El 'nuevo' precio de los test sigue disparado por encima de Europa
Solo durante la semana del 20 de diciembre al 2 de enero, los españoles adquirieron casi 20 millones de test de antígenos de autodiagnóstico en las farmacias. Uno por cada dos habitantes. A un precio medio de 6,05 euros, se gastaron más de 120 millones de euros, según datos de la consultora Iqvia. La demanda se disparó respecto al mes de octubre (cuando se dispensaron 734.000 unidades) y de noviembre (1,6 millones), precipitando a su vez una subida de precios sin control. Se llegaron a pagar hasta más de 12 euros por cada prueba rápida.
Pero no ha sido hasta el nuevo año cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido intervenir en el mercado de estos test, fijando un precio de venta máximo de 2,94 euros. Se trata de una medida anunciada ayer que no ha contentado ni a farmacéuticos ni a consumidores. Llega tarde, dicen, y es desigual respecto a los países del entorno. «Se han estudiado los precios de venta desde julio, cuando se puso el producto en el mercado en España, y hasta la fecha. Hemos considerado el margen en el marco comercial de las farmacias y, considerando que el producto está exento de IVA, eso nos ha dado una orientación», justificó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando en rueda de prensa explicó el precio acordado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos para estos productos.
«En España ha habido una tardanza en contar con la farmacia comunitaria para ayudar con el cribado y el control de la pandemia», lamenta Eduardo Satue, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac), en conversación con ABC. En este sentido, aunque celebra la medida, reconoce que «el precio es lo menos importante», ya que tras el repunte de la Navidad «volverá a la normalidad». Además, si estos test de autodiagnóstico se dispensaran bajo prescripción médica y fueran financiados como el resto de los medicamentos, podría entenderse como una medida más de control, en línea con lo que otros países europeos ya realizan, apunta este farmacéutico. Una de las reivindicaciones de la Sefac es que la farmacia, tal y como ya hace en muchas comunidades autónomas, se ponga «del lado de la Atención Primaria para reforzar el sistema sanitario y aliviar los centros de salud», añade Satue.
En cualquier caso, con la entrada en vigor de la medida mañana mismo, serán muchas las farmacias que venderán a pérdidas un producto comprado a mayor precio que el fijado ahora por Sanidad. «Los farmacéuticos también han sido víctimas al producirse aumentos excesivos de precio y tensiones en el mercado provocados por actores ajenos», afirmó ayer el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). En declaraciones a este periódico, su presidente, Jesús Aguilar, reconoce que «lo importante» ahora es determinar «qué hacer con el uso del test», una vez asumido que «no hubo planificación ante la llegada de la variante Ómicron».
Seis autonomías
Actualmente, 25 millones de españoles de once comunidades autónomas pueden utilizar las farmacias para realizarse test de antígenos y notificar a las administraciones sus resultados. «Hace meses que pedimos que cuenten con nosotros para ayudar a evitar el colapso de la Atención Primaria, pero aún tenemos seis regiones en las que los farmacéuticos no participan en este sistema», dice Aguilar.
La amplia red de farmacias españolas, recuerdan desde la Sefac, proporciona uno de estos establecimientos por cada dos mil españoles, mientras en Países Bajos hay una por cada diez mil, o en Dinamarca una por cada quince mil. «Aquí, el 99% de los españoles tienen una farmacia en su municipio», expresa Satue, por lo que descarta la necesidad de incorporar a los supermercados en la cadena de suministro de estos productos sanitarios. «Ellos tienen unos intereses comerciales que no son los del farmacéutico», expone también Aguilar, que recuerda que en Portugal, donde sí se venden en grandes superficies también se produjo desabastecimiento durante las navidades.
La intervención del farmacéutico «garantiza» la dispensación sanitaria de estos test «como un instrumento clave de salud pública, desarrollando una labor fundamental de educación y consejo sanitario; advirtiendo sobre la forma correcta y segura de usarlos, así como sobre las medidas a seguir en función de los resultados», apuntan, por su parte, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof).
Más alto que en el entorno
En cualquier caso, desde la organización Facua-Consumidores en Acción, acusaron ayer al Gobierno de seguir permitiendo «un margen de beneficio descomunal», ya que ha decidido, en su opinión, «no intervenir de forma contundente en el mercado» al poner como tope un importe similar al que se comercializaban los test en las farmacias antes de que estallase la sexta ola. Los precios, recuerdan desde la asociación, están un 50% por encima respecto a los de Alemania (1,95 euros), Francia (donde se vende pueden adquirir cinco por 6 euros a pesar del tope máximo, fijado en 6,01 euros) o Portugal (2,01 euros), por lo que esta medida del Gobierno es, en sus palabras, «una tomadura de pelo».
En este mismo sentido se pronunció ayer el Consejo General de Enfermería, que considera desproporcionados los 2,94 euros «comparado con otros países». «En España se va a seguir dificultando el acceso a determinadas personas a estos tipos de test», dijo el vicrepresidente tercero, José Luis Cobos. «Para nuestra población, incluso debido a nuestro Producto Interior Bruto y nivel adquisitivo, si comparamos los sueldos que hay en España con los de otros países todavía es muy caro el precio establecido en torno a los tres euros», añadían desde el Consejo.