Denuncian que el Gobierno pretende recaudar a través de las indemnizaciones de víctimas de accidentes
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Esta Asociación, que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector, ha trasladado su preocupación a la redacción de la Disposición final segunda del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia firmada por el anterior titular del Mº. de Justicia D. Juan Carlos Campo Moreno y aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020. En la misma, de forma escondida, se realiza una importante modificación de la Ley 35/2006 del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras.
“No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación lamentablemente sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de sept.), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente, por eso, desde el punto de vista fiscal, que las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente” asegura Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
Por lo tanto, esta proposición de reforma incurre en una grave confusión de la terminología legal de la Ley, que por vía de Disposición Adicional, pretende reformar, por lo que debe quedar claro que la exención de impuestos debe aplicarse a todos los perjuicios tanto, extrapatrimoniales (los daños morales) como patrimoniales. Estos ciudadanos más vulnerables son perjudicados por la culpa o negligencia de un tercero que les provoca un daño corporal que debe ser resarcido en su totalidad y se vería totalmente afectado en el supuesto que sea aprobada la mencionada Disposición.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley introduce cambios en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados que incrementarían los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada un “tercero neutral”, sin definición alguna de su función o cometido, y exige “escritura pública” cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora.