El Gobierno pacta con los sindicatos una oferta de empleo público con 29.578 plazas
Los sindicatos han sellado este lunes un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para una oferta de empleo público (OEP) en la Administración General del Estado de 29.578 plazas. Del total, 15.880 plazas serán de nuevo ingreso en la administración, según han avanzado los sindicatos. Además se incluyen 9.591 plazas de promoción interna y 4.107 de estabilización de personal interino tras la nueva ley para reducir la temporalidad en el empleo público.
El acuerdo va a ser firmado por CCOO, UGT, CSIF y CIG, según confirman fuentes sindicales. Durante la reunión que se ha celebrado este lunes tras varias semanas de negociación, se han ido sucediendo los anuncios por parte de los sindicatos de respaldo a esta nueva oferta de empleo público que llega en un momento crítico para la administración tras numerosas denuncias por parte de estas organizaciones de falta de refuerzos, de envejecimiento del funcionariado y de necesidad de estabilizar a trabajadores interinos. Si bien, el acuerdo cuenta con algún respaldo "crítico", como el anunciado por CCOO.
Según ha anunciado UGT, las nuevas plazas suponen un aumento de 5.549 frente a las anunciadas en la anterior OPE, la de 2021. Además, tal y como aparecía referenciado en los Presupuestos Generales de este año, se ha aumentado la tasa de reposición de efectivos del 120% para los sectores prioritarios y del 110% en el resto. "Esta oferta persigue garantizar la adecuada cobertura de efectivos en esta Administración y prestar unos servicios públicos en condiciones óptimas para garantizar los derechos y prestaciones que reclama la ciudadanía, en estos momentos de incertidumbre económica", ha defendido CSIF. "La propuesta que se ha firmado supone un avance en la recuperación del empleo público perdido en los últimos años", subraya CCOO.
Según han informado los sindicatos, el acuerdo que se sella ahora incluye además de la reposición ordinaria en la Seguridad Social, 1.150 plazas adicionales para poder cubrir los nuevos servicios que ha asumido esta administración en los últimos años, destacando fundamentalmente la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Además de las cifras generales del acuerdo de la oferta de empleo público se incluyen aspectos adicionales que responden en parte a las demandas de los sindicatos respecto al cuerpo de empleados públicos. Así, entre otros aspectos, se contempla una agilización de los procesos para la adjudicación de las plazas. Según ha informado UGT, las convocatorias se publicarán en el mismo ejercicio en el que se apruebe la OEP y se reducirá el tiempo máximo entre los ejercicios que compongan la fase de oposición del turno libre para reducir significativamente el tiempo de duración del proceso selectivo. "En todo caso, se comprometen a que los trabajos para propiciar la agilización que se persigue deberán estar finalizados antes el 31 de diciembre de 2022", señala el comunicado. Los sindicatos han denunciado que en la actualidad desde que se detecta la necesidad de una plaza hasta que se adjudica llegan a pasar tres años.
Otro de los puntos que han destacado los sindicatos es el de la promoción interna. Según ha informado CCOO, las 9.591 plazas que se sacan con esta OPE, es el mayor número que se ha recogido para la Administración General del Estado. "Se fija un compromiso para simplificar las pruebas y facilitar la formación del personal", señala el comunicado del sindicato. "Estas medidas van encaminadas a modernizar los servicios públicos y a mejorar la carrera profesional de los empleados públicos", añaden.
Sobre el aspecto de la promoción interna, UGT explica que se ha acordado un plazo de tres meses para que el diálogo social negocie un proceso de revisión de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral. Con ello, se pretende ganar en "eficiencia", simplificando y reduciendo temarios y ejercicios.
Tal y como ha explicado CSIF, la oferta de empleo público no incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas o la Administración de Justicia, que tienen sus propios ámbitos de negociación.