España pelea para no devolver un Pissarro robado por los nazis
Después de 22 años de litigio, la pelea por la propiedad del cuadro de Camille Pissarro, Calle Saint-Honore por la tarde, efecto de lluvia (1897), ha empezado este martes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el recurso final los abogados que representan a la Fundación Thyssen-Bornemisza —propietaria del cuadro desde que en 1993 el Estado español comprara al barón Thyssen-Bornemisza 775 cuadros por 350 millones de dólares— defenderán que en 1958 el Estado alemán compensó con 120.000 marcos a Lilly Cassirer por la pérdida del lienzo. En marzo de 1939, Otto y Lilly Neubauer (nuevo apellido de su segundo matrimonio) abandonaron Alemania, después de que los nazis purgaran al oncólogo de todos sus cargos y de que expoliaran todos sus bienes. El matrimonio judío padeció la extirpación metódica de sus bienes, que el Tercer Reich había impuesto a los dos meses de su creación, pero lograron escapar previo pago de un cuarto de millón de marcos por el visado de migrantes.
El agente del Tercer Reich que acudió al domicilio de los Neubauer a confiscar los bienes ofreció al matrimonio 900 marcos por el Pissarro que Julius Cassirer, empresario que hizo fortuna con una firma especializada en la venta de cable, compró en 1900 al propio pintor. Aquella cantidad que ofrecieron los nazis era irrisoria y ni siquiera llegaron a pagar. Esta campaña de expolio fue un auténtico acto de pillaje con apariencia de legalidad. De hecho, cuando volvió a aparecer el cuadro en el mercado, en 1943, se vendió por 95.000 marcos. Cien veces más de lo que le ofreció aquel nazi al matrimonio.
Durante la posguerra, los Neubauer buscaron recuperar la pintura, pero los aliados no la hallaron. Desapareció sin dejar rastro... Hasta 1951, que emergió en Los Ángeles. Un año después, lo compró un coleccionista de Misuri. Y en 1976 lo adquirió un marchante neoyorquino, que se lo vendió por 275.000 dólares ese mismo año al barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, cuando todavía residía en Lugano (Suiza). En el año 2000 el nieto de Lilly, el norteamericano Claude Cassirer, se enteró por casualidad que aquel cuadro de las fotos del antiguo salón de la casa en Munich de sus abuelos expoliados por los nazis colgaba del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y en 2005 reclamó el cuadro en los tribunales. Claude murió en 2010, a los 89 años y la demanda la han continuado sus hijos, David y Ava Cassirer, pero también la Comunidad Judía de Madrid, la Federación de Comunidades Judías de España, The 1939 Society y The Commision For Art Recovery, entre otros.
Hasta el momento, los abogados de la parte española han conseguido que la sentencia se sustente en la legislación española y no en la norteamericana. Los tres fallos favorables a la Fundación han llevado el caso a este punto, en el que los tribunales norteamericanos han priorizado la "buena fe" del comprador al adquirir el bien robado. Esta cláusula del Código Civil español —compartida con la mayoría de los países europeos— ampara los intereses del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La parte contraria no ha podido demostrar que el barón supiera o sospechara que compraba un bien robado por los nazis.
El fallo también admite, en función del Código español, que el poseedor de un bien mueble robado pueda serlo por usucapión. Este derecho se fundamenta en la "desidia del propietario original". De esta manera, la justicia cree que la actitud de Lilly Cassirer, superviviente exiliada de la Segunda Guerra Mundial, fue negligente por no ejercer sus derechos y de ello se aprovecha el Estado español. En 2018 los abogados cobraron a la Fundación un millón y medio de euros [PDF] por sus servicios; en 2019, la cifra bajó a 186.000 euros [PDF].
Según José Luis de Castro, abogado y amicus curiae (figura procesal en el derecho norteamericano como amigo del tribunal o experto independiente), España se ha enfrentado diplomáticamente a EE. UU. por este caso. Su dictamen como experto independiente ha sido favorable a los Cassirer. En los telegramas secretos descubiertos por la filtración de WikiLeaks conocimos que el 30 de junio de 2008 el embajador estadounidense le propuso al ministro de Cultura, César Antonio Molina, un trueque: se ofreció a resolver el conflicto que España mantenía con la empresa Odyssey por el botín de 500.000 monedas de plata a cambio del cuadro del Thyssen. El ministro lo rechazó.
"El Estado español se ha gastado en abogados más de lo que vale el cuadro. Así que dudo mucho de que lo vayan a entregar a la familia, a pesar de ser una compra de un bien robado. Para mí es algo inexplicable porque todos los gobiernos de países civilizados han devuelto los cuadros. A todos los herederos que han reclamado se les ha atendido y se les ha devuelto el bien sin necesidad de llegar a los tribunales. España es una singularidad en este ámbito porque, a pesar de firmar todos los tratados internacionales sobre los bienes expoliados por los nazis, se niega a devolver este cuadro. No está justificado", cuenta José Luis de Castro.
En los tribunales nadie discute que el pissarro era propiedad de los Cassirer hasta que fue expoliado por los agentes nazis. Pero quienes pasen por la sala 31 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza no encontrarán en la cartela ninguna referencia al periplo del cuadro, ni a su robo ni a su venta. No hay reconocimiento de ningún tipo a la situación que padeció esta familia —y millones de judíos—, que tras perder su cuadro siguieron buscándolo y acabó lejos de los Cassirer. Tan solo en su web explica, dentro de un PDF dedicado al punto de vista del Museo sobre el litigio, cuál fue el origen de la usurpación del cuadro. Entonces, ¿debe España devolver un cuadro robado por los nazis a sus legítimos propietarios aunque la justicia determine que la propiedad actual es de la Fundación Thyssen-Bornemisza? Desde el Ministerio de Cultura eluden la pregunta que plantea este periódico y responden que "hay una sentencia al respecto que reconoce a la Fundación como propietaria".
Para evitar este tipo de ventas fruto de robos, en 1995 casi 40 países ratificaron el Convenio Unidroit —entre ellos España— en el que se declara que todo bien robado debe ser retribuido. Su objetivo es unificar requisitos y normas. El Convenio hace desaparecer el concepto de "buena fe" del comprador para determinar un principio absoluto: "El poseedor de un bien cultural robado deberá devolverlo", incluso demostrando que desconocía la procedencia ilícita cuando lo adquirió. A pesar de ello, apenas se acepta el convenio y los países siguen aplicando su legislación, que no favorece al robado. Esta norma internacional podría suponer un freno al tráfico ilícito del patrimonio.