Ómicron en Estados Unidos: la Corte Suprema rechazó la vacunación obligatoria para empleados de empresas
Estados Unidos ha sido desde el inicio de la pandemia del covid-19 uno de los epicentros de contagio de todo el mundo: el actual avance de la variante Ómicron llevó a que la nación a cargo de Joe Biden marcara un récord mundial de positivos histórico con 1,3 millones de confirmados en tan solo 24 horas.
En este marco, la vacunación en los Estados Unidos es baja para un país del primer mundo con menos del 60% de su población con dos dosis y un 74,4% con una sola, elemento que redunda no solo en la continuidad de las altas tasas de contagio sino también en más hospitalizaciones graves y muertes, principales complicaciones de las que protegen los inoculantes ante el SARS-CoV-2.
LA POLÉMICA MEDIDA DE JOE BIDEN Y LA DECISIÓN DE LA CORTE
Ante esto, y con el fin de apuntalar la vacunación, el presidente Joe Biden impuso como último recurso un requisito polémico para las empresas: que estas obliguen a todos sus empleados a vacunarse con la pauta completa o, en caso de que los trabajadores se opongan a ello, a testearse todas las semanas y usar barbijo constantemente.
No obstante, el primer mandatario estadounidense sufrió este jueves un fuerte revés cuando la Corte Suprema de Justicia impidió al presidente establecer esta obligación, acción que los magistrados superiores tildaron de "ilegal".
El accionar del Ejecutivo que fue frenado por la Corte Suprema tenía como objetivo incrementar las tasas de vacunación a través de esta resolución que hubiese afectado a unos 80 millones de trabajadores de empresas con más de 100 empleados.
Fue la mayoría conservadora de la Corte la que se opuso a la medida de Biden, considerando que el presidente se estaba extralimitando en su autoridad al imponer una resolución de este tipo.
Ómicron: hay dos nuevos remedios contra el COVID recomendados por la OMS, ¿quiénes los pueden tomar?
Variante Ómicron: los 6 pasos para estar bien protegido contra el virus
Al conocer la decisión de la Corte estadounidense, el presidente compartió un comunicado en el que indicó estar "decepcionado" por la decisión del tribunal supremo de "bloquear unos requisitos de sentido común, que pueden salvar vidas, basados directamente en la ciencia y la ley".
En esta línea, le pidió a los empresarios "hacer lo correcto para proteger la salud y la economía de los estadounidenses", impulsando la medida ellos mismos sobre sus empleados.
Antes de que la vacunación obligatoria o, en su defecto, el testeo a empleados todas las semanas fuese parado por la Corte Suprema, el organismo encargado del seguimiento de la medida era la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).
Así, los jueces que se opusieron a la medida compartieron sus opiniones a través de un comunicado sin firmar: "OSHA nunca antes había impuesto tal mandato. El Congreso tampoco. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado una legislación significativa que aborda la pandemia de COVID-19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que OSHA ha promulgado aquí", recalcaron para negar la vacunación obligatoria.
Ómicron: ¿durante cuánto tiempo contagia una persona infectada con la variante?
En contraste, los magistrados liberales que votaron a favor de la medida de Biden consideraron que, en realidad, quién se extralimitó en sus funciones fue la Corte Suprema al posicionar su juicio por encima del de los profesionales de la salud.
Así lo indicaron en otro comunicado, firmado por los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor: "Actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios gubernamentales a los que se les asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo", criticaron, deslindándose de la resolución final de la Corte que avaló la mayoría conservadora.
Por otro lado, el máximo tribunal sí permitió la vacunación obligatoria para el personal de salud, medida que cubre prácticamente a todos los trabajadores estadounidense de esta área, al igual que a los proveedores de atención médica que reciben fondos federales y a quienes se dedican a la atención médica domiciliaria, afectando alrededor de 76.000 centros de salud en todo el país. Sólo se encuentran exceptuados quienes puedan alegar condiciones médicas que no les permiten vacunarse o creencias religiosas.