El INE, en la tormenta perfecta
En cualquier democracia es fundamental que existan mecanismos de control ciudadano para revisar el desempeño de gobernantes, someterlos a rendición de cuentas y, de ser necesario, retirarles la confianza y removerlos del encargo conforme a reglas y procedimientos establecidos. La incorporación de la revocatoria de mandato en la Constitución y ley mexicanas es un avance significativo para involucrar a todas y todos en la evaluación de quienes ejercen el poder político.
Como procedimiento de democracia participativa directa, la revocatoria debe activarse por iniciativa de ciudadanos organizados con apego a la institucionalidad democrática. En México, el actual ejercicio dista mucho de ser una evaluación del gobierno implementada por la ciudadanía y sí, en cambio, un mecanismo de presión para debilitar a la autoridad electoral. Veamos los argumentos siguientes:
Primero. La revocatoria en curso corresponde a un compromiso de campaña y a una instrucción presidencial dada a Morena y a todas las organizaciones afines. Los hechos demuestran que hubo grupos de ciudadanos en la recabación de las firmas, pero éstas aparecieron después de las discusiones sobre la aprobación de la Ley respectiva y de insistentes llamados del primer mandatario. No fue la sociedad civil organizada ni personas en lo individual quienes la exigieron.
Segundo. Fue evidente la intervención de Morena y de múltiples grupos afines los que buscaron en tiempo récord, en plazos casi vencidos, el registro masivo de personas que se acreditaran ante el INE para recabar firmas, casi de un día para otro, ahí están los datos oficiales. Después vino la andanada de papel y de fotografías en la aplicación.
Tercero. El cerco a la autoridad se concretó con la disminución presupuestal más severa de la historia, 4 mil 913 millones de pesos, acordada por el grupo mayoritario de diputados seguida de una estrategia jurídica y de argumentos que pretenden hacer creer a la sociedad que no hubo tal disminución y que, en cambio, se le otorgaron más recursos que en otros años.
Cuarto. La emisión de acuerdos y sentencias judiciales que obligan al INE a continuar con recursos propios, sin importar que ello lesione atribuciones esenciales de la autoridad. Ahí están los dos acuerdos de la SCJN, el primero del ministro Alcántara dictado sobre la interposición de la controversia constitucional diciéndole al INE que continúe sus ajustes y dado que no había el total de firmas la revocatoria era un hecho futuro e incierto; y el segundo de la Comisión de Receso, que dejó sin efecto el acuerdo del INE para posponer las actividades posteriores a la verificación de firmas; y la sentencia de la Sala Superior del TEPJF que revocó el acuerdo de posposición y le dice al INE que continúe y que solicite ampliación presupuestal a la SHCP, la cual deberá contestar de manera motivada y fundada y claro que lo hará pero para decir que no.
Conclusión, el INE quedó atrapado en un callejón sin salida ante la injustificada disminución presupuestal aprobada por diputados de Morena y sus aliados. Enfrenta el activismo del gobierno y su partido para estrangularlo y la incomprensión judicial que obliga a usar dinero de programas esenciales. En medio de la tormenta perfecta, el 10 de abril habrá “revocatoria”, el “espejo mágico”, un instrumento de medición oficial que dirá el nivel de respaldo que tiene la cuarta transformación, tal y como se pidió en el discurso del pasado 1 de diciembre. Con independencia de los resultados, el INE pagará las facturas pendientes. Viene la reforma.