Arrimadas abre una suma alternativa en la reforma laboral
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«No hacemos una valoración negativa de la reforma. Hay cosas que nos gustaría mejorar, pero hacemos una valoración global. Es una reforma fruto del consenso social y creemos que es bueno proteger el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal», apuntan a ABC fuentes del PDECat. Esta formación cuenta con cuatro escaños en el Congreso y se mantiene a la espera de que el Ejecutivo se comprometa a no tramitar la reforma como proyecto de ley si obtiene los escaños suficientes para eludir este paso.
UPN, al frente de los dos diputados de Navarra Suma, mantiene una posición similar. Este partido tampoco ha fijado aún su voto porque desconoce si el Ejecutivo terminará introduciendo enmiendas que echen abajo el pacto social, pero si la reforma presentada se preserva, parece difícil que voten en contra. «Valoramos positivamente el acuerdo con sindicatos y patronal», señala su presidente, Javier Esparza.
Este argumento se repite en Coalición Canaria, con un escaño en el Congreso. «Estamos de acuerdo por filosofía con cualquier cosa que los empresarios, que son los que tienen que crear empleo, y los sindicatos, que son los que defienden los derechos de los trabajadores, estén de acuerdo», señala su portavoz parlamentaria, Ana Oramas. «Si se ponen de acuerdo (empresarios y sindicatos), tenemos poco que decir», advierte la política canaria, que rompió la disciplina de voto de su partido para no apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Hasta 174 ‘síes’
Compromís, socio habitual del Gobierno, reclama más profundidad en la reforma, pero al mismo tiempo descarta votar en contra. «Esperábamos que fuera mucho más amplia y por las conversaciones previas que tuvimos con la ministra creímos que iba a ser así», critican fuentes del partido. «Intentaremos ver cómo se configuran las mayorías e intentaríamos que se profundice en la reforma, pero es una mejora y sería muy difícil de tumbar algo que es bueno», añaden descartando su voto en contra. Fuentes de Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe, con un escaño cada uno, descartan también el voto en contra mientras Más País, con dos escaños, deja las puertas abiertas. «Las posiciones están alejadas, pero creemos que queda tiempo para que el Gobierno dialogue con los grupos de la investidura», señalan fuentes de este partido.
Este abrigo al acuerdo de sindicatos y patronal coloca a tiro de piedra la convalidación del decreto. La suma de PSOE, Podemos y Ciudadanos alcanza los 163 escaños, ampliables hasta los 174 si el Gobierno ata los ‘síes’ de PDECat, Navarra Suma, CC, NC, PRC, Teruel Existe y Compromís. Por contra, las formaciones que han confirmado o apuestan por votar ‘no’ se sitúan en 148 escaños: PP, Vox, Junts, CUP, BNG y Foro Asturias. Incluso si ERC, Bildu, PNV y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero se unieran a este bloque los ‘noes’ alcanzarían los 173, con lo que el Gobierno aún tendría margen para negociar y salvar la reforma con los partidos pequeños.
No obstante, la preferencia de Moncloa es sacar el acuerdo con sus socios de investidura. Y que este trance parlamentario no fomente la ruptura. Pero, sin duda, el Gobierno está dispuesto a utilizar la posibilidad que se abre con la salida de Cs del bloque de los votos negativos. Las negociaciones, por tanto, continúan. El Gobierno ha mantenido contactos durante los últimos días con sus tres aliados y en el caso de Bildu tiene varias reuniones previstas durante esta semana. Fuentes de la formación insisten a este diario en que «avances, de momento, pocos. Por no decir ninguno». Tampoco hay acercamiento con ERC. El PNV, por su parte, mantuvo el pulso al Gobierno y cargó contra lo que considera un «chantaje», insistiendo en que no apoyará la reforma si no recoge la prevalencia de los convenios vascos. Aunque en el Gobierno están convencidos de que si depende de ellos, no se bloqueará la convalidación.
El acuerdo no se toca
Ante este escenario, la posición del Gobierno se mantiene intacta: el texto acordado con los sindicatos y la patronal no puede modificarse. Se debe convalidar en el Congreso de los Diputados sin tramitarse como proyecto de ley, evitando así que se abra a posibles alteraciones. En privado, altos mandos del Ejecutivo son muy claros: «No se puede tramitar como proyecto de ley. Es la posición del Gobierno». En la parte socialista del Ejecutivo tienen esto muy claro. Aducen que el acuerdo entre patronal y sindicatos tiene ya unos equilibrios que hace que abrir el texto para introducir modificaciones pueda expulsar a alguna de las partes.
Pese a que en un principio se aspiró desde la parte socialista a una abstención del PP, algo que no gustaba en la parte morada del Gobierno, en el Ejecutivo ven cerrada esa vía después de las últimas palabras al respecto de la dirección nacional. Por eso se activa para poner a los socios ante el espejo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estableció una línea argumentativa para forzar a sus socios a una aprobación del texto sin cambios: «Votar en contra es votar a favor de la reforma laboral del PP. Impuesta, unilateral y desequilibrada». Si la norma no es convalidada por el Congreso, se mantendría el marco laboral establecido con la reforma de Mariano Rajoy.
Y es ahí donde incide el Ejecutivo: «Me cuesta creer que vayan a votar a favor de la reforma de 2012». El Gobierno insiste en que se trata de una ley «absolutamente positiva» y que al ser fruto del diálogo entre los protagonistas de la relación laboral debería ser un texto al que «de manera natural se tienen que sumar la gran mayoría de los grupos».