de ambos políticos, «con ánimo de infringir el principio de autoridad y de menoscabar bienes de uso público», desoyó «reiteradamente» las órdenes de los agentes y rebasó el cordón policial desplegado para evitar el acercamiento de los allí congregados a las autoridades, «propinando golpes y patadas a la parte delantera izquierda y ventanilla del vehículo oficial camuflado en el que viajaban los escoltas» del presidente y el ministro.
La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de la Policía Nacional abrió una investigación que permitió identificar a dos manifestantes que atacaron los automóviles de la comitiva de Sánchez y Marlaska, pero uno de ellos aceptó ser condenado por conformidad durante la instrucción de la causa.
El PSOE de Ceuta exigió al Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) el despido «inmediato» del por aquel entonces gerente de una empresa municipal, el ex consejero Gregorio García Castañeda, por su participación en la movilización, que el propio Ejecutivo regional tachó de «bochornosa», aunque lo recolocó inmediatamente después de su cese como asesor.