Castilla y León presenta un requerimiento para que el Gobierno cambie el reparto de fondos de la UE
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En la misma línea que utilizó y «funcionó» para reclamar la cuantía del IVA no ingresado de diciembre de 2017, la Comunidad opta primero por la «vía del acuerdo» y acudirá a las tribunales si el Ejecutivo central desoye su petición. Eso fue lo que sucedió en el caso del impuesto, cuando el Supremo dio la razón a Castilla y León, y lo que ya ha hecho Madrid, a la que ya plantean seguir otras autonomías gobernadas por el PP.
Si los jueces dieran la razón a la comunidad madrileña, «sería extensible» al resto, recordó Carriedo, tal y como ocurrió en el caso del IVA. Pero, además, el Supremo destacó en el fallo que dio la razón a Castilla y León su «voluntad» de alcanzar un acuerdo, dijo.
«Ya en octubre remitimos una carta a la vicepresidenta del Gobierno para que retirase esa decisión y en noviembre las Cortes aprobaron una PNL con los votos en contra de PSOE, Podemos y una procuradora no adscrita», detalló el también consejero de Economía, que exigió que «cesen los perjuicios hacia Castilla y León». Y es que, en este caso, la región ha quedado «excluida» de la distribución junto a otras doce autonomías, algo que para lo que «no hay motivo», más aún si se tiene en cuenta que están vinculados también a políticas demográficas. En ese sentido, añadió que se ha hecho «sin consenso» de los territorios un reparto «discrecional» según «afinidad» y de «apoyos parlamentarios» de las cantidades aportadas por la UE.
Al respecto, la vicesecretaria autonómica del PSOE de Castilla y León y delegada del Gobierno, Virginia Barcones, preguntó al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, qué reparto defiende de los fondos europeos y le acusó de poner a Castilla y León al servicio de su partido para «embarrar» en los tribunales con este asunto.