Armengol desobedece al Supremo y veta el 25% de enseñanza en español en su ley educativa

El PSOE balear y sus socios nacionalistas siguen moldeando su ley educativa para desobedecer al Supremo manteniendo la inmersión lingüística de facto y, a la vez, evitar que pueda ser impugnada en los tribunales. La presidenta del Govern insular, Francina Armengol, se niega en rotundo a aplicar el mínimo del 25 % de la enseñanza en castellano porque considera que el auto del Alto Tribunal sólo afecta a Cataluña. Por eso la futura ley educativa balear, que ayer concluyó su fase de ponencias, mantendrá la absoluta preponderancia del catalán como hasta ahora gracias a la Ley de Normalización Lingüística y al Decreto de Mínimos, que fija un mínimo del 50 % de las horas lectivas en catalán sin establecer un máximo, lo que permite un sistema de inmersión en la práctica totalidad de los centros de las islas. La única concesión del Govern balear a la oposición liderada por el PP ha sido la calificación del castellano como lengua vehicular, una maniobra que el Ejecutivo balear entiende hará la normativa «menos vulnerable a la impugnación», tal y como reconocieron el pasado jueves los socios parlamentarios de Armengol, Més per Menorca.


El auto del Supremo está complicando aún más el desarrollo de la ley educativa balear, una promesa de la anterior legislatura que está encallada desde hace años. La Consejería de Educación insiste en que quiere aprobar una legislación de consenso, que no se cambie gobierne quien gobierne, pero el aspecto lingüístico, concretado en los artículos 133 y 134, genera notables disensiones entre Govern y oposición. El Ejecutivo balear, a petición del PP, acepta defender las modalidades lingüísticas -en cumplimiento de lo que dice expresamente el Estatuto de autonomía-, pero no cede ni un ápice en su defensa del catalán como lengua dominante en la enseñanza.


Un paso atrás
Armengol ha dado un paso atrás y permitirá que el castellano siga siendo lengua vehicular sobre el papel, evitando así argumentos para que la ley caiga en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, deja la elección final en cada colegio o instituto, sobre la base de la realidad sociolingüística de cada uno, lo que finalmente se traduce –independientemente de cómo sea el centro y esté donde esté- en un sistema de inmersión lingüística de facto donde el castellano se reduce a la asignatura de lengua castellana, como si fuera un idioma extranjero.


El Govern, formado por el PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca, cuenta con el apoyo parlamentario de Més per Menorca en su defensa de la inmersión lingüística de facto. Vox ya ha anunciado que llevará la ley al Constitucional, mientras que el resto de la oposición ha presentado diferentes enmiendas al proyecto.


Uno de los cambios más significativos afecta en el punto 134.4 del anteproyecto, que se ha suprimido. Este apartado decía que «para que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, mantenga la función de referencia y de cohesión social, los centros pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística». Era un reconocimiento explícito a la enseñanza 100% en catalán, que ya no aparece, aunque en la práctica se podrá aplicar. Mientras el anteproyecto de ley establece un porcentaje mínimo del 50% para la lengua catalana, el redactado para el castellano, además de confuso, no establece ninguna cuota ni porcentaje de uso. En otras palabras, no establece ninguna obligación para que los centros garanticen al menos una asignatura no lingüística en español, que es lo que dicta la jurisprudencia.


Para el PP, esto es «una línea roja» por lo que avanza que no apoyará una ley que vaya en contra de la última sentencia del Supremo y que pueda traducirse en «un goteo de sentencias en aquellos centros que apliquen la inmersión».


El PP apela al «sentido común» del sector no nacionalista del PSOE balear para que «recapacite y no se deje llevar por Més y Podemos», y que finalmente se garantice un mínimo del 25% de horas en castellano en esta normativa. «Nada diferente a lo que está haciendo el propio PSOE de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana», recuerda el portavoz del PP, Antoni Costa, que presentó una enmienda para garantizar el equilibrio de las lenguas en la educación balear que ha sido rechazada.


La ley educativa balear se debatirá ahora en comisión, antes de llegar al último paso, el pleno del Parlament, por lo que aún puede ser modificada. De momento, los cambios en materia lingüística son considerados una «trampa del PSIB para seguir desoyendo nuestro ordenamiento jurídico», alerta la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor, que ha interpuesto un contencioso contra el Govern de Armengol para que aplique la sentencia catalana en Baleares y brinda a los padres de las Islas su ayuda para que reclamen enseñanza en español.