UGT amenaza con movilizaciones si no se sube el salario mínimo a mil euros desde el 1 de enero
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha amenazado con convocar movilizaciones si el Gobierno no cumple su palabra de subir el salario mínimo a mil euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año pasado, del que ha destacado las derogaciones -«es la palabra adecuada», ha subrayado- de las reformas de las pensiones y de la laboral del PP.
Álvarez ha dicho que la subida del salario mínimo, que afectará a unos cuatro millones de trabajadores, es innegociable. También ha exigido que el incremento de la inflación se debe de ver reflejado en los salarios, aunque no ha querido adelantar una cifra o porcentaje hasta consensuarlo con CC.OO. «Pasó en Cádiz, pero va a pasar en Asturias, Madrid, Barcelona…. En todo el país, porque la gente no se va a resignar a tener aumentos salariales del 1,5% o del 2% cuando tenemos una inflación del 6,7%«.
El secretario general de UGT ha afirmado que si la reforma laboral recientemente aprobada sufriera alguna modificación en su trámite parlamentario «debería volver a ser revisada por los agentes sociales».
Ha calificado de «surrealista» la actitud de rechazo del PP, sobre todo cuando el acuerdo de la reforma laboral contó con el apoyo de la CEOE. Álvarez ha criticado la oposición de los populares desde antes de conocer la reforma y le ha recordado a Pablo Casado que «se trata de España».
«Si viviéramos en un país normal, el PP daría soporte a la reforma, con un apoyo o una abstención. Como vivimos en un país en el que eso no es posible y hay que atender a cuestiones de carácter político, creo que entre que se apruebe o no se apruebe, prefiero que se apruebe con algún acuerdo», ha expresado, en relación a posibles enmiendas de otros grupos parlamentarios.
También ha anunciado que en la segunda parte de la negociación para la derogación de la reforma laboral del PP exigirá que la indemnización por despido improcedente vuelva a ser de 45 días por año trabajado desde los 33 días que fijó el anterior Gobierno.