El Procurador del Común pide a las diputaciones una respuesta «eficaz» contra la exclusión financiera

Con uno de cada cuatro cierres de oficinas bancarias de España en municipios de menos de 5.000 habitantes en los últimos cinco años, los pueblos de Castilla y León han visto desaparecer hasta 399 sucursales entre 2016 y 2019. Un escenario de exclusión -una más- financiera en el medio rural que desde las diputaciones han tratado de atajar con medidas dispares, pero que al acometerse de «forma aislada» no estarían «aprovechándose» al máximo y que «desarrolladas de forma conjunta, podrían permitir en mayor medida cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados». Así lo entiende el Procurador del Común que ha instado a las nueve instituciones provinciales a poner en común su experiencia para coordinarse y ser «más eficaces». La petición de la institución que encabeza Tomás Quintana invita a fijar un espacio de encuentro que les permita «poner en común las medidas desarrolladas por cada una de ellas» para hacer frente a la carencia de servicios financieros en las zonas menos habitadas y, así, «compartir y valorar las experiencias obtenidas en cuanto a la mayor eficacia de unas u otras medidas y sus ventajas e inconvenientes». Y es que tras iniciar una actuación de oficio sobre la problemática desde el Procurador del Común se requirió a las instituciones provinciales información sobre su gestión de la exclusión financiera y éstas ya habían iniciado o puesto en marcha medidas para hacerla frente tales como promover que los ayuntamientos aporten edificios de su titularidad en los que puedan instalarse cajeros o incluso personal de entidades colaboradoras; licitar cajeros móviles, o el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús para cubrir otro tipo de servicios financieros; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención; habilitar transporte a demanda que permita a los vecinos desplazarse a oros núcleos; e, incluso, promover el uso de las tarjetas y otros instrumentos de pago telemático entre los ciudadanos previas acciones de formación. Con esta experiencia a sus espalda el Procurador del Común de Castilla y León anima a la puesta en común de los resultados y a explorar la posibilidad de que, a través de una actuación conjunta de dichas administraciones, se puedan adoptar medidas, contando con las entidades financiaras, que resulten más eficaces para proporcionar servicio a las personas que residen o tienen sus formas de vida en el medio rural, concluye Quintana n su resolución