Zaffaroni: "Si no se hace nada ante los crímenes de una dictadura, se deja abierta la posibilidad de que se repitan"
El juez Eugenio Raúl Zaffaroni, ahora integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue uno de los magistrados de la Corte Suprema argentina que tumbaron las leyes de amnistía de su país en 2005, facilitando así los juicios contra los crímenes de la dictadura de Videla. Reconocido internacionalmente como un gran defensor de los derechos humanos y trabajador incansable contra la impunidad, conversa con elDiario.es en un hotel céntrico de Madrid, aprovechando su paso por España.
La anulación de las leyes de amnistía en Argentina permitió juzgar los crímenes de la dictadura, ¿qué es lo que sintió al ser uno de los jueces de la Corte que redactó aquella sentencia?
Lo que sentimos era que abríamos un espacio para un acto de justicia realmente trascendente. En Argentina la dictadura del 76 fue cualitativamente diferente a las anteriores, fue directamente genocida. No eran delitos políticos aislados, eran crímenes masivos, una construcción sistemática. Y eso de alguna manera teníamos que saldarlo, porque de lo contrario quedaba abierto el ejemplo para el futuro. Eso es lo que sentimos. Que habíamos llegado a un punto en el cual ya estaba bien. Porque si no se hace nada, dejamos abierta una posibilidad de que esto se repita en el futuro.
¿Qué ocurre en un país que juzga su dictadura? Qué transformación experimenta?
Debo decir la verdad: nosotros pudimos juzgar a los genocidas porque los genocidas ya no le interesaban al poder internacional. Se había cerrado una etapa de dominación y se abría otra que es la actual. Los habían usado y había cambiado el poder. Por eso el Poder Judicial fue bastante objetivo. Si no, no hubiésemos podido hacerlo. Otro factor decisivo fue la guerra de Malvinas. Los militares salieron de esa guerra desacreditados, vistos como cobardes, una cosa verdaderamente vergonzosa. Por eso nuestra dictadura sale con un desprestigio que no tiene la de Pinochet, que no tuvo la brasileña o la uruguaya.
Y antes de eso, ¿cómo vivió Argentina –y usted también– el momento en el que aquí en España se empiezan a investigar los crímenes de la dictadura argentina?
Aquello fue bastante importante para nosotros. En Argentina el Congreso había anulado las leyes de amnistía. El argumento para ello era correcto, había que anularlas porque habían sido dictadas cuando ya habíamos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y, en consecuencia, eran contrarias a la Convención. Pero que lo hiciera el Congreso era complicado, a mí me provocaba sincero temor. Sin duda era justo, pero implicaba sentar un precedente que en el futuro no se sabe quién lo va a usar, ni contra quién se va a usar. Una ley puede ser anulada, sí, pero tiene que ser anulada por la Justicia, no por el Congreso. Así que me daba bastante tranquilidad que lo hiciésemos los tres poderes: el Ejecutivo que promulga la ley, el Legislativo que la sanciona y nosotros [los jueces de la Corte Suprema] que la legitimamos.
Y entonces vinieron los exhortos desde España solicitando la extradición de los criminales.
Los exhortos llegaron en base al principio universal, que funciona cuando el Estado no hace uso de su soberanía para juzgar. Es decir, cuando es menos Estado, una especie de tribu. Ante esos exhortos teníamos dos opciones: o hago caso y mando a los genocidas a España, o no hago caso y los juzgo yo, y se terminó el principio universal. Juzgar es un atributo de la soberanía de un Estado. Ese es el argumento fundamental que usé. Si aceptábamos la extradición estaríamos violando el concepto esencial de la Constitución. Si los juzgábamos nosotros, recuperábamos nuestra dignidad de Estado.
En ese sentido, ¿cómo observa usted el hecho de que aquí en España no se hayan juzgado crímenes del franquismo?
La situación es distinta, aquí en España ya casi no queda nadie vivo, no va a ir nadie preso. El juicio contra los crímenes de nuestra dictadura argentina tuvo dos efectos: Un efecto fue penar a unas cuantas personas que se lo merecen. Pero el otro efecto fue mantener viva la memoria. Y además una cantidad de gente se sentiría con algún problema de conciencia. Pero en España no hay posibilidad de hacer efectivas las penas, por razones biológicas, se han muerto casi todos. Aún así, sí creo que es importante para la memoria la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo, para saldar esa deuda, para que esto no se reitere en el futuro.
¿Cómo se percibe el hecho de que la justicia española no haya abordado este asunto?
No lo sé del todo. Aquellos intereses que sostuvieron el franquismo o que continuaron ¿se han desentendido del todo del franquismo? ¿Continúan siendo los mismos? Ese es el problema. Y si continúan siendo los mismos, claro que es un obstáculo. El Poder Judicial es sensible a esas cosas. En cualquier país.
Hay una estructura económica, empresarial, financiera cuyo origen está en el franquismo y se mantiene. ¿Tendrá esta estructura interés en que se descubra la memoria, en que aparezcan algunos de sus antecesores involucrados, en que se la deslegitime éticamente?
¿Cómo ha visto estos días el ambiente en España? Estamos en un momento en el que se debate la Ley de Memoria Democrática.
Me acuerdo de los viejos profesores españoles republicanos que conocí en Argentina cuando estudiaba. Y pienso si ahora se puede hacer mucho más. Hay que seguir con la querella argentina, por la memoria, hay que tomar conciencia de que esto sirve para la memoria. Y sí, hay que seguir jorobando al Poder Judicial, seguir molestándolo, que siga haciendo sus cosas, pero la memoria es lo crucial. Creo que las circunstancias coyunturales permitieron que en Argentina hiciéramos lo que no se hizo en otro lado.
Si hubo circunstancias tan coyunturales, ¿sirvieron realmente esos juicios en Argentina para abrir la posibilidad de juzgar otras dictaduras en el mundo?
Realmente sí, creo que sí, porque todos lo muestran como ejemplo.
Cambiando de tema: usted muestra a menudo preocupación ante el llamado colonialismo financiero a través del endeudamiento.
El capitalismo se está desarrollando hacia una forma de capitalismo transnacional y se separa de los Estados nación. Es decir, una transnacional –una multinacional es otra cosa– ya no tiene nacionalidad. Puede tener domicilio en Estados Unidos, sí, pero ¿qué? ¿Está sometida al Gobierno de Estados Unidos? No, está condicionando el Gobierno de Estados Unidos (ríe).
En el hemisferio norte los políticos han perdido poder. Son rehenes de corporaciones transnacionales. Hay un capital transnacional que no tiene bandera, no tiene nacionalidad. Hoy ningún político en el hemisferio norte puede hacer algo contra las transnacionales. Hay quienes sostienen que se está generando un Estado transnacional. Eso no lo sé. Pero sí creo que hay una criminalidad financiera organizada transnacional que ejerce un enorme poder y que comete delitos.
¿Por ejemplo?
Delitos como la macroestafa del año 2008, como la explotación de trabajo esclavo a distancia, como la tercerización del trabajo en países subdesarrollados, delitos como macro administraciones fraudulentas (hacer quebrar Estados por endeudamiento excesivo) y otros: extorsiones como los holdouts, y unos cuantos más.
Esa es la macrocriminalidad organizada del momento, originada porque las transnacionales no están en manos de sus dueños. Las transnacionales son manejadas por tecnócratas y no se sabe de dónde sale la inversión ni quiénes son los dueños. Esos tecnócratas, para mantenerse en su posición, tienen que conseguir la mayor renta en el menor tiempo. Y si no lo consiguen, cambio. Desde los 70 hasta ahora se han caído barreras éticas, barreras legales, y por eso se convierten en una delincuencia organizada. Hay una dominación a través del endeudamiento de los Estados, del monopolio de medios de comunicación, de aparatos políticos con agentes de sus intereses financieros.
¿Qué herramientas necesitaría un Estado para para paliar esto?
Que el Estado reafirme su soberanía, no una dictatocracia. Es importante poder tener controles constitucionales que aseguren al Estado la explotación de sus recursos naturales y que prevea el riesgo de un excesivo endeudamiento. Eso, a nivel interno. A nivel internacional creo que habría que diseñar una idea de delito económico-político. No es idea mía, ya lo dijo hace algunos años un profesor alemán, Wolfgang Naucke. Es decir, establecer como delito algo como lo que pasó con Islandia, donde una conducción de la economía del Estado resulte totalmente destructiva de la economía.
Por decirlo más claro: si yo soy el administrador judicial de los bienes de un incapaz y comprometo el patrimonio del incapaz con excesivas deudas en beneficio mío o de un tercero, me meten preso. Se llama administración fraudulenta. Los alemanes lo llaman Untreue, infidelidad. Ahora bien, si soy el gobernante de un país y hago lo mismo y jorobo a 50 millones de habitantes, no. Ese es el asunto. Sí, la administración fraudulenta es un delito contra la propiedad, pero es un delito político, un delito económico-político. Creo que en el futuro vamos a tener que pensar en eso.
¿Cuáles son los retos y obstáculos que hay por delante?
Creo que el riesgo está en esto, en una especie de dictadura planetaria de este poder transnacional que se independiza de los Estados. Hace 40 o 50 años las cosas eran diferentes, pero ahora poco importa que esté el señor Trump o quien esté.
Hace 73 años se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo un momento en el que parecía que se sentaban algunas algunas bases.
El sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial tiene una virtud: lo que antes podíamos juzgar como un juicio ético hoy lo podemos decir con un fundamento jurídico. Ahora bien, que podamos aplicar ese fundamento jurídico ya es otra cosa. Eso es una lucha en la cual es claro que ha habido retrocesos desde el mismo 1948.
La Segunda Guerra Mundial se cierra con un colofón terrorífico, que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El presidente Truman ofreció un discurso en el que dijo que mejor que la fórmula de la bomba hubiera caído para el lado de ellos. Y después dijo que le agradecía a Dios y que le rogaba que le enseñase a usarla conforme a sus designios. No que no la usara más. Al mismo tiempo, el día 9 de diciembre del 48 se aprueba la Convención contra el genocidio, la de Lemkin, y se borran las últimas palabras: "grupos políticos o de otra naturaleza". Se borran por presión de Stalin.
Es decir, en el 48 ya se veía una cosa medio rara: un capitalismo que le rogaba a Dios que le diera salud atómica, y un socialismo que decía que se reservaba el derecho de aniquilar grupos políticos. En fin. Pero sí, fue el momento más de mayor racionalidad, por lo menos en el derecho internacional.
¿Cómo valora la práctica del lawfare en tantos países?
El lawfare es una campaña de derecho, es una asociación ilícita entre jueces prevaricadores, medios de comunicación monopólicos u oligopólicos, agentes de los servicios de inteligencia y algún policía corrupto.
Su objetivo es criminalizar a dirigentes de movimientos populares, eliminar esos movimientos o debilitarlos en la lucha política. El objetivo es ese: proscribir partidos, a veces mayoritarios. El pretexto, por regla general, se inventa.
¿Qué lectura hace de la apuesta cada vez mayor por los muros y la externalización de fronteras ante los procesos migratorios?
Este capitalismo transnacional ha generado una elite de chief executive officers de altos vuelos y esa elite ha logrado –incluso con la cooperación de agencias internacionales como la Organización Mundial del Comercio, etc– la libre circulación de capitales. Circulan capitales, pero no pueden circular personas. Circulan personas jurídicas, pero no personas físicas. Se fortalecen las fronteras y se está generando una clase sumergida en el plano internacional, una clase obrera informal y excluida, que no se puede organizar porque está repartida.
¿Cómo se ve Zaffaroni dentro de cinco años?
Más viejo que ahora…
En la conferencia del otro día todo el mundo comentaba en corrillos lo bien que se conserva usted a sus 81 años.
[Risas]. No, no. Voy a seguir insistiendo con eso del delito económico-político. Voy a ver si logro movilizar un poco internacionalmente, concienciar un poco sobre la necesidad de esa tipificación internacional ante la macrocriminalidad en torno a las transnacionales. De momento sé que no es viable, pero si no se instala la idea antes, nada se consigue.
Como decía Stuart Mill, todos los avances primero causan gracia y se ríen; luego se empiezan a discutir. Y tercero, los aprueban. Bueno, vamos a estar en la etapa de la risa dentro de cinco años todavía. O quizá, si avanzamos un poco, estaremos en la etapa de la discusión acalorada.