UGT y CCOO pedirán una subida salarial ligada al IPC con cláusula de revisión
"No se puede perder poder adquisitivo en los salarios", sentencian Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO. Álvarez lo ha dicho en la rueda de prensa tradicional de inicio del año y Sordo se ha sumado poco después en la presentación del Observatorio Social de las personas mayores de CCOO. Álvarez traslada que no tiene cerrada una cifra, que ni siquiera ha iniciado el proceso de acuerdo con CCOO, pero ha advertido de que no se puede perder poder adquisitivo, que el aumento de los salarios tiene que tener relación con la inflación, ahora del 6,7%. En todo caso, ha matizado, "el margen lo dará la cláusula de revisión salarial", una cláusula "pura", "retroactiva", que cree que no puede inquietar a quienes defienden que la inflación desbocada es transitoria pero que dará certidumbre a los trabajadores si ésta sube o si se pacta una cifra de alza salarial más cercana a la inflación interanual, en 2021 del 3,1%.
Álvarez ha reclamado al Gobierno "que se ahorre consejos: no puede pedir a los ciudadanos que no se traslade la inflación a los salarios, no les puede pedir que puedan comprar menos, poner menos tiempo la calefacción porque sus salarios pierden poder adquisitivo, cuando el peso de la energía ya lo estamos pagando todos, y el de la alimentación, no se puede pedir que no repercutan en los salarios los incrementos de la inflación", ha destacado, "cuando la ola inflacionista ya le está ahogando, ya ha repercutido en sus vidas, la inflación ya ha subido", ha sentenciado.
En la misma línea, Sordo ha abogado por negociar convenios bianuales y trianuales, además de la cláusula de revisión salarial. Sordo ha planteado que los sindicatos no pueden presentarse en la mesa de negociación, que espera que se abra en febrero, con subidas de más del 6% si quieren llegar a acuerdos, pero ha alertado de que si no hay recuperación de poder adquisitivo, va a haber conflictos en la negociación. Que los sindicatos planteen una subida del 3,1% le parece plausible, pero cree que hay que subrayar que le importa mas que la cifra el mensaje de que los trabajadores tienes que recuperar poder adquisitivo.
SMI
Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Álvarez ha subrayado que "es evidente que el SMI tenía que haber subido el 1 de enero a 1.000 euros. No ha subido, queremos pensar por la intensidad de la negociación de la reforma laboral, ahora no vamos a esperar más", ha advertido. El secretario general de UGT ha alertado de que no puede ocurrir lo que el año pasado, que esté varios meses sin subir, si es así, "el Gobierno se encontrará una respuesta contundente", ha avisado. "Tiene que constituirse la comisión de negociación para 2022 y 2023". Para 2023, reclama un alza a 1.063 euros, cuando el Gobierno se ha comprometido a que sea del 60% del salario medio. A su juicio, no hay ninguna duda de que subir el SMI crea empleo, todo lo demás, le parecen "previsiones y estudios absurdos".
Despido
Sobre las declaraciones que hizo a principios de año de que ahora está en primer lugar en su agenda dificultar y encarecer el despido, a 45 días el improcedente, ha señalado que esta negociación debe abrirse ahora. Espera que los socios del Gobierno que quieren enmendar la reforma laboral la aprueben sin cambios y entiendan que sus peticiones sobre convenios autonómicos o despido se van a negociar aparte y no cree que este modus operandi deba causar conflicto con CEOE o la Comisión Europea. A su juicio, "Bruselas no es el garante del mercado laboral español y en todo caso ya se ha cumplido con el compromiso que asumió el Gobierno", asuntos entre los que cree que no estaba el despido. En este sentido, ha obviado que la Comisión ha alabado la reforma laboral del PP, que abarataba el despido, y su efecto en la recuperación económica.
Otro asunto que quiere recuperar es la autorización previa de las Administraciones Públicas en el ERE, sobre el que ha subrayado que pide también, por ejemplo, el presidente de Aragón, Javier Lambán. También ha asegurado que este esquema existe en la mayoría de países de nuestro entorno. Sin embargo, un esquema de este tipo ha sido cuestionado por el Tribunal de Justicia de la UE.