El hermano de Ximo Puig se sienta ante el juez para «aclarar los errores de la UCO» en el caso de las subvenciones
«Estamos contentos de poder, por fin, venir a declarar, sobre todo aclarar las dudas y los errores, que son numerosos, del informe de la UCO y tratar con ello de intentar cerrar este desafortunado procedimiento cuanto antes que, sinceramente, tanto daño está haciendo a mi cliente y a su familia». Han sido las únicas palabras del abogado de Francis Puig, Javier Falomir, a su entrada este lunes a la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig ha accedido a los juzgados poco antes de las nueve y media de la mañana -hora a la que estaba fijada su comparecencia-, para declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
La causa está abierta por un presunto delito de falsedad documental y fraude en las subvenciones otorgadas a las productoras audiovisuales que administran él y sus socios. En las línea de lo que venían defendiendo en los últimos meses, el letrado de Puig ha sostenido que su representando no ha cometido ningún ilícito penal y así lo demostrarán en sede judicial.
La Fiscalía pidió su declaración en calidad de imputado como solicitante de las ayudas públicas que recibieron Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado.
También comparecerá en sede judical, el miércoles, E nrique Adell Bover, como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este investigado se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.
El caso, en el que también está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, partió en 2019 de una denuncia del Partido Popular, que ejerce la acusación particular. Desde entonces, la Guardia Civil ha ido recopilando tanto las facturas originales, como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las empresas implicadas.
Todo ello desembocó en un informe de más de 400 páginas que cifraba en 1.209.744,14 euros el importe total de las subvenciones que recibieron estas mercantiles entre 2015 y 2018, del Gobierno valenciano (755,641,72), catalán (414.774,42) y aragonés (39.328) en distintas convocatorias, como el fomento de la lengua propia o el empleo joven.
El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial detectó hasta cuatro tipos de irregularidades en la justificación de esas partidas. La investigación reveló la existencia de facturas cuyo pago no ha quedado acreditado, duplicadas o que contemplan gastos que no serían subvencionables.
Por ejemplo, se justifican las ayudas al fomento de las lenguas propias de cada territorio con recibos de la compra de gasóleo B -reservado a maquinaria agrícola-, sacos de pellets para calefacción o productos de la perfumería de una familiar de los Puig. Además, se imputan los mismos gastos al 100% en subvenciones que tienen el mismo objetivo.
Según el Ministerio Público, las cuantías presuntamente defraudadas se situarían «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad. Esa es una de las claves de todo este proceso: si la causa debe seguirse por la vía penal o zanjarse con una sanción administrativa.
Por ello, y con el ánimo de «determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas», el juez solicitó el pasado mes de abril a la Intervención de la Generalitat Valenciana y la Intervención de la Generalitat de Catalunya que realicen sendos informes-auditoría sobre estas subvenciones teniendo en cuenta la documentación con la que se justificaron para determinar la cantidad exacta que presuntamente se habría defraudado.
Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat ya fueron multadas por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.