El Govern reserva a las mujeres el 40% de plazas de acceso a Mossos, Bomberos y Agentes Rurales

El Govern reservará a las mujeres un 40% de las plazas de acceso al cuerpo de Mossos d'Esquadra, Bomberos y Agentes Rurales en las próximas convocatorias. El objetivo, según ha anunciado este miércoles el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, es corregir progresivamente la desproporción actual. Y es que solo un 22 por ciento de los casi 18.000 integrantes de la policía catalana son de sexo femenino, un porcentaje que se desploma en los escalafones superiores.


En el caso de los Bomberos, son solo un 2% de mujeres, y en el de Agentes Rurales suponen un 13% de la plantilla. «Adoptar esta medida es imprescindible porque vamos con mucho retraso para alcanzar la paridad en la administración», ha subrayado el 'conseller'. Este 40% de plazas es el máximo que permite la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (17/2015), según la cual ningún sexo debe superar el 60% del conjunto de personas dentro de la organización, ni ser inferior al 40%.


Su entrada en vigor es efectiva desde esta misma mañana, cuando se ha publicado la convocatoria de 840 nuevas plazas para acceder al cuerpo de Mossos. Lo mismo sucederá en abril y septiembre de este año en el caso de Agentes Rurales y Bomberos, respectivamente.


Elena niega una «purga» en los Mossos
En la misma rueda de prensa, cuestionado sobre los relevos en la cúpula de la policía catalana, tras el cese del intendente Toni Rodríguez al frente de anticorrupción, y ahora destinado a la comisaría de Rubí, Elena ha subrayado que es su competencia realizar cambios en el Cuerpo y ha negado cualquier «purga». A pesar de ello, el responsable de Interior ha anunciado que comparecerá en la Cámara catalana para explicar los cambios en la dirección de los Mossos.


Durante su etapa como responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), Rodríguez dirigió las pesquisas contra el exconsejero de Interior, Miquel Buch, acusado de presunta prevaricación y malversación por crear un cargo de confianza para dotar de escolta a Carles Puigdemont, y también contra la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha quedado a un paso del procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos públicos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas.