Fondos reservados sin control

La comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados lleva sin constituirse desde febrero de 2019, cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para abril de ese año. El bloqueo irresoluble entre partidos impidió que el PSOE lograra un acuerdo de investidura, por lo que volvieron a celebrarse comicios en noviembre. Pero ni siquiera tras conformar el actual Gobierno de coalición con Podemos y sellar alianzas con sus socios independentistas, esa comisión, determinante para la seguridad del Estado y en la que se rinden cuentas de la utilización de los fondos reservados, ha podido ser constituida. El motivo de fondo es la negativa del PP y de otros grupos parlamentarios de la oposición a que Bildu y ERC tengan diputados presentes en la comisión. Sin embargo, la persistencia en esta parálisis que está impidiendo al Congreso fiscalizar los secretos de Estado reside en que el PSOE se niega a que Meritxell Batet modifique una resolución de la Presidencia del Congreso de 11 de mayo de 2004 -por entonces la ocupaba el fallecido diputado socialista Manuel Marín-, que permitía a cualquier partido con grupo parlamentario propio acceder a esa información tan sensible. Y hoy, casi veinte años después, tanto Bildu como ERC tienen grupo propio.


La ley de 1995 que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados no dice nada sobre quién ha de conformar esa comisión parlamentaria. Establece de modo genérico que «los créditos destinados a gastos reservados estarán sujetos al control del Congreso a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales». En mayo de 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó a través de Marín una resolución del Congreso según la cual «si la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada grupo parlamentario. Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos». Esta resolución continúa vigente y, sin que Batet la modifique, ERC y Bildu tienen derecho a participar en esa comisión.


Las tres quintas partes del Congreso solo las suman el PSOE y el PP, algo idéntico a lo que ocurre con la fallida renovación del Poder Judicial desde hace ya más de tres años. Si se pusieran de acuerdo, sería factible conformar la comisión de inmediato. Sin embargo, es comprensible el rechazo de la oposición a que Bildu o ERC dispongan de información clave para la seguridad del Estado. Primero, porque no son partidos fiables y no tardarían en romper la regla que exige confidencialidad sobre los secretos oficiales. Más aún, los utilizarían en beneficio propio comprometiendo asuntos de Estado. Y segundo, porque por encima de los pretendidos derechos y privilegios de los grupos parlamentarios ha de priorizarse la seguridad global. No tiene sentido que partidos que pretenden la demolición del Estado estén legitimados para conocer ese tipo de información. Bastaría con que Batet aprobase una nueva regulación para desbloquear esa comisión y dejara de culpar a la oposición… salvo que el objetivo real del PSOE sea el que ya avanzó en su día Pablo Iglesias: que Bildu participe de la «dirección del Estado». Es grave que las instituciones, y en especial la sede de la soberanía popular, condenen a organismos tan cruciales a un limbo inútil solo por dar gusto al separatismo y a un partido heredero de ETA.