Con uno de cada cuatro cierres de oficinas bancarias de España en municipios de menos de 5.000 habitantes en los últimos cinco años, los pueblos de Castilla y León han visto desaparecer hasta 399 sucursales entre 2016 y 2019. Un escenario de exclusión -una más- financiera en el medio rural que desde las diputaciones han tratado de atajar con medidas dispares, pero que al acometerse de «forma aislada» no estarían «aprovechándose» al máximo y que «desarrolladas de forma conjunta, podrían permitir en mayor medida cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados». Así lo entiende el Procurador del Común que ha instado a las nueve instituciones provinciales a poner en común su experiencia para coordinarse y ser «más eficaces».
La petición de la institución que encabeza Tomás Quintana invita a fijar un espacio de encuentro que les permita «poner en común las medidas desarrolladas por cada una de ellas» para hacer frente a la carencia de servicios financieros en las zonas menos habitadas y, así, «compartir y valorar las experiencias obtenidas en cuanto a la mayor eficacia de unas u otras medidas y sus ventajas e inconvenientes».
Y es que tras iniciar una actuación de oficio sobre la problemática desde el Procurador del Común se requirió a las instituciones provinciales información sobre su gestión de la exclusión financiera y éstas ya habían iniciado o puesto en marcha medidas para hacerla frente tales como promover que los ayuntamientos aporten edificios de su titularidad en los que puedan instalarse cajeros o incluso personal de entidades colaboradoras; licitar cajeros móviles, o el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús para cubrir otro tipo de servicios financieros; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención; habilitar transporte a demanda que permita a los vecinos desplazarse a oros núcleos; e, incluso, promover el uso de las tarjetas y otros instrumentos de pago telemático entre los ciudadanos previas acciones de formación.
Con esta experiencia a sus espalda el Procurador del Común de Castilla y León anima a la puesta en común de los resultados y a explorar la posibilidad de que, a través de una actuación conjunta de dichas administraciones, se puedan adoptar medidas, contando con las entidades financiaras, que resulten más eficaces para proporcionar servicio a las personas que residen o tienen sus formas de vida en el medio rural, concluye Quintana n su resolución
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