El Poder Judicial en funciones rechaza avalar la ley de vivienda y retrasa su aprobación
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado la propuesta de informe favorable al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal progresista Álvaro Cuesta, que planteaba, aunque con objeciones, respaldar la norma que por primera vez pretende poner freno al alza de los precios del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, situadas principalmente en grandes ciudades. El borrador ha obtenido el apoyo de sólo seis de los 21 miembros del pleno, reunido en sesión extraordinaria. Otros 14 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, han votado el contra. El texto necesitaba al menos once votos para salir adelante.
En consecuencia, el CGPJ ha acordado designar nuevos ponentes, que serán el conservador José Antonio Ballestero y el progresista Enrique Lucas. El nuevo texto se debatirá en el pleno del próximo día 27 de enero. La decisión del órgano de gobierno de los jueces impide que la regulación que permite topar ciertos alquileres se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, tal y como estaba previsto. Aunque las conclusiones del informe no son vinculantes para el Gobierno, la aprobación del dictamen sí es un trámite preceptivo.
La votación ha estado precedida de un intenso debate en el que miembros de los sectores conservador y progresista han puesto objeciones al borrador redactado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta. Su propuesta de informe consideraba que la nueva regulación es “adecuada” para “consagrar y dotar de contenido” el derecho constitucional a la vivienda, si bien cuestionaba la “inconcreción” e “imprecisión” de algunos de sus aspectos. Entre ellos, las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas y la definición de conceptos clave como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero.
Las principales objeciones al borrador de Cuesta han llegado por parte de Vicente Guilarte, vocal elegido a propuesta del PP; y de Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV. Ambos han formulado opiniones disidentes por escrito. Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la ponencia de Cuesta ha sido rechazada principalmente a partir de los planteamientos de Lucas, basados en la "carencia de título competencial" del anteproyecto.
De este modo, el presidente y otros 14 vocales han estimado las alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad, formuladas por Lucas, que ha expresado sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda— que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. A su juicio, este hecho afecta a múltiples aspectos de la misma y obliga a rehacer el informe.
Esta norma es una de las medidas clave del Ejecutivo de coalición y cuya aprobación en el Consejo de Ministros el pasado octubre conllevó meses de negociaciones. De hecho, los vocales se han reunido en un pleno extraordinario para abordar esta cuestión debido a la voluntad del Ejecutivo de iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria. A pesar de tener su mandato caducado desde hace más de dos años, el CGPJ mantiene entre sus funciones la realización de informes sobre anteproyectos de ley y otras disposiciones.
Tras conocerse la decisión del CGPJ, Unidas Podemos ha manifestado su “preocupación”. Este texto es uno de los proyectos estrellas del socio minoritario del Gobierno. Por eso, desde el grupo confederal lamentan "los retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país". "Esta ley, que permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida", indican las mismas fuentes, informa Laura Galaup.