Fainé frena ante la Justicia a los querellantes por la compra del BPI y dice que fue regular
Isidro Fainé quiere que la Audiencia Nacional dé carpetazo definitivo a la causa abierta en 2018 por la compra del BPI. El expresidente de CaixaBank ha respondido a los querellantes que le acusaron de administración desleal que la investigación -archivada en noviembre por el magistrado Pedraz- no detectó irregularidad alguna y que tampoco se ha generado indefensión a estos accionistas, por lo que no tendría sentido que se volviera a reabrir.
El actual presidente de la Fundación La Caixa reacciona de esta forma a la petición de los querellantes de que se tumbe el archivo decretado por el magistrado Pedraz el pasado mes de noviembre. Los litigantes no apelan a una cuestión de fondo, sino de forma, al considerar que no pudieron valorar el documento clave que remitió el Banco de España al procedimiento. Esta pericial, que encargó el propio juzgado, tenía como objetivo determinar si, como dicen los querellantes, con la compra del banco luso se produjo un quebranto para la entidad catalana de 687 millones de euros.
De hecho, tal y como explicó este medio, la causa estuvo muchos meses en punto muerto a la espera de recibir esta pericial que vendría a arrojar luz sobre el asunto. Tras adherir en noviembre las conclusiones del experto, el magistrado Santiago Pedraz acordó el archivo. Según explicó en su auto, del estudio de este informe no se observaba ni uso de información privilegiada en esta operación, ni administración desleal ni manipulación de la contabilidad. Al respecto razonó que las entidades que intervinieron en esta operativa, que se remonta a 2015, están supervisadas tanto por los bancos centrales de su país como por el Banco Central Europeo (BCE).
"Es una queja inviable"
En su cita ante el juez, los entonces imputados (entre los que se incluyen Caixa como persona jurídica y el consejero delegado Gonzalo Gortázar) negaron ilegalidad alguna sobre esta operativa en el marco de la cual también se investigó el préstamo de 400 millones de euros que Caixa concedió al Banco Financiero de Angola (BFA). Ahora, y a tenor del recurso presentado por los accionistas denunciantes, Fainé vuelve a la carga para defender la "absoluta regularidad" de la adquisición, de acuerdo con el escrito remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los querellantes alegan indefensión pero no explican por qué la falta de traslado de la pericial del Banco de España les habría creado una desventaja material
"Estamos ante una queja inviable que busca anular el sobreseimiento dictado sin identificar por qué esa falta de traslado del informe del Banco de España genera indefensión. Ni el recurso de apelación ni el previo recurso de reforma desestimado descendieron a discutir las conclusiones del inspector del Banco de España y la decisión material del Juzgado", responde su defensa. Además, aunque admite que el asunto no está relacionado con el contenido de la causa, apela a las conclusiones del perito sobre su exhaustivo estudio para ratificar su postura.
Igualmente también les reprocha que recurran a la Sala de lo Penal alegando indefensión sin aclarar por qué la falta de traslado de la pericial del Banco de España habría creado una desventaja material contra ellos. "Los recurrentes se limitan a aludir a un supuesto vicio procesal para que se les reconozca un derecho no contemplado en la Ley, sin justificar qué concretas aclaraciones no han tenido ocasión de pedir", reza el escrito que firma el abogado de Fainé, Javier Sánchez-Junco.
Daño a los accionistas
Los litigantes pidieron a la Audiencia Nacional en 2018 que investigase el contrato de permuta que Caixa firmó con Criteria a finales de 2015. Según explicaron, las condiciones pactadas obligaban a Criteria a asumir la posición de la entidad como nuevo accionista del Bank of East Asia (BEA). Además, la Junta General de Accionistas aprobó la amortización del 9,9% de la autocartera adquirida en la permuta, autorizando al Consejo para la ejecución de la venta de dicho porcentaje.
Según explicaron, el hecho de que el valor de la acción fuera fijo y no pudiera reflejar las subidas en la cotización provocó un enorme perjuicio a las arcas del banco. En concreto, apuntaron a un menoscabo 654,7 millones de euros, de acuerdo con su querella inicial en la que explicaron que se ocultó deliberadamente las condiciones de este acuerdo a la CNMV. Según defendieron, los miembros del Consejo de Administración de Caixa conocieron con carácter previo que se estaba negociando una modificación del acuerdo con el BEA y descartaron que eso afectase al valor de la participación.
Fin del caso
"Caixabank no pudo beneficiarse del impacto alcista del 17,24% de las acciones del BEA que eran de su propiedad. Esto pudo ocurrir mediante abuso de información privilegiada y de posición dominante como accionista de control en Criteria", alegaron para añadir que el objetivo final de todo este plan que achacaron a Isidro Fainé era la adquisición del BPI. Pese a ello, Pedraz también se pronunció sobre este punto en su auto de noviembre asegurando que no se intentó imponer ningún acuerdo abusivo en dicha Junta "con ánimo de lucro propio o ajeno".
Con todo, también pidieron investigar un préstamo de 400 millones que habría facilitado la operativa de Caixa. Según razonaron, este crédito millonario se concedió a BFA como contraprestación al apoyo de Isabel Dos Santos (hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y segunda accionista del BPI) que pasaba por eliminar las restricciones de voto de este banco portugués. Según plasmaron, estos 400 millones de euros tendrían que haberse contabilizado como parte del precio de la compra de las acciones del BPI.
Cabe recordar que el archivo decretado por Pedraz en noviembre se produjo después de que el juez y la propia Audiencia Nacional avisara, medio año antes, de que no practiarían más diligencias. Pese a que los querellantes solicitaron que se aportara más documental a la causa sobre el BEA, la Sala de lo Penal respondió en julio que indagar el valor de la permuta sobre una operación de 2015 no sería más que una actuación "prospectiva a modo de causa general" para ver que pudiera tener encaje el delito de administración desleal. Gonzalo Gortázar se sumó a los argumentos de la Sala, la misma que ahora debe decidir si reabre o no este caso.