La doctora que ha ganado el juicio a Ximo Puig: «La Generalitat discriminó a los médicos por el lugar en el que trabajaban»
En una sola semana, el Gobierno presidido por el socialista Ximo Puig ha perdido dos juicios relacionados con la desprotección y la discriminación del colectivo sanitario durante la pandemia del coronavirus en la Comunidad Valenciana.
En este segundo caso, la doctora Maribel Moya, vicepresidenta del Consejo General del Colegio de Médicos de España, lideró la presentación de la denuncia a la Generalitat Valenciana por no vacunar al mismo tiempo contra el Covid-19 a los doctores del sector privado y de la Sanidad pública.
«La Generalitat discriminó a los médicos del sector privado por el lugar en el que trabajaban», declara Moya a ABC . Así lo prueba el juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Alicante, que rechaza las causas de inadmisibilidad formuladas por la Administración y declara la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los doctores.
La sentencia, que considera responsable al Gobierno presidido por Ximo Puig por su inactividad consistente en no vacunar a estos trabajadores sanitarios, da la razón al Colegio de Médicos de Alicantes, presidido por la propia Maribel Moya en el momento que se produjo la denuncia.
«Estamos satisfechos porque se confirman los argumentos que nos llevaron a presentar la demanda. En aquellos momentos estábamos inmersos en una situación muy complicada, donde ya habíamos demostrado nuestra responsabilidad y compromiso social», relata a este periódico.
La estrategia de vacunación contra el coronavirus aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud no contemplaba la inmunización del conjunto de los trabajadores de la Sanidad Pública antes que los profesionales del sector privado. Algo que sí ocurrió en la Comunidad Valenciana y que motivó a esta doctora a demandar al Gobierno autonómico.
«En la práctica de la estrategia nos dimos cuenta que dejaba fuera a todo el colectivo médico del sector privado y que no respetaba la prioridad que establecía el Ministerio de Sanidad, que únicamente se basaba en el nivel de riesgo», explica. «No existía ninguna norma que le indicase a la Generalitat que tenía que discriminar a los médicos por el lugar en el que trabajaban, por lo que se tendría que haber limitado a cumplir esta orden y vacunar a todos los médicos de primera línea», subraya a este diario.
Recurso a la sentencia
El presidente del Ejecutivo, Ximo Puig, confirmó que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública recurrirá esta sentencia, ya que considera que en «ningún momento» se dejó de vacunar a los profesionales de la privada. «La voluntad simplemente era ir vacunando en función de la jerarquía que se había hecho», explicó ante los medios de comunicación.
«Fue un protocolo que se hizo fundamentalmente pensando en el interés general y atendiendo donde estaba el problema de mayor gravedad», matizó Puig, quien recibió diferentes críticas por parte de la oposición como es el caso del portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, que le pidió que asumiera responsabilidades por la «nefasta gestión sanitaria durante la pandemia».
Al respecto, la médica que presentó la denuncia califica el recurso como una «táctica que siguen todos los gobiernos cuando pierden las sentencias». Moya no cree que el argumento que exponga la Generalitat «pueda contradecir los hechos que el juez ha considerado probados».
Por otro lado, la médica explica que la inoculación de la dosis de refuerzo a los médicos del sector privado está transcurriendo con normalidad, a diferencia de lo que ocurrió con los primeros viales. Asimismo, detalla que «no estamos en la misma situación de necesidad y urgencia que en la primera fase de la vacunación», por lo que «si se retrasaran las vacunas de recuerdo no tendría la misma importancia que tuvo en aquel momento».
Para Moya, la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat ha sido «fluctuante», en algunos aspectos «acertadas» y en otros, no. No obstante, recalca que solo pretende valorar la situación concreta por la que plantearon la demanda, como «defensa de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española». «La autoridad sanitaria no puede considerar al colectivo médico, que en ese momento estaba solucionando el problema, de esa manera; era una cuestión puramente filosófica», concluye.
Falta de protección
Tres días antes, la Generalitat Valenciana recibió el primer golpe judicial con la condena del Juzgado de lo Social número cinco de Alicante, por la que debe indemnizar a 154 sanitarios por los daños y perjuicios personales y morales que sufrieron por la falta de protección entre marzo y mayo de 2020.
Esta sentencia obliga al departamento que lidera Ana Barceló a abonar a estos trabajadores diferentes cuantías acorde a su grado de afectación. Igualmente, apunta como «altamente probable» que la alta incidencia de contagio entre los profesionales sanitarios fuera consecuencia de la escasez de material, que hasta en determinados momentos se guardaba bajo llave ante el escaso acopio de mascarillas y otros equipos de protección.