El campo español hará oír su voz con fuerza el próximo 20 de marzo en Madrid. Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) se han unido a entidades como la Real Federación Española de Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural para protestar en la capital contra lo que han tachado como de «atropellos» por parte del Gobierno. Bajo el lema 'Juntos por el campo', esta movilización pondrá la guinda a las movilizaciones que mantienen agricultores y ganaderos por toda España en la actualidad. En concreto, las tres asociaciones agrícolas tienen previstas protestas en Cádiz (14 de enero), La Rioja (26 de enero), Salamanca (28 de enero) y Murcia (16 de febrero).
Sobre la mesa asuntos tan diversos como el fuerte impacto de la escalada de costes de producción sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas, la doble tarificación, la reforma laboral, la aplicación de la nueva PAC (Política Agraria Común), la protección del lobo, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y la retirada de la Ley de Protección y Derechos de los Animales. En este sentido, los convocantes también han abierto la convocatoria a otras entidades (regantes, pesca...) y anunciado el inicio de contactos con partidos políticos, así como representantes de la sociedad civil. En boca del presidente de Asaja Pedro Barato, los convocantes han hecho un llamamiento para que «se deje de usar a la España Vacía ahora en los proceso electorales».
Entre otras reivindicaciones los convocantes han exigido la puesta en marcha de medidas fiscales como la aplicación de una bonificación de un 35% y un 15% a la factura del gasóleo y los plásticos y fertilizantes, respectivamente, así como un IVA reducido del 10% para la venta del toro bravo como producto cultural. «Estas sí que son medidas de cariño», ha remarcado Barato quien ha instado a la introducción de cambios en la reforma laboral que contemplen la realidad del campo. En este sentido, el presidente de Asaja ha mostrado su sorpresa porque las autoridades recomienden contratos de 120 días a la hora de reclutar trabajadores en origen de terceros países cuando aquí en España se ha regulado contratos de 90 días para necesidades de producción.
«Si le sumamos el incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) habrá más desempleo y cambios de cultivos», ha apuntado Barato quien cree que la conversión de muchas de estas relaciones laborales a fijos discontinuos se convertirá «en un negocio para otros y los trabajadores seguirán cobrando menos». En su opinión, ha concluido, «la reforma laboral no se ajusta a las necesidades del sector: el Gobierno tienen que darle una solución a la temporalidad, con una adenda o una futura reforma».
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