Las empresas de entre 50 y 100 trabajadores tienen dos meses para aprobar sus planes de igualdad
Recta final para que las empresas con entre 50 y 100 trabajadores aprueben sus planes de igualdad. El próximo 7 de marzo finaliza el plazo de adaptación de tres años que el primer Gobierno de Pedro Sánchez dio a estas compañías, unas 12.000 activas según datos del INE, para tener lista la medida.
Estos planes buscan identificar los retos en materia de igualdad en los centros de trabajo mediante un diagnóstico, como puede ser la brecha salarial o el llamado "techo de cristal" por el que las mujeres no llegan a los puestos de poder, y ponerles solución a través de medidas concretas. No cumplir con esta obligación supone una infracción grave, sancionada con multas desde 751 a 7.500 euros, cada año más perseguida por la autoridad laboral.
El 2021, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo "más de 2.200 actuaciones" sobre planes de igualdad, un 47% más que el año anterior (que ya entonces fue récord), según datos facilitados a elDiario.es por el Ministerio de Trabajo. Las investigaciones han concluido con "163 infracciones". Las sanciones por tanto se cuadruplicaron, con un aumento del 329%, ya que en 2020 hubo solo 38 sanciones por este motivo.
"El importe de esas infracciones suman 324.771 euros", explica Trabajo. La cuantía multiplica por 4,5 (un incremento del 353%) los 71.617 euros de 2020. "Las infracciones afectan a 36.633 personas trabajadoras", añaden desde el departamento que dirige Yolanda Díaz. En 2020, hubo 22.972 personas trabajadoras afectadas por las infracciones, según los datos del ministerio.
Entre los sectores con más empresas con entre 50 y 100 trabajadores, y que están obligadas a presentar planes de igualdad de aquí a marzo si no lo han hecho ya, destacan en primer lugar, de acuerdo con los datos del INE, el comercio al por mayor (1.219), la educación (1.217) y la asistencia en establecimientos residenciales (512), actividades –sobre todo las dos últimas– muy feminizadas.
El Ejecutivo monocolor del PSOE amplió en marzo de 2019 la obligación de hacer planes de igualdad en las empresas. Hasta el momento era un deber para las compañías de más de 250 empleados y el Gobierno lo extendió a todas aquellas a partir de 50 trabajadores. La norma incluyó un periodo escalonado de adaptación: las empresas de más de 150 personas trabajadoras y hasta 250 tenían un año; las que contaban con más de 100 y hasta 150 personas en su plantilla, dos años; y por último se fijaron tres años, hasta el próximo 7 de marzo, para las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras.
En este tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez pasó a ser una coalición con Unidas Podemos y se ha ampliado la legislación sobre los planes de igualdad. El Ministerio de Trabajo, ya con Yolanda Díaz al frente, negoció con los agentes sociales el reglamento para detallar la letra pequeña de estos planes. Es decir, qué deben recoger y cuestiones básicas como la obligación de quedar registrados públicamente. El reglamento, que obliga a hacer auditorías salariales a las empresas con planes de igualdad, al final solo fue apoyado por los sindicatos.
En enero de 2021 entró en vigor el reglamento de los planes de igualdad, que también marca una fecha relevante esta misma semana. Este viernes, 14 de enero, finaliza el plazo de un año que el Gobierno dio a los convenios que ya estaban en vigor para adaptarse a las nuevas exigencias del reglamento, como la mencionada auditoría salarial y la inscripción pública de los planes en el Registro de Convenios Colectivos (REGCON).
Los convenios disponibles para la consulta pública en el REGCON alcanzan solo los 4.381, por lo que aún hay muchas empresas que no han cumplido con esta obligación. Las empresas activas que deben realizarlo rondan las 25.000, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el INE.
El registro público de los planes de igualdad fue otra de las novedades incluidas por el Gobierno, con el objetivo de perseguir a las empresas incumplidoras, ya que hasta el momento no había ninguna base de datos pública donde consultar si las empresas tenían o no planes de este tipo.
Según recuerdan en Trabajo, no registrar el plan de igualdad se puede considerar "una infracción grave tipificada en el artículo 7.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, sancionable con multas de hasta 7.500 euros".
"Ha habido muchísimo cambio en muy poco tiempo, pero esto aún tiene que rodar más. Que los planes de igualdad realmente funcionen", apunta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT y responsable de Mujer en el sindicato. Fue una de las negociadoras del reglamento sobre los planes de igualdad y está en la mesa con el resto de agentes sociales para diseñar documentos de guía para las empresas y los representantes de los trabajadores en este proceso, sobre el que aún hay bastante desconocimiento.
En abril del año pasado el Ministerio presentó la herramienta IR! para el registro salarial por sexos que deben cumplir todas las compañías y está pendiente de publicación una guía sobre "la valoración de puestos de trabajo", explica Antoñanzas. El diálogo social también va a abordar otra para hacer las auditorías salariales, añade.
Antoñanzas apunta además que las empresas deben vencer algunas resistencias, principalmente a facilitar información para elaborar los planes de igualdad. "En un plan es básico el diagnóstico de la situación en la empresa, que es lo que va a permitir detectar los problemas y poder solucionarlos, pero para ello la empresa tiene que facilitar mucha información, sobre salarios pero también sobre reducciones de jornada, tipos de contratos, formación, etc. Algunas se resisten a hacerlo y eso evita que los planes de igualdad cumplan con su objetivo", apunta la responsable sindical.