Inseguridad, elección y polarización, y otros 7 riesgos políticos para 2022
Los negocios y gobernabilidad del país podrían verse afectados por 10 factores durante el año en curso, entre ellos las elecciones en seis estados, la discusión de la reforma eléctrica y el incremento de inseguridad, de acuerdo con estimaciones realizadas por la consultoría Integralia expuestas en el informe Diez Riesgos Políticos para 2022.
Los dos primeros riesgos –etiquetados como de probabilidad muy alta– comprenden el recrudecimiento de la polarización por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a sus temas de agenda de gobierno, entre ellos la revocación de mandato y las reformas eléctrica y electoral.
Como parte de ello, el informe prevé que se realice la consulta de revocación de mandato, con poca participación, mediante la cual presumirá que el “pueblo ratificó el mandato” y se culpará al Instituto Nacional Electoral (INE) de no promover la consulta y así generar la coyuntura de presentar la reforma electoral.
“Contribuirán a un recrudecimiento del conflicto entre el INE y la coalición oficialista, lo que a su vez fomentará mayor concentración de poder en manos del Presidente –en especial si se aprueba la reforma y se lastima seriamente la legitimidad del instituto–, así como mayor incertidumbre jurídica en relación con el sistema electoral mexicano”.
El tercer riesgo, de probabilidad muy alta, es la participación del crimen organizado en la elección de seis gubernaturas, pues desde 2021 se observó mayor intervención de grupos delictivos, lo que dejó como saldo 179 víctimas mortales, de acuerdo con datos de la consultora, pues se disputarán estados que son “relevantes para las operaciones del crimen organizado”.
Las elecciones como tal están identificadas como un cuarto riesgo, pero de probabilidad alta, cuyo escenario perfila hasta cinco de las seis gubernaturas para Morena: Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y sólo una de garantía para el PAN, Aguascalientes.
“Aumentaría la concentración de poder y el dominio territorial de la coalición oficialista”, pues dominaría 21 entidades, lo que no se veía desde los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
El quinto riesgo, etiquetado como probabilidad alta, toca nuevamente a la reforma eléctrica. El Ejecutivo federal movilizará a sus bases para hacer propaganda y presionar a los legisladores. La oposición podría verse debilitada , con lo que “muchos diputados de oposición (sobre todo del PRI) podrían votar a favor”.
Se prolongará la discusión tras las elecciones, y eso generará desconfianza, que ya “se ha manifestado en la caída de la inversión privada en el sector, lo que no ha sido compensado con una mayor inversión pública”.
La inversión también podría afectarse por el aumento de delitos como homicidio, extorsión y robo, pues no se prevé cambio de estrategia, no se fortalecen policías locales y las Fuerzas Armadas “tienen la instrucción de no intervenir directamente en operativos violentos contra grupos del crimen organizado o de captura de narcotraficantes de alto nivel”.
En tanto, según el séptimo riesgo de probabilidad alta, al Ejército se le aumentan tareas ajenas a la seguridad nacional y, por ende, se le otorga mayor presupuesto, lo que potencia las probabilidades de corrupción e ineficacia gubernamental.
El reporte incluye tres riesgos de probabilidad baja: fragilidad financiera por ingresos “inferiores”, la inexperiencia en política monetaria de Victoria Rodríguez, presidenta del Banco de México, que podría no dar una respuesta adecuada a la crisis inflacionaria y, finalmente, la cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, pues con la llegada de la ministra Loretta Ortiz aumentan las probabilidades de fallos a favor de la 4T.