Sánchez anuncia el control de precios de los test de antígenos tras dispararse en la sexta ola
"La situación no es la misma que hace un año". Esa es la máxima de Pedro Sánchez para explicar la relajación de las medidas de control de la COVID-19, como la reducción de las cuarentenas de los contagiados o las nuevas condiciones para las de los niños en los colegios, e incluso para abrir el debate sobre los parámetros con los que se contabilizan los casos de coronavirus que ha insistido en que se está convirtiendo en una "enfermedad endémica" dejando atrás la pandemia que se declaró hace casi dos años. En plena sexta ola -para la que espera que el pico de contagios llegue en las "próximas semanas" y empiece a reducirse después del mes de enero-, el presidente del Gobierno se ha comprometido a controlar los precios de los test de antígenos, que se han disparado en las farmacias de algunos lugares de España.
“Nos meteremos con el control de los test de antígenos”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER en la que se ha comprometido a meter mano en los precios de esas herramientas de detección que se han demostrado fundamentales en las últimas semanas ante el colapso en los centros de atención primaria. Lo que ha dado por zanjado es el problema de escasez en el suministro que hubo en los días previos a las fiestas navideñas y que ha denominado como "cuellos de botella" en la oferta. Lo que no ha explicado es cómo pretende introducir medidas de control de los precios de los test de antígenos y de lo que no se ha mostrado partidario es de su venta en supermercados, como sucede en algunos países europeos.
Otro de los anuncios que se reservaba el presidente para el arranque del año es la compra este mes de enero de 344.000 dosis del fármaco antiviral oral que está elaborando Pfizer y que reduce en torno a un 88% la posibilidad de hospitalización por coronavirus. "Tenemos que ir evaluando la evolución de la COVID hacia una enfermedad endémica de una pandemia que es lo que hemos vivido hasta ahora", ha insistido Sánchez, que ha asegurado que en España se ha respondido "de manera positiva a la vacunación" -por lo que no considera que haya que plantearse el debate de hacerla obligatoria- y que ahora es necesario responder con "nuevos instrumentos más vinculados a la vacunación, las mascarillas, el apoyo institucional, el aporte de la ciencia o la solidaridad internacional.
Sánchez, que se ha mostrado convencido de que la vuelta a las aulas será "segura" como sucedió en plena pandemia y sin haber puesto aún en marcha la vacunación, ha reconocido que los altos índices de vacunas permiten incluso abrir el debate sobre cómo evaluar a partir de ahora la expansión de la enfermedad. Así, preguntado por si se plantea dejar de contar contagios y pruebas como hasta ahora, ha reconocido que es una cuestión que el Gobierno está abordando "desde hace semanas" con los técnicos y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "está planteando a nivel europeo". "La ciencia nos ha dado la respuesta para seguir reduciendo los contagios", ha comenzado en su respuesta antes de recordar que la letalidad ha descendido desde el 13% al 1%: "Tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco. abriendo ese debate a nivel técnico, a nivel de los profesionales de la salud y a nivel europeo, empecemos a evaluar la evolución de los parámetros de esta enfermedad de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora".
A pesar de que Sánchez ha insistido en que se está trabajando en esa cuestión desde "hace semanas", no tiene la intención de convocar a los presidentes autonómicos con la periodicidad de diez días a la que se comprometió cuando explotaron los contagios en diciembre por la irrupción de la variante ómicron y lo ha dejado en manos de los responsables de Sanidad del Gobierno y las comunidades. Su intención es convocar de nuevo a los líderes de los ejecutivos autonómicos una vez de forma telemática en enero y que la Conferencia de Presidentes ordinaria se celebre en La Palma en el mes de febrero.
Sánchez se ha mostrado convencido de que logrará sacar adelante el principal reto que tiene por delante tras la vuelta del parón navideño: la reforma laboral. A pesar de que por ahora el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes ya que los socios han mostrado su distancia con el texto pactado con sindicatos y patronal, ha asegurado que “hay un sentido común en el poder legislativo, una mayoría de grupos que no van a impedir la convalidación de este decreto ley tan importante".
“Creo que las Cortes Generales tienen que convalidar y refrendar un buen decreto ley que es bueno para el país, para las empresas y los trabajadores. Le pido a la derecha que deje esa oposición negacionista que mantiene desde el inicio de la legislatura y anteponga el interés general al particular”, ha resumido el presidente, que persigue la abstención del PP. Aunque no ha iniciado ningún contacto con el partido de Pablo Casado -aunque sí lo ve "pertinente" y asegura que se producirá próximamente al igual que con el resto de grupos parlamentarios-, le ha reclamado insistentemente que abandone la “oposición negacionista”.
"En España el negacionismo político también existe: tenemos a una derecha que se opone a cualquier avance o conquista social que proponga el Gobierno de España, aunque venga refrendado por los agentes sociales", ha lamentado antes de intensificar la presión sobre Casado: "Si uno no defiende el interés de los empresarios y tampoco el interés de los trabajadores, nos tendremos que hacer la legítima pregunta de cuáles son los intereses que está anteponiendo el PP ante este debate necesario".
Es precisamente a esa "oposición negacionista" del PP a la que Sánchez atribuye el ascenso de Vox en España. "Hay colectivos no menores en las sociedades que cuestionan el funcionamiento de la democracia, que consideran que no es un instrumento eficaz para responder a sus demandas (...). Hay personas que cuestionan el funcionamiento de la democracia y lo que hacen es mirar hacia liderazgos autoritarios", que es lo que en definitiva hace la ultraderecha. Este es el principal error que está cometiendo la derecha española", ha explicado el líder socialista, que sostiene que la receta del Ejecutivo en contra del crecimiento de la extrema derecha es continuar con la "agenda de reformas", entre ellas la laboral, pero también otras como la fiscal, para la que pretende tener pronto el boceto elaborado por la comisión de expertos.
Consciente de que los aliados parlamentarios de la coalición exigen más ambición al texto de la nueva legislación laboral, Sánchez ha reconocido que al Gobierno le hubiera gustado ir más allá pero ha antepuesto el acuerdo con la patronal: “Es evidente que no es la reforma laboral que el Gobierno hubiera hecho, tampoco imagino la patronal ni los sindicatos; pero en aras de un acuerdo todos hemos cedido para poder lograr el mejor acuerdo que nos represente a todos".
"Si hay un acuerdo entre empresarios y sindicatos, en cualquier país, es de sentido común, estarían convalidando este decreto ley", ha reiterado Sánchez, que ha recordado a los aliados de la coalición que el texto de la reforma laboral recoge elementos en los que "existía un acuerdo previo", como la subcontratación o la prevalencia de determinados convenidos. No obstante, ha señalado a que "el bloqueo está en el principal partido de la oposición" tras resaltar, en contraposición, el "sentido de Estado, de los agentes sociales.
Sánchez se ha mostrado molesto por "la polémica" suscitada a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y ha defendido al sector ganadero de España que "produce una carne de extraordinaria calidad". "Lamento las declaraciones porque han generado una polémica que no se compadece con la realidad del sector", ha dicho Sánchez en la entrevista en la que ha evitado respaldar al líder de IU, con quien no ha querido revelar si ha hablado desde entonces, y le ha señalado en reiteradas ocasiones por levantar una polémica sobre este asunto. Marcando distancias con el ministro de Consumo, como ya hizo la portavoz del Ejecutivo, ha recordado que la posición del Gobierno "se expresa en el Boletín Oficial del Estado, en las políticas y en los acuerdos con el sector".
Ante ese debate que se ha producido en plena precampaña electoral en Castilla y León -y que han usado PP y Vox, aunque también ha provocado malestar en el PSOE-, Sánchez ha aprovechado para recordar el apoyo del Ejecutivo al sector primario -y en concreto al cárnico- y también a la región, a la que asegura que cuando acabe la legislatura su Gobierno habrá "transferido un 26% de recursos más que la anterior Administración" de Mariano Rajoy. También ha recordado que se están "descentralizando instituciones" -"y Castilla y León se está beneficiando". Tras mostrar su apoyo al Ejecutivo regional como presidente, se ha puesto el traje de secretario general del PSOE para defender que "después de 35 años es importante abrir un tiempo nuevo de cambio y esperanza en una tierra que lo necesita".
A pesar del encontronazo con Garzón y de los recelos que levanta en Moncloa el protagonismo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Sánchez ha asegurado que tiene "buena relación" con ella y el resto de ministros de Unidas Podemos. Así, se ha mostrado convencido de que su paso por el Gobierno y la contribución "con sus aciertos y errores" a "dignificar la vida de los españoles" será un "activo" en las generales. "Lo que deseo, con el respeto a la autonomía a ese espacio político, es que lógicamente salgan fortalecidos con el liderazgo de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz", ha expresado tras admitir una vez más que le gustaría que en el bipartito hubiera "menos decibelios" ante los choques que han protagonizado en los dos años de legislatura.
El presidente no ha querido poner fecha a la próxima cita para la reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat, que fue precisamente la herramienta que le permitió sacar adelante la investidura con la abstención de ERC, y que enfría frente a las expectativas de los republicanos: "Tendrá lugar, se celebrará; pero las instituciones estamos en algo más urgente e importante para la ciudadanía como es la emergencia sanitaria". "Va a producirse esa reunión y a lo largo de este año vamos a tener más de una reunión y espero que podamos lograr avances", ha dicho el presidente, que ha advertido de que los republicanos siguen en sus posiciones "máximas" respecto a la autodeterminación y que en ese ámbito no será posible lograr un entendimiento que ha pedido también que se busque en el ámbito de la política catalana.