La nueva reglamentación de la Corona sigue en un cajón mientras la Fiscalía despeja el camino al rey emérito

Ha pasado más de un año desde que Pedro Sánchez señaló el camino de Felipe VI hacia una “hoja de ruta” de profundización en la “transparencia” y la “ejemplaridad” de la Casa Real. Era un momento en el que Juan Carlos I se había visto obligado a salir de España acuciado por las investigaciones por presunta corrupción durante su reinado y de la que se habría beneficiado tras la abdicación, y la obsesión del Gobierno era separar al actual jefe del Estado de su padre.

“Contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso para seguir esa tarea de renovación que empezó hace ya años”, dijo el presidente sobre el actual monarca. Sin embargo, 382 días después de esas palabras, Casa Real ha ignorado el plan del Gobierno y espera por ahora a que escampe el temporal mientras las causas abiertas contra el emérito van cayendo en saco roto.

El plan del Gobierno pasa por introducir cambios en la actual regulación de la Corona, es decir, en modificar el funcionamiento de la Casa Real a través, básicamente, de un real decreto que actualice su estatuto jurídico. Desde el Ejecutivo sostienen que es la Casa Real la que tiene que mover ficha, pero por ahora Zarzuela no emite señales al respecto. "Cuando tengan noticia será porque así se produce. Mientras tanto, como he dicho siempre, absoluto reconocimiento a la labor que esta haciendo el jefe del Estado y el compromiso personal de mi partido y de mi Gobierno con las instituciones constitucionales", expresó el presidente en la rueda de prensa de fin de año.

La intención de Moncloa cuando Sánchez abrió la puerta a ese plan de modernización de la Corona era, por ejemplo, introducir concursos públicos en la contratación de Zarzuela, cuyos empleados dependen fundamentalmente de otros organismos de la Administración General del Estado, como el Ministerio de Presidencia o Patrimonio Nacional. Otra de las ideas es que la Casa del Rey se someta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas como el resto de instituciones del Estado.

El verdadero coste que supone la monarquía para las arcas públicas está sepultado por un manto de opacidad. De hecho, el Tribunal de Cuentas llegó a plantear en un informe de fiscalización de Patrimonio Nacional que este organismo dejara de pagar las nóminas del personal que presta servicio a Zarzuela. El PSOE defendió esa medida antes de llegar al poder en 2017, pero fue rechazada en el Congreso. Con el cambio de mayorías la cuestión no volvió a someterse a votación en la Cámara Baja.

A pesar de que Sánchez defiende a capa y espada los avances de la Corona desde que Felipe VI ocupa el trono, las medidas puestas en marcha son limitadas: la regulación de los regalos que percibe la familia real, un código de conducta para el personal de la Casa del Rey, la eliminación de la asignación para Juan Carlos de Borbón (que se cambia de partida pero sigue en la Casa Real) o la renuncia a la parte más controvertida de la herencia. En cuanto a la transparencia, se reducen a poco más que la publicación de los sueldos de los altos cargos o de las cuentas de los cerca de 8 millones de asignación directa de los Presupuestos Generales del Estado. 

En el Gobierno, no obstante, esperan que el jefe del Estado dé más pasos. “La Casa Real estudiará, trabajará y pensará en medidas que puedan profundizar en su transparencia y nosotros como Gobierno lo que haremos será acompañar a la Casa Real en las decisiones que vaya adoptando en esa materia”, aseguró en una entrevista en elDiario.es en septiembre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Por ahora Zarzuela, que no ha contestado las preguntas de esta redacción sobre el asunto, ignora el llamamiento y el plan amenaza con quedarse en un cajón.

El Gobierno, además, descarta incluir a la Casa Real en la modificación de la ley de transparencia que pretende acometer este año, como reconoció Bolaños en la presentación del Plan Anual Normativo de 2022, que también deja aparcada la reforma de los delitos de expresión con la que la coalición pretendía modificar, entre otros, las injurias a la Corona.

De lo que son conscientes en Moncloa es de que necesitan al PP para acometer la pieza clave del proceso, que es la limitación de la inviolabilidad del rey. El cambio supondría una modificación de la Constitución y el desarrollo de una ley que estableciera en qué situaciones el rey está sujeto a ese privilegio por motivo de su actividad y en cuáles está sometido a la ley como el resto de ciudadanos, según fuentes socialistas, que consideran que acometer ese cambio ahora puede ser más sencillo que más adelante, cuando la extrema derecha tenga incluso más peso. 

Sánchez llegó a augurar que Felipe VI apoyaría una reforma en esa dirección, y es que las fuentes consultadas consideran que ese sería un gesto que marcaría considerablemente la diferencia respecto al emérito, que ha sido la principal preocupación de Moncloa desde que comenzaron a salir a la luz pública los escándalos. “Si no fuera por la abdicación, Juan Carlos I se habría ido de rositas sin que los españoles supieran nada”, dice un dirigente socialista en un momento en el que las investigaciones quedan en saco roto en buena medida por la inviolabilidad. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima los detalles del escrito con el que dará carpetazo a la triple investigación que ha desarrollado sobre la opaca fortuna de Juan Carlos I. En apenas unos meses los investigadores han pasado de remitir comisiones rogatorias a Suiza –donde el fiscal Yves Bertossa mantuvo imputados hasta el pasado diciembre a sus supuestos testaferros— a entender que todo ha quedado sepultado por su inviolabilidad, por la caducidad de algunos delitos que se investigaban y sobre todo por los pagos de cinco millones de euros que hizo a Hacienda para regularizar el dinero oculto al fisco.

Esas regularizaciones voluntarias, realizadas tras conocer el monarca que estaba siendo investigado, suponen el reconocimiento por parte del rey emérito de la evasión de impuestos al fisco español, pero ha sido también la vía utilizada para dar cerrojazo a dos de las líneas de investigación abiertas contra él. La más reciente de las pesquisas abiertas, de noviembre de 2020, se centra en la existencia de un 'trust' [un grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios] que movió 10 millones de euros a una cuenta en la isla de Jersey en la que Juan Carlos I figura como beneficiario. Esas diligencias tienen su origen en un "informe de inteligencia" del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro y la que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.

Esta no era la primera vez que en el Sepblac saltaban las alarmas en relación al rey emérito. Otro aviso de esta unidad está en el origen de otra investigación, revelada por elDiario.es, sobre los gastos que Juan Carlos I y otros familiares hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda. Se trata de gastos posteriores a su abdicación y a que perdiera la protección constitucional que le hacía inimputable por todos los posibles delitos cometidos durante los casi cuarenta años que estuvo en el trono. No obstante, esta investigación también está encaminada a archivarse al entender la Fiscalía que con el abono a Hacienda de los 678.393,72 euros que había dejado de pagar en impuestos al usar tarjetas opacas queda exonerado.

Abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación también está la más antigua de las pesquisas sobre el monarca, relativas a los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a la empresaria alemana Corinna Larsen, con la que el monarca emérito mantuvo durante años una relación extramatrimonial. Así las cosas, el horizonte judicial más aciago para el monarca puede estar en Reino Unido.

Tampoco se sabe, por el momento, qué piensa la Fiscalía de la relación del rey emérito con la Fundación Zagatka, un "instrumento" que su primo lejano Álvaro de Orleans constituyó en Lichtenstein en 2003 y que habría costeado durante una década más de ocho millones de euros en vuelos de Juan Carlos I en jet privados. Una de sus regularizaciones, de 4,4 millones de euros, está relacionada precisamente con todos esos vuelos. Un dinero que, según reconocieron los propios empresarios que lo pusieron de su bolsillo, fue canalizado como un préstamo y no como una donación para evitar el pago de impuestos.

En su última comparecencia ante los periodistas, Sánchez eludió pronunciarse sobre si el Gobierno considera a Juan Carlos I miembro de la Casa Real, que es en buena medida la pregunta que se hace el juez británico para decidir si conserva su inmunidad para no ser juzgado en ese país por la demanda por presuntas amenazas para que no sacara a la luz documentación que pudiera "incriminarlo" que Larsen presentó contra él en diciembre de 2020. “La condición que se dé, pues será la que yo respete como presidente del Gobierno”, zanjó Sánchez.