«El Estado sabía del riesgo de invertir todo nuestro futuro en la zona del volcán»
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En nombre de la iniciativa, Óscar Martín, ha explicado a ABC que la necesidad de registrar este manifiesto es una «llamada de auxilio» de un colectivo de más de 7.000 personas que está en una situación de «emergencia social», ya que «lejos de lo que se ve» hay gente que «cuatro meses después sigue viviendo en autocaravanas, en infraviviendas, en garajes o hacinados en un piso».
Por unos días «sirve» pero ya van más de cuatro meses desde el inicio de la erupción volcánica y «la salud mental de los vecinos está al límite».
Tal y como ha denunciado, las entregas a cuenta por el Gobierno central y el Gobierno de Canarias no están llegando y las «pocas que han sido tramitadas llegan a cuentagotas». Lo mismo ocurre con el Consorcio de Seguros que «está teniendo una lentitud inmensa», sobre todo para los miles de expedientes que superan los 150.000 euros. Que las ayudas están llegando «es una verdad a medias» porque «va muy lento».
Son personas que «lo hemos perdido todo, la base de nuestro sustento y en la que se basa nuestra recuperación y para reconducir nuestras vidas», lamenta. Las administraciones remiten a los afectados a ONGs, «a pedir comida, ropa o en las colas del hambre» y aunque agradece la labor »no queremos vivir de limosna» sino «de vivir de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y dignamente».
Las partidas que están aprobadas en Consejo de Ministros, subraya, «tienen que hacerse efectivas y con celeridad».
«Sabían el riesgo de donde invertíamos nuestro futuro»
La Iniciativa de Apoyo Ciudadano pide a su vez que reconozcan la responsabilidad de habernos permitido vivir, con licencias, permisos y pagos de impuestos en esta zona «a pesar de que el Estado tenía información muy relevante sobre el lugar donde estábamos invirtiendo todo nuestro patrimonio». El Instituto Geográfico Nacional e Involcán, ha asegurado a ABC «tenían información sobre los riesgos que corríamos al invertir en esa zona y esa información debería ser pública y deberíamos tener conocimiento de ella».
Aunque conoce el carácter volcánico de La Palma (y Canarias en general) estos datos específicos sobre las áreas de mayor riesgo no fueron compartidos «con quienes invertíamos nuestro futuro». Esta información «no debería estar solo en revistas científicas sino compartida con los palmeros y los que invertíamos allí nuestra vida».
La Constitución Española «dice ser garante de nuestra seguridad económica y jurídica» y «esa seguridad ha brillado por su ausencia». Los titulares de los inmuebles comprados en los últimos años (estudios científicos han verificado que los primeros signos de erupción se remontan a 2017) y «nadie nos informó de dónde invertíamos» conociendo qué áreas eran las de más riesgo».
Todo para los afectados pero sin los afectados
Óscar Martín alega en nombre de los afectados que «no deben hacer planes de futuro sin contar con nosotros, porque es nuestro futuro, el de nuestros hijos» por lo que pide que en estos proyectos de reconstrucción «se hable con los palmeros, sobre nuestros intereses» para evitar el despoblamiento de la isla «porque sigue siendo una de las 50 islas más bonitas del mundo».
Considera clave «cuidar la economía de la isla, reactivar el sector agrícola tan importante para el desarrollo de La Palma, el ganadero y los afectados dentro del sector pesquero« porque «el volcán se ha apagado pero nuestros problemas solo acaban de empezar».
La prioridad para los miles de miembros de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano es «atender la emergencia social, la necesidad habitacional y económica y que sea ya», porque «no vale con aprobarlo y dejarlo para el año que viene», y «ya han pasado cuatro meses».
Tras la concentración del pasado 27 de diciembre donde elaboraron el manifiesto y lo pusieron en conocimiento de las administraciones públicas «solo ha respondido el Diputado del Común», con un silencio absoluto de todas las demás. Esa ha sido la motivación de viajar a Madrid porque están en «un desamparo absoluto».
La oficina del Defensor del Pueblo, celebra, les ha atendido bien y con atención, asegurando de forma formal que van a estudiar, valorar y atender por lo que la sensación es «muy positiva» y con una respuesta que valoran de «inmediata y contundente». No habían pasado ni dos horas desde la presentación del manifiesto cuando ya habían recibido el compromiso de atender las demandas y «pelear con las administraciones por nuestros derechos» y eso «nos ha dado esperanza».
«Volver y seguir mi proyecto de vida»
Para Óscar Martín la prioridad es atender la emergencia social, principalmente en lo habitacional y económico: «hay gente que lo ha perdido todo», ha destacado. «Su casa, su trabajo, la casa de sus padres, sus hermanos, su negocio...»
Para los afectados dentro de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano, los 60.000 euros aprobados en Consejo de Ministros «son un balón de oxígeno» para estas personas para «alquilar una habitación, una casita, construir en algún terreno», un respiro «para quienes no han podido comprar un regalo de Reyes a sus hijos».
En esta situación «no hay colores políticos ni banderas» ya que se trata «de personas ayudando a personas» y ante la «injusticia» de no haber compartido una información que «es vital».
Óscar Martín no solo es el portavoz de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano sino afectado también por la erupción volcánica. Su casa se la llevó la lava en Todoque, en una zona cercana a Callejón de La Gata donde el volcán empezó a apropiarse de todo a su paso los primeros días de octubre.
«Hablar de los intereses de los demás tengo más fortaleza» pero a día de hoy, confiesa «hablar de mi situación personal se me hace muy difícil». Afortunadamente, su trabajo quedó a salvo de la lava de Cumbre Vieja y «eso me da esperanza para poder reconstruir mi vida en La Palma» y poder regresar «y seguir con mi proyecto de vida».
Cono volcánico y jet de lava desde El Paso
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EFE/ Carlos de Saa