La Generalitat y el Parlamento catalanes desprecian el español en sus páginas webs oficiales
El español, el catalán y el aranés son las tres lenguas oficiales de Cataluña, según la Constitución (1978) y el Estatuto de Autonomía (2006), y la administración pública de la Generalitat les debe dar a las tres el mismo trato, sobre el papel. Sin embargo, con algo tan sencillo como la disponibilidad en internet de las páginas webs oficiales autonómicas se manifiesta una evidente discriminación para los ciudadanos que quieren informarse y contactar con la Generalitat en español o aranés. Así consta en un informe de la asociación Impulso Ciudadano que analiza unas ochenta webs de la administración autonómica catalana.
Bajo el título 'Viaje por 80 webs de la Generalitat', la entidad escanea la presencia de las lenguas oficiales, tanto en su contenido digital como en los enlaces que en ellas están disponibles. La conclusión del informe es rotunda: «Omnipresencia del catalán y discriminación del castellano y del aranés». Todos los espacios están en catalán, algunos en español y muy pocos en aranés. En algunas páginas, incluso, la Generalitat y el Parlamento catalanes incorporan el traductor automático de Google, equiparando el español con las lenguas extranjeras y señalando que: «No se hace ninguna revisión de la traducción, por tanto, es posible que contenga errores».
Derecho y obligación
Desde Impulso Ciudadano, asociación que preside José Domingo, recuerdan que la relación por internet entre las administraciones y los ciudadanos es cada vez más importante, pues gran parte de esta se realiza mediante el acceso de páginas webs oficiales. En este sentido, es un derecho de los ciudadanos y una obligación para las administraciones públicas, según la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, poder relacionarse electrónicamente y hacerlo con los medios necesarios para ello. Y hacerlo sin discriminación, tampoco la lingüística.
Según se desprende del informe, consultado por ABC, ni la Generalitat ni el Parlamento cumplen con la Constitución, el Estatuto y la normativa derivada. Estas discriminaciones, en materia lingüística, se dan desde páginas informativas (casi propagandísticas), como la del presidente de la Generalitat, hasta algunas que recogen guías y planes estratégicos en materia económica, guías de salud o las webs de los presupuestos aprobados, pasando por la web del Parlamento autonómico.
Entre las ochenta páginas escaneadas está, por ejemplo, President.cat, dedicada a la figura del presidente autonómico, con su biografía y su actividad diaria, básicamente. Este espacio está al cien por cien en catalán y tiene una traducción al inglés. Ni rastro del español o el aranés. Cero líneas.
Otro ejemplo es el portal web del Parlamento, institución que representa a todos los catalanes. La página está en catalán y, aunque aparece una pestaña que remite a 'Idiomas', solo es una traducción automática de una selección de espacios estáticos (historia, glosario...). Las leyes sí se publican en español y aranés (en este idioma en menor medida), pero tiempo después de su aprobación y de hacerlo en catalán. Sin embargo, el Portal Jurídico de la Generalitat (que recoge toda la normativa que afecta a Cataluña) está exclusivamente en catalán, a diferencia del Diario Oficial, que incorpora el español, pero no el aranés.
Los casos se repiten, en mayor o menor medida, en casi todas las páginas analizadas. Las noticias del Govern, verbigracia, se publican semanas después en español. Los vídeos sobre la salud de los bebés en la web de la Consejería de Salud, solo en catalán. Lo mismo ocurre con las guías sobre dependencia o el asistente virtual para acceder a la ayuda de la renta garantizada. La página que recoge los presupuestos para 2022, solo en catalán.
«El resultado es claramente discriminatorio para aquellos ciudadanos que quieran recibir información o interactuar en castellano o aranés con la Generalitat», apuntan desde la entidad, que enviará el informe al Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, así como a la Generalitat y el Parlamento para que corrijan la situación.