Todos están invitados a una mesa de diálogo, menos el Poder Judicial
El Poder Judicial no funciona bien. Es lógico: es parte de la Argentina, con lo cual comparte los vicios y defectos de la sociedad en la que actúa. También es parte de un Estado deficitario, razón por la cual padece una escasez de recursos que es casi permanente. Pero a diferencia de los otros dos poderes, no tiene herramientas para asignarse más fondos o crear recursos que aumenten su financiamiento, como puede hacer un gobernador o un intendente. Tampoco tienen una voz propia para defenderse de los ataques que reciben, y es uno de los motivos por los que numerosos dirigentes identifican a sus sentencias como una respuesta política.
En las últimas horas, el Gobierno reforzó su postura de duro enfrentamiento contra la Corte. El propio Alberto Fernandez remarcó que el tribunal tiene un problema de funcionamiento. Lo señaló después de que su viceministro de Justicia se mostrara a favor una marcha de sectores vinculados al oficialismo que promueve la remoción de sus integrantes.
El Ejecutivo cambió su estrategia de la relación con el sector empresario. Dejó atrás los ataques (por ahora) para abrir nuevamente las compuertas del diálogo. Pero en la coalición de gobierno no hay espacio para imitar ese comportamiento con los integrantes del mundo judicial. Como si los denunciantes del lawfare solo aceptaran la revancha como resarcimiento.
A los empresarios se los identifica como un factor de poder determinante a la hora de gestionar problemas como la inflación, el empleo y las inversiones. Pero contra la opinión que suelen tener los políticos, la Justicia también incide en la economía, más de lo que parece.
Los inversores no solo reclaman reglas claras y estables, sino un ámbito legal donde puedan ser defendidas y respetadas. Por eso es esencial que los gobiernos no solo se pronuncien a favor de la división de poderes, sino que contribuyan de manera positiva a mejorar su funcionamiento.
Horacio Rosatti, actual titular de la Corte, dio una entrevista periodística para afirmar que están dispuestos al diálogo. En su opinión, por ejemplo, ampliar la mayoría del tribunal -como algunos reclaman- no le daría mayor celeridad a su actividad, sino lo contrario, porque haría más largo y dificultoso consensuar los fallos. En el camino de esa pretendida eficiencia, también cabe recordar que 25% de los cargos de magistrados federales y nacionales están vacantes (en la provincia de santa Fe, jaqueada por el narcotráfico, esa cifra asciende a 50%), un contexto que claramente va a contramano de la administración de justicia.
Está claro que algo no funciona bien en este ámbito. Pero como cualquier otro problema institucional, seguro que no se arregla ni con marchas ni a los gritos.