Vivienda, otra oportunidad perdida

Próximamente, si nada lo impide, el Gobierno puede aprobar en el Consejo de Ministros la denominada Ley por el Derecho a la Vivienda. La Ley nace sin la más mínima voluntad de consenso, que sería imprescindible cuando hablamos de algo con tanto calado social, por lo que todo apunta a que será un fracaso. Esta situación no es nueva, es fiel reflejo de lo que durante décadas se lleva haciendo en España con la Educación, y sus nefastas consecuencias son de sobra conocidas por todos. Igual que cuando hablamos de Educación, las competencias en materia de vivienda recaen fundamentalmente en las comunidades autónomas, por lo que garantizar su cumplimiento es impensable, viendo el actual mapa político en España.


Ése es el primero de sus errores: una Ley tan necesaria en una democracia adulta no puede ser absolutista, debería tener el máximo respaldo institucional si realmente busca conseguir el primer objetivo de toda Ley, su vocación de continuidad. Obviamente, sin consenso y sin acuerdo de partida, esa continuidad se esfumará al día siguiente de su aprobación definitiva.


Será una Ley de mensaje fácil, de mentiras piadosas, que no resolverá los retos de la vivienda en nuestro país. No aborda el acceso a la vivienda para los jóvenes, porque parte de teorías fallidas y sectarias como la delimitación de zonas tensionadas y la fijación del precio máximo de alquiler. Esta nefasta medida, finalmente aceptada por un PSOE empeñado en reescribir el presente sobre debates pasados también en vivienda, resucita axiomas de la Ley de renta antigua franquista que otro gobierno socialista y mucho más progresista derogó en 1985 gracias a Miguel Boyer.


Esta Ley creará una nueva figura en el escenario político, el ‘cacique urbano’ político ungido con el conocimiento divino para decidir si el precio de alquiler de una vivienda es excesivo o no, dándole el poder populista para prohibirlo y, por tanto, cercenar el derecho a la propiedad.


El Gobierno dice querer profundizar en el derecho a la vivienda, pero se olvida de los derechos de los que tienen vivienda. Olvida la necesidad de legislar en materia de okupación ilegal. ¿No es acaso la okupación un problema para la vivienda? En España se okupan ilegalmente 49 viviendas al día, es decir, casi 18.000 viviendas al año. Es el 22% del total de lo que se construye. ¿Es o no es un problema para la vivienda que debe ser legislado?


Es desolador comprobar la falta de ambición, de altura de miras y el tremendo sectarismo que nos va a llevar a perder otro tren, el enésimo, para legislar contra la okupación y consolidar así los principios básicos de una democracia liberal también en materia de vivienda. En definitiva, es triste comprobar que llega una nueva Ley que no está pensada para resolver el acceso a la vivienda, ni para luchar contra la okupación, ni para dar mayor seguridad jurídica a todas las partes, sino que está redactada para dar aliento a una futura candidata a la presidencia del gobierno que hoy es ministra. Otra oportunidad perdida.




*Mariano Fuentes Sedano es delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y concejal del grupo político Ciudadanos