Anticorrupción pide 47 años de cárcel para Gao Ping, presunto líder de la mayor mafia china desarticulada en España

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 47 años y medio de prisión para Gao Ping, presunto cabecilla de la mayor mafia china desarticulada en España , que fue procesado por el juez José Luis Calama el pasado mes de julio junto a otras 104 personas por llevar a cabo una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. Pide que abone multas por encima de los 77,5 millones de euros.

El escrito se dirige contra un total de 107 personas por delitos de organización criminal, cohecho, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contrabando, contra la propiedad industrial y hasta de tenencia de moneda falsa, junto a un rosario de delitos contra la Hacienda Pública en esta trama que ha estado bajo investigación durante más de una década y que se aproxima así, a la fase de enjuiciamiento.

Conforme explica Anticorrupción, son dos grandes grupos de hechos los que se llevarán a enjuiciamiento. Por un lado, los que conciernen a la parte inicial de la investigación sobre un restaurante chino, «punto importante de reunión» donde la Udyco apuntaba negocios de prostitución y drogas. Dos de los administradores resultaron ser socios de Gao Ping y el local, según la tesis de los investigadores, una vía para sacar de España un millón de euros semanales hacia China ilegalmente.

El segundo grupo de hechos fueron ya investigados por la Brigada de Blanqueo de la UDEF y dibuja el funcionamiento de una organización criminal dirigida desde China (dos de sus líderes están en paradero desconocido) que retiraba desde allí ese dinero que salía bajo cuerda desde España. Esta trama tenía redes en Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, «lugares donde se han detectado transportes de dinero» que salía de suelo español.

Ya en territorio nacional, «la organización criminal disponía de diferentes grupos estructurados o clanes familiares que coordinan ese envío de dinero a China al margen de los cauces legales», dice el escrito que firman los fiscales José Grinda y Juan José Rosa.

En cuanto a la obtención de los fondos, señalan una mecánica a través de bazares que les permitiría conseguir grandes cantidades de mercancía que no declaraban o reseñaban a un precio muy inferior para quedarse con el beneficio de la venta, que se realiza en efectivo. Estaban, fundamentalmente, en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). No era el único. Constan igualmente préstamos a altísimo interés y extorsiones.

En concreto, estos ciudadanos chinos afincados en España importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y los distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la hacienda Pública. 

«Los grupos que componen la organización se establecen en el marco de un entorno familiar. Los investigados confían principalmente en las personas de su entorno cercano y principalmente en las personas a las que les unen lazos de sangre o parentesco político. Varios de los grupos están encabezados por matrimonios o parejas, en las que ambas personas actúan al mismo nivel dirigiendo las actividades del resto de los integrantes del grupo», explica la Fiscalía. Pide 30 años y tres meses de cárcel para la mujer de Gao Ping.

Actividades de corrupción

Para desarrollar sus actividades, contaban con un alto «nivel de penetración en diferentes capas de la sociedad española» entre los que Anticorrupción destaca los «importantes contactos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada» que tenía Gao Ping, «así como con algunos integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Entre los acusados hay un guardia civil.

También contaban con su propio entramado para encubrir las cuentas de las sociedades de la organización. Anticorrupción sitúa ahí a u individuo que sería el responsable de toda la actividad de blanqueo y mantendría relaciones con Gao Ping, facilitando el tránsito de fondos a paraísos fiscales. En este contexto, la Fiscalía acusa al actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá, que se sentará en el banquillo por organización criminal, blanqueo de capitales y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Le piden once años de prisión y el pago de una multa de 50 millones de euros.

60,5 millones ingresados en efectivo

Según detalla el escrito, en un total de 224 cuentas bancarias pertenecientes a «los miembros de los distintos grupos que conforman la organización criminal, el denominador común es el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo que ingresan en sus cuentas». Entre 2009 y 2012 ingresaron cash por importe de 60,5 millones de euros y cerca de 40 millones se enviaron al extranjero.

Los mecanismos, desde efectivo que viaja por carretera - «se llegaron a producir cada mes o cada mes y medio, transportándose en cada ocasión cantidades que oscilaban entre los cuatro y los cinco millones de euros»-, como «falsas remesas» de inmigrantes, simulando transacciones comerciales o con «operaciones de compensación».

Anticorrupción sitúa a Gao Ping en la cúspide de la pirámide, porque «las actividades de las que proceden los beneficios económicos invertidos en numerosas sociedades mercantiles lo son amparadas en su autoridad y la actuación conjunta de un grupo de subordinados de su entera confianza». Él, dice el escrito, lo controlaba todo en «contacto directo con sus colaboradores más cercanos». Desde la contabilidad hasta la actividad empresarial y cada euro que llegaba a China.

Además de las elevadas penas de prisión, que suman más de 1.100 años en total, la Fiscalía insta a que los acusados sean condenados a multas millonarias, como la de 16,9 millones de euros que solicita sólo en concepto de responsabilidad civil por impagos de IVA y aranceles entre 2010 a 2012, para Gao Ping y otros trece supuestos integrantes de la trama a afrontar de forma solidaria. Él, personalmente, se enfrenta a una condena a multas de más de 77,5 millones de euros.