Víctimas de castillos hinchables denuncian dejadez en las inspecciones
A lo largo de los últimos años se han sucedido varias desgracias similares con castillos hinchables como el que este mes de enero segó las vidas de dos menores en Mislata (Valencia). El primer caso se dio en La Rinconada (Sevilla), donde un menor falleció en 2016 al caerle encima otro niño, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria que acabó con su vida tras varias horas en coma. Pocos meses después, ya en 2017, falleció una pequeña en Caldes de Malavella (Gerona) mientras saltaba en una de estas atracciones junto a otros niños hasta que el castillo salió volando.
Si bien en España hay normativas locales y autonómicas que regulan el uso de estas populares instalaciones recreativas, estas no siempre se cumplen a rajatabla. Además, es muy fácil encontrar y adquirir uno de estos juegos infantiles en internet por precios que van de los 700 a los 6.000 euros según el tamaño y lo usados que estén. Esto ha animado a algunos particulares y empresarios a instalarlos en sus domicilios o restaurantes, donde se convierten en una buena opción para dejar entretenidos a los niños mientras sus padres apuran las sobremesas. Según explican a ABC desde Hinchables España, una tienda especializada en este negocio, cuando se compra un castillo se emiten unas certificaciones que acreditan su fiabilidad, algo que no se produce con muchos de los castillos de segunda mano que se ofertan en la red.
«Hay bastante listillo que adquiere estos castillos de segunda mano sin apenas control», lamenta sobre esta cuestión Antonio, encargado de una empresa de Cádiz dedicada al alquiler y montaje de atracciones infantiles para fiestas, bodas y comuniones. «Vemos mucha competencia desleal de personas que compran un castillo diciendo que es para su uso particular y luego los ves alquilándolo sin seguridad y sin seguro ni nada», expone a este diario. A su parecer, a pesar de la apariencia inofensiva de estos juegos coloridos y acolchados, son bastante más peligrosos que la mayoría de atracciones de feria por su escaso peso. «Cuando se hincha es muy fácil que se pueda mover por el viento. En cinco años… ¿Cuántos muertos ha habido ya?», se pregunta.
Al igual que Antonio, los familiares del menor fallecido en los accidentes de Caldes de Malavella no piden más normativas, sino que se cumplan las que ya hay para que las desgracias relacionadas con el mal uso de estas atracciones se dejen de repetir de forma cíclica en España. Así lo expone Carles Alabau, representante legal de la familia de una niña que murió en el castillo hinchable de un restaurante de Caldes de Malavella en febrero de 2017. «No estamos delante de un vacío legal porque hay regulación, tanto con leyes autonómicas como con ordenanzas municipales, el problema es que no se cumple ni hay un control de licencias e inspecciones», expone a ABC al ser preguntado por los sucesivos casos de niños muertos en castillos hinchables que ha vivido España en los últimos cinco años.
«Dejadez administrativa»
«Existe una total dejadez administrativa, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades. Esto lleva a que no se cumplan las normas ni se pidan los seguros de responsabilidad civil que exigen estas instalaciones», advierte. En el caso que él representó, murió una niña de seis años y media docena de niños más quedaron heridos después de que el castillo en el que jugaban en un restaurante saliera volando por una fuerte racha de viento.
Pese a que la recomendación general apunta a que estos juegos cuenten con al menos seis anclajes, según se conoció durante el juicio la instalación solo estaba amarrada por dos, que fueron incapaces de mantener la estabilidad del castillo, que acabó disparando a los niños a varios metros de distancia. En el caso de Mislata, la atracción también tuvo problemas con un viento que, aparentemente, doblaba el máximo permitido para que estas instalaciones sigan abiertas al público. En ese caso, el castillo estaba atado a una farola, un árbol y un banco.
Tanto en el caso de Sevilla como en el de Gerona, los padres de los afectados se consolaron pensando que sus desgracias, por lo menos, servirían para que ningún otro niño perdiera su vida en un castillo de juguete. Desgraciadamente, esto no ha ocurrido así, y el caso de Valencia, donde por el momento la Policía no ha hallado anomalías que pudieran acarrear consecuencias penales, demuestra que estas atracciones no son tan inocentes como parecen a primera vista.